Nigromante/José Vilchis Guerrero

2020 será, sin duda, un año de incertidumbre… para Fox, Calderón y Peña Nieto

Cuando ya nos habíamos acostumbrado a las vaciladas del populachero Vicente Fox, las bravatas de Felipe Calderón –ambos muy activos en las redes sociales intentando encabezar la oposición a Andrés Manuel López Obrador con ánimos de descarrilar a la 4T– y a las frivolidades de Enrique Peña Nieto, que se mantiene en las portadas de las revistas del corazón junto a personajes del jet set y bellas mujeres de espectacular presencia, fue detenido Genaro García Luna, muy cercano a los tres ex presidentes, acusado de estar coludido con el Cártel de Sinaloa.

García Luna se había desdibujado tanto y ni quién se acordaba de él, aunque en Estados Unidos las autoridades lo tenían muy presente, ya que desde hace unos siete años le daban seguimiento a su trayectoria y documentaban en un expediente sus andanzas en el bajo mundo, desde que montaba farsas que nos tragamos a instancias de Televisa que se prestó al espectáculo de aprehensiones como la de Florence Cassez, que salió libre porque no tuvo un debido proceso.

No es tan complicado entender que la aprehensión del ex secretario de Seguridad Pública se derivó del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán de noviembre del año pasado a enero de este año en la Corte Federal del Distrito Este, de Brooklyn, Nueva York. Pero García Luna no fue el único personaje mexicano señalado en ese juicio: salieron a relucir los nombres de Peña Nieto, el general Humberto Eduardo Antimo Miranda, ex oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el coronel Marco Antonio de León Adams, quien fungió como jefe de la guardia personal de Fox cuando éste fue presidente.

Para colmo, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descubrió una triangulación millonaria en la Secretaría de Gobernación durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, aunque reconoce que hasta el momento no hay información que vincule directamente a los ex mandatarios.

“Por supuesto las transferencias (se realizaron) en el gobierno de Felipe Calderón, pero también en el de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vínculo hasta este momento, sólo que las transferencias –por dos mil millones de pesos– se realizaron durante sus respectivas administraciones. Pero lo que sí tenemos que dejar de manifiesto es que no es un tema de persecución política”, sostuvo el funcionario en entrevista con Carmen Aristegui.

Detalló que las transferencias realizadas en 2010, 2013 y 2017, habrían sido parte de un proceso, “que se utilizó durante varios años a estas empresas (en las que García Luna es accionista) que terminaban triangulando los recursos”. Nieto Castillo omitió dar detalles sobre la empresa a las que la Segob habría transferido los recursos pues, advirtió que si se hacen públicos ciertos datos se podría dar una ventaja a las personas investigadas.

Según el titular de la UIF el dinero fue otorgado por la contratación de “asesorías y por temas computacionales”, por lo que las autoridades se darán a la tarea de ver si hay triangulación de recursos. Añadió que la tesis que defenderá la UIF frente al Ministerio Público “es que se trata de corrupción política. La triangulación de recursos puede implicar un acto de lavado de dinero y de corrupción política. Creemos que esta parte será lo que tendremos que justificar al hacer las denuncias. Vamos a ofrecer el apoyo y la información con la que contamos”, abundó.

Nieto Castillo dijo que hay buena coordinación con el gobierno de Estados Unidos para trabajar el caso, pero dejó en claro que comenzaron a desarrollarlo dos meses antes de que se diera a conocer la aprehensión. Explicó que las once cuentas bancarias vinculadas con García Luna se congelaron después de que se logró su detención para evitar alertarlo. El tema del congelamiento de cuentas es la herramienta más importante de la UIF. “Pero el hecho de que le congeles las cuentas a alguien, lo alerta. No alertamos hasta que se tienen las órdenes de aprehensión en contra de las personas investigadas, por eso nos esperamos a que hubiera esta detención. No sabíamos cuándo iba a ser”.

Pero las implicaciones de los ex presidentes del 2000 al 2018 trascendieron en las crónicas del juicio al Chapo Guzmán y se publicaron en edición especial de Proceso en marzo anterior y en la cual se reproducen fragmentos. El 15 de enero, durante el juicio contra El Chapo, el colombiano Álex Cifuentes Villa –acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas– señaló en calidad de testigo que la corrupción por narcotráfico llegó a lo más alto de las instituciones mexicanas: la Presidencia de la República.

