Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

La indignante libertad de Duarte

Javier Duarte saldrá libre en poco tiempo. Es indignante, pero así sucederá.

Estará en la calle finalmente, a pesar de que se comprobó que en su gobierno a enfermos con cáncer se les suministró agua destilada en lugar de medicamentos para salvarles la vida.

Entre 2013 y 2014, murieron 32 menores de edad, víctimas de cáncer, de acuerdo con el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, con sede en Xalapa, Veracruz.

A mujeres con cáncer cervicouterino y de mama no les fue mejor, pues en esos dos años murieron mil 719 en Veracruz, y las cifras se agravaron en 2015.

La causa: el desvío de recursos destinado a la compra de medicamentos por parte del sector salud veracruzano para ser enviado a empresas fachada creadas por Duarte.

Duarte no tuvo llenadera. Robó cuanto pudo, de manera descarada y sin miramientos, pero saldrá libre. La cifra del saqueo escandaliza, una aproximación indica que desvió 75 mil millones de pesos

Trabajadores del gobierno veracruzano fueron víctimas de su latrocinio. Con descaro les desapareció mil 45 millones de pesos que les descontó para pagar créditos adquiridos vía nómina. Los burócratas podían comprar enseres domésticos a empresas del estado y quincenalmente les descontaban cierta cantidad para cubrir su adeudo.

La Secretaría de Finanzas realizaba tales descuentos, pero las sumas no las pagaba a 19 empresas proveedoras, quienes al no recibir su pago daban los datos de los trabajadores al buró de crédito, como personas insolventes.

Entre las compañías afectadas se encuentran aseguradoras, muebleras, financieras y hasta el seguro social de los maestros del estado.

Las empresas afectadas denunciaron que los funcionarios duartistas inmiscuidos en esta desaparición de recursos fueron: Juan Manuel Castillo González, ex subsecretario de Finanzas, después diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Manuel Arellano, ex secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría Estatal de Salud y diputada local por el PRI; Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de la Secretaría estatal de Salud; Carol Jessica Moreno Torres, ex oficial Mayor de la Secretaría estatal de Educación de Veracruz y Vicente Benítez González, ex oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

La Universidad Veracruzana (UV), tampoco se escapó de las garras de Duarte. La rectora de la institución informó que el adeudo del gobierno veracruzano con la institución llegó a dos mil 301 millones de pesos.

Eso no fue todo, la UV también acusó al gobierno de Javier Duarte de quedarse con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) descontado del salario de sus 12 mil trabajadores, lo que les pudo generar un problema fiscal, situación que podría generar un adeudo con el fisco de más de mil millones de pesos.

Al sector turístico, 100 millones de pesos de un fideicomiso se les hicieron humo. En 2015, el gobierno de Veracruz eliminó el impuesto del dos por ciento al hospedaje, recursos que se aportaban a un fideicomiso para la promoción de los atractivos turísticos del estado.

Sin embargo, los recursos recaudados por los hoteleros jamás fueron ingresados por el gobierno al fideicomiso. Fernando Ortiz González, presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz, explicó en su momento, que mensualmente los hoteleros entregaban los recursos que retenían a los turistas y lo entregaban a la Secretaría de Finanzas del estado, pero esta jamás lo depositó en el fideicomiso.

Pero eso no es todo, porque en obras en el sector hotelero que debió cubrir el gobierno duartista a hoteleros, tiene un adeudo que supera los 11 mil millones de pesos, que deberá ser liquidado con un fideicomiso que anteriormente era empleado para efectuar proyectos de infraestructura.

Un caso peor, es el de las constructoras que realizaron trabajos en instalaciones deportivas con motivo de los Juegos Centroamericanos que se efectuaron en esa entidad en 2014 y a los cuales se les adeudó mil 148 millones de pesos. Duarte debía otros 300 millones de pesos a constructoras que efectuaron trabajos solicitados por su gobierno y que nunca liquidó, adicionales a otra exigencia de pago de 714 millones de pesos que le hacen organismos empresariales locales.

A 20 alcaldes de extracción panista, Duarte no les canalizó recursos federales de manera transparente por alrededor de 20 millones de pesos y que se encontraban etiquetados para su aplicación en obras específicas.

Los anteriores son adeudos reales que Duarte no cubrió, pero a esta lista se agregan 600 millones de pesos que el gobernador sí pagó, pero a 32 empresas ‘fantasma’ que no cuentan incluso con domicilios localizables.

Apenas tenía una semana de haber entrado como gobernador, cuando Duarte empezó a ordenar el retraso del pago de los pensionados burócratas, que se daba a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Primero por pocos días, pero después por varias semanas.

Esto se volvió una constante en el gobierno de Duarte, de tal manera que los pensionados se vieron obligados a manifestar su descontento en las calles. Las autoridades del IPE jamás informaron la causa de los retrasos en los pagos de las pensiones.

En 2014, Duarte de Ochoa propuso una reforma a la ley del IPE con la cual pretendía deslindarse de la responsabilidad de hacer las aportaciones al rubro y obligaba a los jubilados a realizar una contribución de 12 por ciento de su pensión al IPE, algo que jamás había ocurrido.

Este miércoles, Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y en la más oprobiosa falla del sistema judicial, no se le acusó ni de peculado ni de otros delitos mayores, con lo cual un dudoso juez de Control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, lo condenó a una pena de sólo 9 años de prisión.

El resultado es oprobioso: Duarte podrá solicitar su libertad cuando cumpla a mitad de su condena, o sea a los cuatro y medio años, de los cuales ya lleva cumplidos un año y cinco meses; es decir, el “cerdo de Veracruz”, como lo llaman muchas de sus víctimas, estará en la calle gozando de su fortuna mal habida en tres años.

La Procuraduría General de la República sólo pudo acreditar el desvío de aproximadamente mil 650 millones de pesos, de los cuales 740 millones utilizó para comprar alrededor de 40 inmuebles en diversas zonas del país por medio de prestanombres, que le serán incautados.

Duarte aceptó su culpabilidad como una estrategia para que la pena corporal le fuera reducida, como parte de un sistema judicial que da vergüenza, que premia los latrocinios en lugar de castigarlos. El perjuicio el erario veracruzano, los daños económicos a trabajadores y a empresas, las muertes de enfermos provocadas por el inmundo saqueo de Duarte, nada de eso cuenta para el juez que sólo se limita a aplicar de manera miope la ley, porque vivimos en un país de impunidad. La condena y próxima salida de prisión del obeso político se produce también al finalizar el sexenio, como el caso de Elba Esther Gordillo, en un patrón que se ha repetido por décadas, porque el gobierno del presidente que actuó en su contra perdió toda la fuerza y viene en caída libre.

Javier Duarte saldrá libre y es indignante.

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