Historias Surrealistas/Javier Velázquez

Duarte robó a todos

Juan Hernández es un burócrata veracruzano, que después de laborar 40 años en el gobierno de Veracruz, decidió tramitar su pensión, pero se quiso desmayar cuando se enteró que, debido a la situación de quiebra en las finanzas estatales no podrá empezar ningún trámite hasta nuevo aviso.

Un día, don Pedro Sánchez, al igual que miles de empleados gubernamentales, amaneció con la sorpresa de que estaba en el buró de crédito porque las autoridades veracruzanas dejaron de pagar financiamientos otorgados por empresas privadas a las que Duarte nunca pagó.

Fernando Ortiz González, presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz, constató como desaparecían millones de pesos de un fideicomiso formado para apoyar al sector turístico de la entidad, sin que el gobierno dé a conocer cuál es el destino de esos recursos.

Duarte De Ochoa saqueó a todos en Veracruz, a empresarios que vendían productos y servicios al gobierno jarocho, a la mayor parte de los alcaldes del estado, a los profesores, a los burócratas, a los pensionados, a los maestros, bueno hasta a músicos. Aún así el senador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, cree en su inocencia y dice que “no le han podido comprobar nada”. Todos los afectados tienen comprobantes por escrito de sus adeudos. No estaría de más que se los restregaran en el rostro a Gamboa, con Duarte ya lo hicieron, pero es “cara dura” y no les pagó.

Drama de pensionados

El profesor Humberto Hernández impartió cátedra en la Universidad Veracruzana durante cuatro décadas, pero todo el sexenio del gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte de Ochoa, pasó tratando de tramitar su pensión sin lograrlo, sencillamente no había dinero en caja para pagarle.

Apenas tenía una semana de haber entrado como gobernador, cuando Duarte empezó a ordenar el retraso del pago de los pensionados burócratas, que se daba a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Primero por pocos días, pero después por varias semanas.

Esto se volvió una constante en el gobierno de Duarte, de tal manera que los pensionados se vieron obligados a manifestar su descontento en las calles. Las autoridades del IPE jamás informaron la causa de los retrasos en los pagos de las pensiones.

En 2014, Duarte de Ochoa propuso una reforma a la ley del IPE con la cual pretendía deslindarse de la responsabilidad de hacer las aportaciones al rubro y obligaba a los jubilados a realizar una contribución de 12 por ciento de su pensión al IPE, algo que jamás había ocurrido.

Más de 10 mil empleados activos y jubilados del IPE presentaron amparos ante juzgados del Poder Judicial de la Federación, a fin de revertir la reforma, que afectaría a 26 mil jubilados y 100 mil trabajadores en activo que cotizan al IPE.

El 22 de diciembre de 2015 las protestas por el retraso en el pago llegaron a su punto más alto, cuando el secretario de Gobierno, Flavio Ríos Alvarado, quien ahora es gobernador interino, ordenó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaran de manera violenta la calle Enríquez, bloqueada por pensionados.

Trabajadores a buró de crédito

Javier Duarte afectó hasta a los propios trabajadores de su gobierno. Desapareció mil 45 millones de pesos que les descontó para pagar créditos adquiridos vía nómina. Los burócratas podían comprar enseres domésticos a empresas del estado y quincenalmente les descontaban cierta cantidad para cubrir su adeudo.

La Secretaría de Finanzas realizaba tales descuentos, pero las sumas no las pagaba a 19 empresas proveedoras, quienes al no recibir su pago daban los datos de los trabajadores al buró de crédito, como personas insolventes. Se desconoce el destino de la cantidad mencionada.

Entre las compañías afectadas se encuentran aseguradoras, muebleras, financieras y hasta el seguro social de los maestros del estado.

Las empresas afectadas denunciaron que los funcionarios duartistas inmiscuidos en esta desaparición de recursos son: Juan Manuel Castillo González, ex subsecretario de Finanzas, ahora diputado local electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Manuel Arellano, exsecretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría Estatal de Salud y diputada local electa por el PRI; Ricardo Sandoval Aguilar, director administrativo de la Secretaría estatal de Salud; Carol Jessica Moreno Torres, exoficial Mayor de la Secretaría estatal de Educación de Veracruz y Vicente Benítez González, exoficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.

¿Para quién eran los 25 millones de pesos?

