Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Historias Surrealistas

Tamaulipas y el narco

Javier Velázquez Flores

Gloria Landeros era una actriz casi retirada que llevaba buena amistad con sus compañeros de la época de oro del cine mexicano. Nunca imaginó que platicar con el popular comediante Adalberto Martínez “Resortes”, le iba a costar la vida. Un día de julio de 1947, su esposo, el temible capo Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, controlado por los celos, la asesinó a balazos.

Guerra Cárdenas era en ese momento el líder indiscutible de la mafia tamaulipeca. Inició su carrera delictiva desde 1929 cuando introdujo alcohol de contrabando a Estados Unidos, en la época de la prohibición. En el transcurso de los años controló el tráfico de indocumentados, las apuestas ilegales y la prostitución. Así nació el precedente del Cartel del Golfo, la organización delictiva más antigua del país.

Carlos Landeros, esposo de la actriz asesinada, buscó al mismísimo presidente Miguel Alemán Valdés, clamando justicia, pero la fuerza política de Juan N. Guerra era tal que el caso recibió carpetazo por parte de las autoridades estatales. 

Desde fines de los años veinte del siglo pasado, Tamaulipas es uno de los estados más agobiados por el narcotráfico, escenario de disputas entre los carteles y de los políticos que los protegen o que tienen vínculos con ellos, y se teme un recrudecimiento de la violencia de cara a las elecciones estatales el próximo 5 de junio, entre acusaciones mutuas de los candidatos de estar relacionados con el crimen organizado.

Las cosas llegaron a tal grado, que estos jueves legisladores de oposición acudieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos, para denunciar la intervención del crimen organizado en Tamaulipas para favorecer al candidato de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal Anaya.

La historia de la delincuencia en Tamaulipas es extensa y siempre ha estado ligada al poder político. Juan Nepomuceno Guerra mantuvo su poder en las sombras, hasta que falleció el 12 de julio de 2001. Desde los años ochenta, Guerra entregó el manejo del Cartel del Golfo a su sobrino, Juan García Abrego, quien se mantuvo como líder hasta el 14 de enero de 1996, cuando fue deportado a Estados Unidos, ya que es ciudadano de ese país, en donde purga 11 cadenas perpetuas.

Lo que sucedió después fue una incesante lucha entre los dirigentes de “Los Golfos”, como les llaman sus enemigos. El puesto de García Abrego fue ocupado por Salvador Gómez, quien fue asesinado en 1998 por Osiel Cárdenas Guillén, quien contrató ex militares desertores para formar el brazo armado del Cartel del Golfo, con lo cual nacieron Los Zetas, que al paso del tiempo se escindirían para formar el grupo de hampa más sanguinario de México.

Cárdenas Guillén, también nacido en Estados Unidos, como García Ábrego, fue extraditado a ese país el 19 de enero de 2007. Osiel integró a sus hermanos, Antonio Ezequiel y Mario, a la organización delictiva. Antonio, conocido como “Tony Tormenta”, por su carácter violento, se convirtió en el líder de Los Golfos en los años de la guerra más dura contra el gobierno de Felipe Calderón, hasta que fue finalmente abatido por el Ejército en noviembre de 2010, en Matamoros, la cuna del cartel.

Mario, el otro hermano de Osiel, asumió el control para ser detenido por elementos de la Marina el 4 de septiembre de 2012, en el puerto de Altamira y finalmente fue extraditado también a Estados Unidos, para ser procesado por cargos de narcotráfico.

Una vez más, el poder cambió, ahora para caer en manos de un sobrino de Osiel, Jorge Eduardo Costilla, “El Coss”, quien fue detenido. En el mando siguió José Alfredo Cárdenas, también sobrino de Osiel, detenido en febrero de 2022.

El poder central de “Los Golfos” se empezó a diluir. Antes de su deportación, Mario fundó una célula llamada Los Metros, que disputan el poder en Tamaulipas con otras conocidas como “Los Ciclones”, “Los Rojos” y “Las Panteras”, mientras que por el lado de “Los Zetas”, se formaron “Los Zetas Vieja Escuela” y el “Cartel del Noreste”, que en conjunto aterrorizan actualmente a esa entidad.

