Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Justicia social para ex ferrocarrileros

No ha llegado la justicia social para ex ferrocarrileros. El Gobierno de la 4 T sólo da largas a la solución de sus demandas y durante el pasado día del amor y la amistad, ese movimiento cerró fronteras y bloqueó tramos de los trenes Maya y Transístmico, así como el zócalo de la Ciudad de México.

Al igual que sucede con otros grupos sociales, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hace como que los escucha, pero no les resuelve sus justas exigencias.

El Día de San Valentín, no fue de tranquilidad para los ex trabajadores ferrocarrileros, que cerraron tramos de la frontera de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, así como el tramo de Tenosique, Tabasco, del Tren Maya, el trecho de Matías Romero, Oaxaca, del Tren Transístmico, y la Plaza de la Constitución capitalina.

Emprendieron esas acciones, ante el incumplimiento del Gobierno Federal del compromiso anunciado en 2022 por el presidente de México, de ejecutar un Proyecto de Justicia Social para miles de ex trabajadores afectados por la privatización del sistema ferroviario.

El Gobierno Federal trató de frenar los bloqueos, pero Eduardo Canales Aguiar, presidente del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO), señaló que las movilizaciones no se detendrían, porque la situación de los ex ferrocarrileros es intolerable y la situación económica de sus familias ya llegó al límite.

En la Ciudad de México, después de cerrar el zócalo, los integrantes del FERRO, se dirigieron a la Secretaría de Gobernación y responsabilizaron a Luisa María Alcalde de haber orquestado detener dicho Proyecto y por lo tanto de contravenir una orden de su jefe, el presidente de la República.

En un acto de represión injustificada, calificada así por los manifestantes, en Matías Romero, Oaxaca, José Luis Godines, delegado de FERRO en el sureste del país, fue detenido por miembros de la Marina e incluso fue la propia Segob la que gestionó la liberación del representante de los manifestantes en esa región.

El 25 de mayo de 2022, en su conferencia mañanera, López Obrador instruyó al entonces titular de la Segob, Adán Augusto López, para que elaborara un Proyecto de Justicia Social, en beneficio de los trabajadores afectados por la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (N de M), lo que dio lugar a numerosas mesas de trabajo con las autoridades.

El 27 de noviembre de 2023, se finalizó la negociación del Proyecto y se fijó un programa de compensaciones únicas para los ferrocarrileros afectados, ya con la responsabilidad de Luisa María Alcalde, como titular de la Segob, pero se les indicó a los ex trabajadores que su aplicación no tiene fecha de inicio, es decir que su cumplimiento es indefinido, lo cual fue considerado como un engaño.

Incluso, Alcalde Luján no dio atención personal al problema planteado por los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, como fue la instrucción presidencial, lo que propició la condena de los afectados, quienes aseguraron: “es lamentable saber que fuimos engañados como si fuéramos infantes, es desilusionante darnos cuenta, que todo consistía en un teatro, en el cual solamente seríamos una burla”.

Fue precisamente el 27 de noviembre de 2023, al finalizar la negociación del Proyecto de Justicia Social, cuando se estableció un programa de compensaciones y se hizo un listado de ferrocarrileros a quienes se revisó su historial de trabajo, uno por uno. Fueron cerca de 30 mil trabajadores, los despedidos por la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.

De acuerdo con información del sector respecto a las compensaciones, se fijó una base de pago que fluctúa entre 22 mil y 25 mil pesos por año de servicio, que se multiplicará por el tiempo de antigüedad de cada uno de los trabajadores.

La tardanza en llegar a un acuerdo con los ex ferrocarrileros, echa por tierra el compromiso expresado por el presidente de México en su conferencia matutina y en diversos encuentros públicos que ha sostenido con ferrocarrileros en los últimos dos años.

Como resultado de más de 20 acciones de protesta en diversas zonas del país, el FERRO obligó a la Secretaría de Gobernación a que los convocará a una reunión el jueves en las instalaciones centrales de la dependencia, directamente con su titular Luisa María Alcalde.

De acuerdo con versiones de algunos medios de comunicación, en dicha reunión se acordó que el Proyecto de Justicia Social sí se realizará, pero el Gobierno Federal propuso que se cumplirá en etapas.

La primera etapa del Proyecto se cumpliría en los meses que restan a este gobierno e incluiría a los trabajadores de mayor edad, a los discapacitados, enfermos crónicos y a personal que tenga más de 20 años de antigüedad, mientras que el resto de los ex ferrocarrileros serían beneficiados en el siguiente sexenio.

Vista así la situación, se puede observar que el Gobierno Federal abusó de la buena fe de los ex ferrocarrileros para tardar dos años sin que prácticamente haya dado una respuesta adecuada a sus justas peticiones.

Entre 2022 y 2024 se ha perdido el tiempo entre idas y vueltas a los despachos de los funcionarios, con engaños y promesas falsas, sin que durante meses haya dado la cara la secretaria de Estado, Luisa María Alcalde.

Ahora, la Segob promete que no pasará un lapso mayor a 30 días para saber

quiénes serán los incluidos del listado presentado por el FERRO y la forma de cómo se entregará la compensación única.

En el entorno de cambio de administración, nadie puede asegurar que el siguiente Gobierno, sin importar su color, vaya a respetar los acuerdos pactados con los funcionarios que están al frente de la Segob actualmente.

Los ex ferrocarrileros son mexicanos que dieron su vida por una empresa pública, de la cual se deshizo el Estado y merecen ser tratados con respeto. Ya basta que el gobierno les mienta, como lo ha hecho con muchos grupos de nuestra sociedad. Lo único que desean es justicia. Ojalá no los vuelvan a engañar.

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