En enero de 2012, cuando era tesorero del gobierno de Javier Duarte, Vicente Benítez fue detenido en un avión del gobierno del Estado de Veracruz en el Aeropuerto de Toluca, por portar maletas con 25 millones de pesos en efectivo, que de manera cínica el gobierno duartista dijo que eran para el pago de eventos populares en Veracruz ¿pero qué hacía ese dinero en el Estado de México?

En julio pasado, la televisora de Costa Rica, Teletica, reveló que Benítez tiene nueve propiedades millonarias en ese país, las cuales están a nombre de su esposa, quien tiene un salario promedio de 16 mil 500 pesos mensuales. Actualmente, Vicente Benítez González es diputado local electo por el Partido Nueva Alianza, gozará de fuero y sostiene que su patrimonio es producto de su trabajo.

La Universidad Veracruzana (UV) no se escapó de las garras de Duarte. La rectora de la institución informó que a mediados de año el adeudo del gobierno veracruzano con la institución ascendía a dos mil 301 millones de pesos.

Eso no fue todo, la UV también acusa al gobierno de Javier Duarte de quedarse con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) descontado del salario de sus 12 mil trabajadores, lo que les pudo generar un problema fiscal, situación que podría generar un adeudo con el fisco de más de mil millones de pesos.

Dentellada al sector turismo

Al sector turístico, 100 millones de pesos de un fideicomiso se les hicieron humo. En 2015, el gobierno de Veracruz eliminó el impuesto del dos por ciento al hospedaje, recursos que se aportaban a un fideicomiso para la promoción de los atractivos turísticos del estado.

Sin embargo, los recursos recaudados por los hoteleros jamás fueron ingresados por el gobierno al fideicomiso. Fernando Ortiz González, presidente de la Asociación de Hoteles de Veracruz, explicó en su momento que mensualmente los hoteleros entregaban los recursos que retenían a los turistas y lo entregaban a la Secretaría de Finanzas del estado, pero esta jamás lo depositó en el fideicomiso.

Pero eso no es todo, porque en obras en el sector hotelero que debió cubrir el gobierno duartista a hoteleros, tiene un adeudo que supera los 11 mil millones de pesos, que deberá ser liquidado con un fideicomiso que anteriormente era empleado para efectuar proyectos de infraestructura.

Constructores afectados

Un caso peor, es el de las constructoras que realizaron trabajos en instalaciones deportivas con motivo de los Juegos Centroamericanos que se efectuaron en esa entidad en 2014 y a los cuales se les adeuda mil 148 millones de pesos. El gobernador con licencia adeuda otros 300 millones de pesos a constructoras que efectuaron otros trabajos solicitados por su gobierno y que nunca liquidó, adicionales a otra exigencia de pago de 714 millones de pesos que le hacen organismos empresariales locales.

Duarte colocó muchas “primeras piedras” de obras en todo el estado, pero en la mayor parte de los casos todo quedó en el acto protocolario, porque muchas de esas obras no se realizaron y del dinero que se tenía contemplado para efectuar esos proyectos en beneficio de los ciudadanos, nada se sabe.

Ordeña de recursos federales

Apenas ayer, 20 alcaldes de diversos municipios de Veracruz, todos de filiación panista, acudieron ante la delegación de la PGR para denunciar al gobierno de Duarte por presunto desvío de recursos asignados a municipios, peculado y abuso de autoridad.

Todos ellos coincidieron en que el gobierno de Javier Duarte no les entregó recursos que procedían de la federación por alrededor de 20 millones de pesos y que se encontraban etiquetados para su aplicación en obras específicas.

Los anteriores son adeudos reales que Duarte no cubrió, pero a esta lista se agregan 600 millones de pesos que el gobernador sí pagó, pero a 32 empresas “fantasma” que no cuentan incluso con domicilios localizables. Este asunto ya es investigado por la Procuraduría General de la República y por el Servicio de Administración Tributaria, porque puede ser que ese dineral haya parado en manos de “prestanombres” del “honrado” Duarte.

Bueno, Duarte de Ochoa hasta le quedó a deber a sencillos músicos, que amenizaron eventos públicos, la nada despreciable suma de 11 millones de pesos. En plantones que realizaron fue común la cantaleta de ellos, quienes a ritmo de cumbia, coreaban “Duarte no paga, Duarte no paga”.

Las evidencias apuntan a que Javier Duarte es responsable de innumerables delitos y que debe ser sujeto a proceso, espero que su protección política no le alcance para evadir el brazo de la justicia, porque, entonces sí, se habrá acabado de fregar a todos.

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