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CIUDAD DE MÉXICO., 25 de noviembre de 2021.- Con la finalidad de transparentar los procesos de selección de los titulares de los órganos internos de control en dependencias de la Ciudad de México, el representante ciudadano, Royfid Torres González, presentó en el Congreso local una iniciativa para reformar y adicionar siete leyes que evite actos de corrupción en entidades de la administración pública capitalina.
El Coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana destacó la relevancia de las modificaciones, que tienen como objetivo establecer la obligación del Congreso y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción para que expliquen y transparenten la trayectoria y ética de los perfiles que propongan para ser nombrados titulares de los órganos internos de control.
“La lucha contra la corrupción no se da con símbolos o palabras, sino con acciones reales. Estos organismos, tan importantes, pero tan impopulares en los últimos tiempos, sobre todo a los ojos del presidente, tienen la función de coordinarse con las instituciones para medir, evaluar, investigar, verificar, defender y dictar directrices de política pública para un mejor ejercicio de la autoridad”, indicó.
La Iniciativa contempla intervenciones en las leyes de Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de Evaluación capitalina, Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, ya que requieren de la actualización en su conformación con la puesta en marcha de la ley y el sistema anticorrupción en la CDMX.
“Estos órganos fueron pensados y diseñados precisamente para evitar la concentración del poder, particularmente del Ejecutivo, son producto de batallas de la sociedad para hacer más abierto, transparente y sobre todo independiente, tareas fundamentales como la transparencia o el desarrollo de las elecciones. Su tarea no es contra el presidente o en la ciudad contra la Jefatura de Gobierno, pero si les incomodan, entonces ejercen su función, porque no tienen entre sus atribuciones complacer al poder”, dijo.
La relevancia, detalló el representante ciudadano, derivará en perfeccionar la legislación local actual, dotando a la norma jurídica existentes d ellos mecanismos necesarios para verdaderamente atacar la corrupción, limitando el exceso y concentración de poder, promoviendo la confianza y credibilidad gubernamental.
“La corrupción opera en una compleja red que requiere de una amplia y atinada caja de herramientas para desmantelarse. Esa caja de herramientas no es discurso, no es promesa; se llama Sistema Anticorrupción”, estableció el integrante de la Bancada Naranja en el Congreso de Donceles.
Torres González añadió que las modificaciones se direccionan en cuatro rubros:
1.- Garantizar la idoneidad para ocupar el cargo, ponderando la especialización, imparcialidad, independencia, legalidad, ética e integridad pública; adiós a compadrazgos.
2.- Transparencia y máxima publicidad en todas las etapas del proceso de nombramiento. Nada de arreglos en lo oscurito
3.- Participación y colaboración de la ciudadanía en la propuesta y evaluación de los aspirantes al cargo; todos los nombramientos se efectuarán mediante convocatoria pública.
4.- Probidad en el ejercicio de las funciones de los seleccionados, estableciendo criterios para su remoción cuando falten a sus atribuciones o incurran en faltas graves.
“Ellos (los contralores) se encargan de vigilar y evaluar que los procesos y procedimientos gubernamentales realizados por los servidores públicos, para que estén apegados a la ética y a la legalidad. Promueven y fortalecen la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas mediante la realización de auditorías y revisiones a los actos de autoridad”, indicó.
Finalmente, Torres González detalló que entre 2020 y 2021 la Secretaría de la Contraloría realizó 553 procedimientos entre auditorías, intervenciones y acciones de control interno, generando 857 observaciones, equivalentes a un monto total de 982 millones de pesos.
“Resulta preocupante que solo el 13 por ciento de las observaciones generadas hayan derivado en un proceso de investigación, sanción y reparación, y lo que es más, de todos los recursos económicos observados por esta instancias solo obtienen el 6% de las sanciones económicas impuestas”.