Es hora de sentarse a dialogar: Acosta Naranjo por hechos en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2016.- El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Vicecoordinador del GPPRD, condenó los violentos operativos desplegados por fuerzas federales y estatales contra maestros y organizaciones sociales en Nochixtlán, Oaxaca, que hasta el momento registra un saldo de 6 civiles muertos y decenas de heridos; e hizo un llamado al gobierno federal a iniciar el diálogo con quienes se oponen a la reforma en materia de educación.

“Es hora de sentarse a dialogar y construir acuerdos no sólo en torno al mejor camino para instrumentar la reforma en materia de educación sino para atender los múltiples problemas sociales que lastiman al país”, indicó.

Acosta Naranjo consideró que el gobierno federal tiene la obligación política y ética de dialogar.

“Bajo ninguna circunstancia el gobierno puede negarse a dialogar, es su obligación atender reclamos de ciudadanos y grupos sociales”, insistió.

“Si países en guerra dialogan y México mismo propició encuentros de delegaciones oficiales con guerrillas de la región para coadyuvar con una solución negociada de conflictos armados resulta inaudito que aquí se nieguen siquiera a sentarse a platicar con los maestros. En democracia todos los caminos pasan por el diálogo», sentenció el también dirigente del Grupo Galileos, integrado por nueve diputados federales y muchos otros líderes perredistas.

“La incapacidad del gobierno federal para instrumentar la reforma y su resistencia a establecer el diálogo con quienes se oponen a la reforma en materia de educación está colocando a esta legislación en un callejón sin salida. Su aplicación está entrampada en un conflicto permanente y de lo que menos se habla ahora es de la mejora de la calidad educativa”, precisó.

“Esto obedece, fundamentalmente, a la necedad del gobierno federal por imponer su interpretación de la reforma, a su falta de disposición al diálogo y a su empeño por aplicar un examen estandarizado como único componente de la evaluación”, acotó.

“La reforma tenía un objetivo principal: elevar la calidad de la educación. Para ello se hacía necesario evaluar al sistema educativo nacional, en general, y como parte del mismo, a cada una de sus componentes. Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto se empeña en ignorar el conjunto de medidas consideradas tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias para alcanzar el objetivo que se pretendía”, consideró.