CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2020.-  La crueldad que presenta el caso de la niña Fátima, hallada muerta este domingo en Tláhuac, hace necesario que las investigaciones determinen si estamos frente a un secuestro para la obtención de órganos humanos, actividad del crimen organizado que destaca por su barbarie, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al expresar su indignación y condena por el homicidio y presunta agresión sexual, tortura y extracción de órganos, de la menor de 7 años de edad, el Organismo nacional exigió a la Fiscalía General de Justicia de esta entidad, efectúe una investigación integral, profesional y exhaustiva, a fin de que el caso no quede en la impunidad.

"La repetición de este tipo de casos genera una gran consternación y preocupación a este Organismo Nacional, que reitera que toda agresión y afectación, de cualquier tipo, en contra de las niñas, niños y adolescentes lesiona gravemente el entorno social y no debe quedar impune, recordando la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, así como el acceso a una vida libre de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones", señaló.

La CNDH llamó la atención sobre la necesidad de que las autoridades emprendan acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en nuestro país, así como para proporcionar a la sociedad niveles mínimos de seguridad que permitan el cabal ejercicio de sus derechos y prevenir ataques y agresiones contra las personas, y en particular, contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Insistió en la importancia de la profesionalización de los servidores públicos ante denuncias de desaparición para que actúen con la sensibilidad y celeridad que se requiere para lograr una justicia pronta y expedita.

Recordó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019 ocurrieron un total de 2,481 homicidios de mujeres, es decir 310 al mes, lo que en promedio equivale a 10 mujeres asesinadas cada día.

Indicó que representa un conjunto de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres al implicar desapariciones, torturas, agresiones sexuales, prácticas que atentan contra su dignidad, integridad, libertad y vida.

En el documento, sostiene que se trata de una combinación de los diferentes tipos de violencia que puede concluir en homicidio por razones de género, y tiene estrecha relación con la violencia institucional, ya que en ese delito se concentran las acciones que el Estado realiza o deja de realizar y que producen impunidad y falta de acceso a la justicia.

Por ello, pide al Estado mexicano implementar medidas concretas para detener las desapariciones de menores de edad, el feminicidio en niñas y adolescentes, así como hacer reformas legislativas a fin de castigar de manera adecuada la violencia sexual, y permitir el aborto legal en caso de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la menor de edad.