Atención

Con el propósito de ofrecer una mejor experiencia dentro de nuestro sitio web, le sugerimos que actualice su navegador, ya que usted cuenta con una versión de internet explorer antigua, que ya no tiene soporte por parte de microsoft y que representa un riesgo de seguridad para usted.

Sigue nuestra transmisión en vivo.
Click para seguir la transmisión
x
Foto: Archivo

En las nubes/Carlos Ravelo Galindo

Carlos Ravelo Galindo
 
| 14 de Noviembre de 2017 | 6:52
 A-
 A+

Luis María Aguilar Morales

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Haríamos una reflexión sobre la postura adoptada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Luis María Aguilar, y los ministros que integran el alto Tribunal: “En La vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias”.

Destituyeron y consignaron ante un juez federal al jefe de la delegación Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera. Y a su antecesor, actual diputado, Manuel Ballesteros, por el delito de desacato, “Inejecución de sentencia”.

El Máximo Tribunal aplicó, acto insólito, pero de justicia y advertencia la sentencia. “Si no se cumplen las sentencias, el Estado de derecho no es más que una ficción. Y éstas no valdrían ni el papel en que están impresas”.

Se actúo como juez y parte, dentro de la Ley. Atribución que tiene la SCJN y que solamente era utilizada en funcionarios menores. En la actualidad, desempolvada por el Pleno de la Corte, ésta facultad, sui generis, permite que el poder judicial se convierta, cuando hay un desacato, incidente de inejecución de sentencia, en órgano acusador y juzgador es decir en parte y juez.

En esta atribución muy rara por cierto, la ley les da facultades a los Ministros de la Corte en ser órgano acusador, función esencial del Ministerio Publico y al mismo en juzgador de lo que este mismo poder acusa. Atribución que equilibra a los tres poderes federales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, así hace valer sus mandamientos.

Hasta ahora esta facultad estaba empolvada tal vez por temor, creemos que fue así, del poder judicial a los altos funcionarios en la administración pública federal o administraciones estatales.

Don Luis María, también como presidente del Poder Judicial de la Federación, lanzó un llamado para que los funcionarios públicos cumplan efectivamente las resoluciones de amparo que buscan proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos. Y no se hizo esperar.

De inmediato la Secretaria de Cultura Federal María Cristina García y Víctor Hugo Lobo, del gobierno de la Ciudad de México, apremiados presentaron precipitadamente, hasta ahora pruebas que ellos, cumplieron con tal precepto. Que revisarán los ministros

El hecho de que la Corte vuelva la cabeza y ponga énfasis a que toda autoridad debe cumplir sin condiciones sus sentencias es altamente aplaudible.

Los dos jefes delegacionales, uno en funciones y otro ahora aún como diputado local, argumentan que se trata de un asunto político. Olvidan que la Corte los sanciona por el desacato que incurrieron y no es tema político sino hacer prevalecer el estado de derecho. Más aún cuando es la Suprema Corte la garante de la legalidad y justicia.

En la lista de sancionados y posibles cesados y consignados están otros dos jefes delegacionales y por lo pronto la recién secretaria de cultura.

Ella la titular de cultura y el delegado de Gustavo a Madero, pidieron paz, a medianoche que entregaron documentación de su “inocencia”.

[email protected]