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Empresarios migrantes quedan fuera de créditos

EU cierra préstamos federales a titulares de green card. A partir del 1 de marzo, miles de empresarios migrantes en Estados Unidos enfrentarán un nuevo y severo obstáculo para sostener o hacer crecer sus negocios. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) anunció que los residentes permanentes legales, es decir, quienes cuentan con green card, dejarán de ser elegibles para los préstamos federales, incluso si viven, trabajan y pagan impuestos en el país.

La medida fue formalizada mediante un memorando interno que redefine de manera drástica los criterios de acceso a los populares préstamos 7(a), el principal programa de financiamiento de la SBA, que permite obtener créditos de hasta 5 millones de dólares para capital de trabajo, expansión, compra de equipo o refinanciamiento de deuda.

Con esta decisión, la agencia limitará el beneficio exclusivamente a empresas cuya propiedad sea 100 % estadounidense y cuyos dueños residan físicamente en Estados Unidos, excluyendo no sólo a extranjeros, sino también a residentes permanentes legales, una categoría migratoria históricamente considerada como parte integral del tejido económico del país.

La exclusión no surgió de manera repentina. En diciembre pasado, la SBA ya había endurecido las reglas al establecer que sólo podrían calificar aquellas empresas cuya participación extranjera, de titulares de green card o de ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país no superará el 5 %. Sin embargo, el memorando más reciente elimina por completo cualquier margen de participación no ciudadana.

Antes de estos cambios, bastaba con que el 51 % de la empresa perteneciera a un ciudadano estadounidense residente en el país para acceder al financiamiento. Ese criterio, vigente durante años, permitió que miles de negocios fundados por inmigrantes —restaurantes, comercios, empresas de servicios y manufactura— se consolidaran como motores de empleo local.

La nueva política, impulsada bajo la administración del presidente Donald Trump, representa un giro restrictivo que rompe con décadas de reconocimiento al papel económico de los migrantes legales.

La decisión ha provocado una rápida reacción en el Congreso. El senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, miembros de mayor rango en los comités de Pequeñas Empresas del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, condenaron el cambio y advirtieron que tendrá consecuencias directas en la economía local.

Markey reveló que desde septiembre pasado recibió alertas de prestamistas asociados a la SBA sobre los problemas generados por los nuevos requisitos de verificación de ciudadanía, los cuales han ralentizado los procesos y reducido el número de préstamos aprobados.

En diciembre, los legisladores demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta formal a la SBA expresando su preocupación por el impacto de estas restricciones y señalando una disminución significativa en el volumen de créditos otorgados. Hasta ahora, la agencia no ha respondido.

Más allá del debate legal, la medida envía un mensaje contundente: los migrantes legales ya no son considerados socios confiables del desarrollo económico, pese a que representan una proporción clave del ecosistema empresarial estadounidense. Según diversos estudios, los inmigrantes —incluidos los residentes permanentes— tienen una tasa más alta de emprendimiento que los ciudadanos nacidos en EE.UU. y generan millones de empleos.

Al excluirlos del acceso al crédito federal, la SBA no solo limita su capacidad de competir, sino que también reduce las oportunidades de crecimiento en comunidades enteras, muchas de ellas rurales o urbanas marginadas, donde estos negocios cumplen un papel esencial.

La medida, además, se suma a una serie de políticas que refuerzan una narrativa de exclusión bajo el argumento de proteger los recursos públicos, aunque sin evidencia clara de que los préstamos a residentes permanentes representen un riesgo mayor.

Para miles de empresarios con green card, la nueva regla implica una realidad inmediata: sin acceso a préstamos federales, su margen de maniobra se reduce drásticamente. Para la economía estadounidense, el impacto podría sentirse a mediano plazo en forma de menor inversión, cierre de negocios y pérdida de empleos.

Mientras tanto, la SBA guarda silencio. Y los empresarios migrantes, que durante años contribuyeron al crecimiento económico bajo reglas claras, ahora enfrentan un sistema que, de un plumazo, les retira el respaldo institucional y los deja fuera del juego.

ABRAZO FUERTE