Ni una Angélica más/Salvador Guerrero Chiprés

@guerrerochipres

La historia de Angélica sintetiza la terrible situación que muchas niñas y jóvenes padecen en algunas comunidades indígenas del país, donde las estructuras patriarcales y machistas, amparadas en malentendidos usos y costumbres, atropellan la dignidad de las menores de edad y las colocan en una situación de mercancía.

Hace 4 años, la niña, de ahora 15 años de edad, fue vendida en 120 mil pesos en un matrimonio forzoso —catalogado por la ley como una de las 11 modalidades que configuran el delito de Trata de Personas—, en el municipio de Cochoapa El Grande, en la región de la Montaña de Guerrero.

Luego de que su esposo emigrara a Estados Unidos, Angélica quedó al cuidado de su suegro, quien en cuatro ocasiones intentó abusar sexualmente de ella. La niña escapó y fue a refugiarse con su abuela, donde la Policía Comunitaria detuvo a ambas, junto con otras tres niñas.

Angélica y su familia estuvieron 11 días retenidas, mientras que el hombre que pagó por ella exigía la devolución del dinero más los intereses. En suma, ¡210 mil pesos! Las cinco ya están libres, lejos del agresor y bajo resguardo.

El caso pone en el centro de la atención el tema del matrimonio forzoso justificado en la interpretación de los usos y costumbres de poblaciones indígenas.

La Suprema Corte define los usos y costumbres como la repetición por un tiempo largo de un hecho o conducta, practicada por la colectividad bajo el entendido de ser obligatoria.

Aunque las leyes mexicanas garantizan el respeto a la libre autonomía de las poblaciones indígenas, también consideran limitantes ante la libertad, pleno desarrollo y seguridad de las personas, para evitar que, amparados en las tradiciones, se violenten las garantías individuales.

En Guerrero, la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas establece la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y el artículo 64 señala: “La mujer indígena tiene derecho a elegir libre y voluntariamente a su pareja”.

De acuerdo con estimaciones de la organización civil Yo Quiero, Yo Puedo, en comunidades indígenas de la entidad cuatro de cada diez niñas son vendidas para casarse. Las violaciones a sus derechos humanos y las implicaciones delictivas están a la vista: matrimonio forzoso, abuso y explotación sexual, condición de siervo.

En México, y en ninguna parte del mundo, los usos y costumbres pueden estar por encima de la dignidad y derechos humanos. La venta de personas es un delito que debe entenderse como tal y cuyas víctimas deben estar en condiciones de reconocer, aceptar y denunciar.

Los datos de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (800 5533 000), que opera el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, indican que el 41% de los reportes son de menores edad y el 80% son de mujeres.

El trabajo conjunto entre ciudadanía, organizaciones y autoridades es necesario para combatir y erradicar el delito, y contribuir a que no haya una Angélica más en el país.