Libertad de expresión de servidores públicos tiene restricciones: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2019.- Los señalamientos y descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, así como contra personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, provenientes de altos funcionarios del Estado contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la libertad de expresión y periodistas, y también para quienes promueven el respeto a la legalidad y defienden los derechos fundamentales, puntualizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Estas descalificaciones, sostuvo, muestran el agravamiento en muchos casos de las condiciones que dieron origen al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que resulta paradójico que muchas de las agresiones provengan de elementos de instituciones representadas en la Junta de Gobierno del Mecanismo, que debe contar con mejoramiento constante en sus procesos, presupuesto adecuado para hacer efectiva la protección, personal capacitado y suficiente para atender a esos grupos poblacionales y ofrecerles la atención y respaldo de quienes en él laboran. 

Precisó que, desde la CNDH, en distintos momentos se ha señalado que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión ésta se encuentra sometida a diversas restricciones, una de las cuales es hacer uso de ella con pleno respeto a las opiniones diversas, ante el riesgo de generar ataques contra periodistas por los sectores que vean las descalificaciones como permiso para agredir a la prensa y a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al participar en la Presentación de los Resultados y Recomendaciones del Diagnóstico elaborado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseguró que las personas defensoras y los comunicadores “no debemos ser vistos como enemigos del Estado y sus instituciones. Por el contrario, creo que todos nosotros deseamos vivir en un país democrático y con instituciones sólidas, y es por ello nuestro trabajo constante en señalar deficiencias, violaciones de los derechos humanos y, en general, oportunidades y formas de mejorar el servicio público en beneficio de todas y todos nosotros”. 

Acompañado en el presídium por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Representante Adjunto en México de ONU-DH, Jesús Peña Palacios; el Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, y ante los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Ombudsperson nacional expresó que la crítica constructiva y el mejoramiento constante de las instituciones es parte fundamental del fortalecimiento democrático que requiere nuestro país. “Este proceso de consolidación –dijo— se hace mucho más necesario cuando las instituciones que se someten a dicho escrutinio y revisión tienen a su cargo la protección de personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, pues en muchos de los casos ellas se enfrentan a situaciones de riesgo que deben ser atendidas con celeridad, eficacia y profesionalismo. Mejorar los procesos de atención de esas personas permitirá, en muchos de los casos, salvar vidas y proteger la integridad física y emocional, de ahí la relevancia de su revisión y mejora constante”.

Tras señalar que el Mecanismo de Protección surgió como medida extraordinaria para atender una situación también extraordinaria, y que no es ni tiene por qué ser la solución a los problemas de riesgo e inseguridad que enfrentan periodistas y personas defensoras en el país, González Pérez afirmó que la solución habrá de encontrarse si se atiende un problema multifactorial que pase necesariamente por disminuir la violencia e inseguridad que azotan algunas regiones del país, abatir la impunidad lacerante y formar eficazmente en derechos humanos a quienes ejercen un cargo público, lo que representa un reto de gran calado pero necesario para mejorar la situación que se enfrenta.