“Como si estuviera hablando de algo natural, Cifuentes –interrogado por Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de Guzmán Loera– declaró ante el jurado y el juez Brian Cogan que el acusado le pagó a Peña Nieto 100 millones de dólares, de 250 millones que le pedía, además de que contribuyó a financiar su campaña como candidato presidencial del PRI en 2012.

–¿En febrero de 2014, en una reunión que tuvo usted con los fiscales (estadunidenses), informó que el ex presidente Peña Nieto le pidió a Joaquín Guzmán 250 millones de dólares? –preguntó Lichtman al narcotraficante colombiano.

–Sí, señor –respondió el testigo del Departamento de Justicia.

– ¿Conoce a la Madre María?

– ¿Madre María?… ¡Comadre María!

– ¿Usted dijo que ella le entregó 100 millones de dólares a Peña Nieto en la Ciudad de México?

–Eso me dijo Joaquín, que los 250 millones de dólares fueron pedidos a Joaquín Guzmán Loera y al Mayo Zambada (Ismael Zambada García) por el presidente Peña Nieto, pero que él (Chapo) le mandó 100 millones…

–En abril de 2016, meses después de su primera reunión (con la fiscalía), usted participó en otra, en la que contó la historia del pago de los 100 millones de dólares al ex presidente, ¿cierto? –cuestionó incisivamente Lichtman–. Que el pago de los 100 millones de dólares a Peña Nieto se hizo en octubre de 2012. –Correcto.

Enseguida, y para que quedara asentado en actas, el abogado del líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa le preguntó a Cifuentes Villa respecto a su asistente personal y socia colombiana, Andrea Vélez Fernández, y la relación de ésta con la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. “Andrea (Vélez) Fernández”, comenzó Lichtman, “y el asesor político J.J. Rendón ayudaron a Peña Nieto en su campaña… Andrea le mandó a usted fotos de maletas repletas de dinero en efectivo para la campaña de Peña Nieto”, subrayó el abogado del Chapo Guzmán.

Pese a las objeciones de la fiscal Gina Parlovecchio, Cogan permitió a Lichtman continuar con el interrogatorio a Cifuentes Villa sobre la presunta corrupción presidencial mexicana.

–Le enseñó Andrea las maletas llenas de dinero que iban en un avión de J.J. Rendón destinadas para la campaña, ¿lo recuerda?

–En otra reunión con la fiscalía en noviembre de 2017 usted les volvió a hablar de los sobornos a Peña Nieto.

–Luego dijo que Peña Nieto, ya siendo presidente, contactó a Joaquín Guzmán Loera para decirle que no tenía que seguir escondido.

Lichtman quería más. Aunque el tema de la presunta corrupción presidencial mexicana por narcotráfico no tiene que ver con los cargos que le imputan a su cliente, el abogado estaba ansioso de exponerlo.

– ¿En febrero de 2016 usted le dijo a la fiscalía que la organización de los Beltrán Leyva le pagaba al presidente (Felipe) Calderón para que le diera protección en su guerra contra El Chapo Guzmán? En ese momento el abogado puso a disposición del testigo el documento con la transcripción de lo que en febrero de 2016 les había dicho a los fiscales sobre el asunto.

– ¿Los Beltrán Leyva le pagaban al presidente Calderón para que los ayudara en su guerra contra El Chapo Guzmán?

–No recuerdo si era al presidente o al Ejército (…)

El 3 de enero de 2019, al celebrarse la primera audiencia en el juicio contra El Chapo en la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la fiscal federal Amanda Liskamm guio con sus preguntas a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hasta hacerlo nombrar a algunos militares sobornados por él o por su padre, Ismael El Mayo Zambada García (…) Liskamm quiso saber sobre una reunión celebrada a principios de 2007 en Culiacán entre un militar de alto rango y El Mayo Zambada. “Al general Antimo lo llevé a Culiacán a conocer a mi papá; era un general, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa”, dijo el testigo.

En pleno arranque del sexenio de Calderón y cuando México estaba bañado en sangre por la guerra entre los cárteles, en Culiacán un jefe de élite de la Sedena se encontraba con El Mayo.

“Se reunió con mi papá, me lo llevó el licenciado Carlos. Había rumores de que otros generales se estaban poniendo al servicio de Arturo Beltrán Leyva, de Los Zetas y los Carrillo Fuentes”, sostuvo El Vicentillo. Cómo olvidar que El Chapo se fugó al inicio del sexenio de Fox y luego fue el protegido de su sucesor en su guerra contra los demás cárteles y desde entonces, México se convirtió en una fosa común y ahora ni la 4T detiene el avance del crimen organizado.

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