Desde 1993, todos los gobernadores de Tamaulipas han estado en la mira de la ley por su involucramiento en actividades ilícitas de la mano de la delincuencia: los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú, y el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Cavazos Lerma fue acusado desde 1997, pero fue hasta 2009 cuando la entonces Procuraduría General de la República le inició una averiguación previa. Sin embargo, en 2013 la PGR se desistió de cualquier acusación por falta de pruebas.

Yarrington fue detenido en abril de 2017, en Florencia, Italia, para ser extraditado a Estados Unidos, acusado de lavado de dinero. En octubre de ese mismo año, Eugenio Hernández fue detenido, acusado de lavado de dinero, peculado y de recibir dinero de Los Zetas.

Egidio Torre Cantú asumió la gubernatura en 2011, después de que su hermano, Rodolfo, fue asesinado mientras era el candidato original del PRI al gobierno del estado. De acuerdo con versiones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Yarrington pudo haber estado involucrado en el homicidio de Rodolfo.

Una demostración pública evidente del “respeto” que le debía Egidio Torre a la criminalidad, fue la imposición del nombre de Juan N. Guerra, a una calle de Reynosa, el 21 de enero de 2015, en un acto que fue criticado por la ciudadanía y las fuerzas políticas.

La llegada del primer gobernador de origen panista a Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, desató una tormenta política. La Fiscalía General de la República mantiene una carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos, cometidos al amparo de los criminales del estado.

El 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la FGR para proceder al desafuero del mandatario tamaulipeco y que se le pueda iniciar proceso, pero para octubre del mismo año, el congreso local hizo modificaciones a la Constitución estatal para blindarlo y que los actuales legisladores no pudieran consumar el proceso de desafuero.

En todo momento, García Cabeza de Vaca ha señalado que las acciones en su contra se han desatado desde el Palacio Nacional, debido a su postura crítica a las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el tiempo avanza y cuando deje de ser gobernador y entregue el poder, el político panista estará completamente a merced del proceso de la FGR, de Alejandro Gertz Manero.

Las acusaciones entre los candidatos a gobernador de los diversos partidos de Tamaulipas se recrudecen. Américo Villarreal Anaya; de Morena, PT y Partido Verde (hijo del priista, Américo Villarreal Guerra, ex gobernador del estado); Arturo Diez, de Movimiento Ciudadano, y César Verástegui, de la Alianza PAN-PRI-PRD, se señalan como ser cómplices de la delincuencia.

Existe en ello un personaje que ha detonado tales acusaciones, el empresario tamaulipeco, Sergio Carmona Angulo, asesinado a balazos en noviembre del año pasado, en una peluquería de San Pedro Garza García, Nuevo León, porque era identificado como operador financiero de Morena, por su relación con el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas.

Sin embargo, años atrás Carmona Angulo fue proveedor del gobierno de García Cabeza de Vaca, al inicio de su administración, vínculo que finalmente se rompió por la cercanía del empresario asesinado con Morena.

Las cosas llegaron a tal grado que la agrupación Sí por México, encabezada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presentaron una denuncia en contra de Villarreal Anaya, por el presunto delito de financiamiento de su campaña electoral con dinero del narcotráfico, pesquisa que se amplía a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por canalizar recursos financieros procedentes de pseudo empresas privadas, cuyo origen se desconoce.

Así, mientras los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas se despedazan, se mantiene un elevado índice de delitos en la entidad y las cosas difícilmente mejorarán, sobre todo si se toma en cuenta que Osiel Cárdenas Guillén, que cumple una condena penal de 25 años el 1 de noviembre de 2028, podría salir libre en 2024 por buena conducta. Para entonces tendría 56 años, una edad inmejorable para retomar su liderazgo y reorganizar el Cartel del Golfo.

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