Inicia en el Senado análisis para eliminar organismos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2024.- El Pleno del Senado de la República inició la discusión y análisis del dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución en materia de simplificación orgánica para eliminar siete organismos autónomos.  

El proyecto de decreto de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos reforma los artículos 6, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución, con el cual se extinguen siete órganos autónomos y reguladores, y trasladarán sus funciones administrativas a la Administración Pública Federal. 

La reforma plantea la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas atribuciones serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública; mientras que las funciones en materia de medición de la pobreza y de los programas sociales que realiza el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval), serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En materia de Acceso a la Información y Datos Personales, quedarán bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y no del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por lo que sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

El dictamen señala que en materia energética y de competencia económica, en lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus funciones serán ejercidas por las Secretarías de Estado correspondientes.

Con ello, se evitará que los entes públicos dupliquen sus funciones u organización, debiendo atender a las necesidades de mejora y gestión pública. Además de que no violenta las obligaciones de México, establecidas en el tratado de nuestro país con Estados Unidos y Canadá, pues se seguirá garantizando la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicación.