Las mentiras del gobierno

Hay una paradoja que se repite todas las mañanas frente a un atril: quien más ha normalizado la mentira como herramienta de gobierno pretende ahora erigirse en árbitro de la verdad ajena. La conferencia matutina, concebida en su origen como un espacio de rendición de cuentas, se ha transformado en otra cosa: un escenario donde se lanzan señalamientos sin pruebas, se exhiben nombres y rostros sin derecho a defensa, y se construye un relato oficial que no admite matices ni corrección.

No es un asunto menor. Cuando el poder define qué es verdad y qué es mentira desde su propio púlpito, sin someterse él mismo a ese escrutinio, deja de ejercer una función informativa para ejercer una función de control. La diferencia es sustancial. Informar es exponer hechos verificables y dejar que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Controlar es imponer una narrativa y castigar —con el señalamiento público, con el desprestigio, con la exhibición— a quien se atreva a cuestionarla.

Lo llamativo es que ese mismo espacio, donde no existe la posibilidad de que un señalado responda en el momento, donde no hay contrapeso ni verificación previa, es desde donde ahora se impulsan iniciativas para regular el derecho de réplica en los medios de comunicación. La ironía debería incomodar a cualquiera que crea en la coherencia como valor mínimo del ejercicio público.

Los medios de comunicación —con todas sus imperfecciones— operan bajo marcos legales, códigos de ética periodística, consejos de redacción y, en última instancia, bajo la posibilidad real de que un afectado exija una rectificación o presente una demanda. Existen mecanismos, lentos e imperfectos, pero existentes. La mañanera no tiene ninguno. No hay corrección al aire, no hay contraparte invitada, no hay posibilidad de que quien es señalado responda en el mismo momento y con el mismo micrófono.

Que un gobierno busque presentarse como garante de la verdad mediática, mientras usa su propio espacio de comunicación oficial para difundir acusaciones sin sustento, no es solo una incongruencia retórica: es una estrategia. Se trata de desplazar el debate público hacia el terreno donde el poder tiene todas las ventajas y ninguna de las obligaciones que exige a los demás.

La confianza en las instituciones se construye con transparencia, no con señalamientos unilaterales. Y la credibilidad no se decreta desde un atril; se gana con evidencia, con procesos verificables y con la disposición a ser cuestionado en condiciones de igualdad.

El derecho de réplica es una figura legítima y necesaria en cualquier democracia. Pero su regulación no puede nacer de quien primero debería aplicárselo a sí mismo. Si el objetivo real fuera fortalecer el debate público, el punto de partida sería someter la propia comunicación oficial a los mismos estándares de verificación, corrección y contraparte que se exigen a la prensa.

Mientras eso no ocurra, cualquier intento de “ordenar” a los medios desde el poder debe leerse con la sospecha que merece: no como un ejercicio de equilibrio informativo, sino como un intento más de controlar el relato en un país donde, cada vez con más frecuencia, la línea entre gobernar y narrar se ha vuelto peligrosamente difusa.

*Presidente Nacional del PRI.