De norte a sur/Guillermo Correa Bárcenas

El Papa Francisco aboga por ellos, pero en México, ni consideración hay con los pueblos indígenas a los que se aplican proyectos de muerte

“Inclusión y no sólo consideración” de los pueblos originarios, dijo el Papa Francisco en la reciente reunión que sostuvo con representantes de Pueblos Indígenas, convocada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Lo cual debería ser un hecho en cada Estado que tenga en su territorio a estos pueblos. En México es un tema de discriminación pero además de exclusión por parte del gobierno. En nuestro país, los llamados “proyectos de muerte” que son los llevados a cabo por empresas como las mineras y de hidrocarburos, por mencionar solo esas dos industrias, han devastado no sólo el ecosistema sino también los pueblos asentados en las zonas próximas donde explotan el territorio, propician la violencia, la emigración y más pobreza.

Desde 1990, México forma parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece, entre otras cosas, la protección y preservación del medio ambiente, así como el respeto a su cultura en relación con las tierras, en lo que se refiere a los Pueblos Indígenas y Tribales a los que nunca se consulta sobre megaproyectos que arrasan con sus pueblos.

Pero el gobierno mexicano simplemente no respeta este acuerdo. Las denuncias abundan, como es el caso del estado de San Luis Potosí, en el municipio de Real de catorce, lugar en que se levantó una lucha desde 2010, en defensa de más de 140 mil hectáreas, amenazadas por la compañía minera canadiense First Majestic Silver, a la cual el gobierno de Felipe Calderón otorgó 22 concesiones para ocupar más de seis mil hectáreas en la zona sagrada de Wirikuta, valiosa para el pueblo wixárika (huichol). También se otorgaron concesiones a Grupo Frisco (propiedad de Carlos Slim) en este territorio. Los habitantes afirman que no hubo una consulta, y de acuerdo con un informe de Santos de la Cruz Carrillo, coordinador del Consejo Wixárika por la defensa de Wirikuta, las empresas, en contubernio con el gobierno, pretenden dividir a las comunidades mediante promesas de desarrollo social y empleo, sin poderlo lograr todavía. Este caso sentó un precedente histórico al lograr la suspensión de varias concesiones a manos de Grupo Frisco, la transnacional Revolution Resources y la canadiense First Majestic Silver.

Sin embargo, existen otros “proyectos de muerte” que siguen en marcha, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), que comprende dos centrales termoeléctricas, de las que ya existe una y pone en riesgo la producción agrícola y la salud de los habitantes en el Oriente de Morelos. Un gasoducto que transportará 9061 millones de litros de gas al día para alimentar las termoeléctricas, atravesará 60 pueblos que se encuentran en la zona de riesgo volcánico del Popocatépetl. Y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día, dos en realidad ya que uno transportará el agua del río Cuautla a la termoeléctrica y otro la regresará al mismo lugar después de ser utilizada, en otras palabras, ya contaminada con arsénico, nitrógeno, fósforo, cianuro, cromo, cobre, mercurio, zinc, grasas, aceites y otras sustancias, a una temperatura de 40 grados centígrados. Esto afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala.

Todo lo anterior es preocupante porque la mayoría de los proyectos, si no es que todos, involucran el uso excesivo de agua, como el caso de la fracturación hidráulica (fracking), práctica que se lleva a cabo en Veracruz, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas, en conjunto hay alrededor de 924 pozos en los que se extrae gas por medio de esta práctica, y existe evidencia de lo peligrosa –por no decir aniquilante– que es esta técnica, prácticamente acaba con la vida pues contamina millones de litros cúbicos de agua, que regresan a los mantos freáticos, deja la tierra inútil para cultivo y extermina la fauna. En estos territorios, las comunidades indígenas se han organizado para frenar esta actividad, como es el caso de los pueblos del Totonacapan y la Huasteca, quienes a través de asociaciones como la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), afirman que Pemex oculta información, no sólo del daño que ocasiona la práctica sino de cuántos pozos tienen activos.

Además, los problemas sociales incrementan, la violencia en estos pueblos; como en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, donde la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver, ha afectado a los municipios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y Jutla de Crespo, donde desaparecieron cerros, hay escasez de agua, y la contaminación del aire se debe a que el drenaje ácido se encuentra abierto, provocando severos daños a la salud de los habitantes, incluso se han registrado recién nacidos con malformaciones, así como casos de enfermedades en la piel y respiratorias, según denunció Rosalinda Dionisio, coordinadora de los pueblos unidos del Valle del Ocotlán. Agregó que el tejido social está rasgado, hubo desalojos y detenidos, y en 2010 el asesinato del regidor Venancio Martínez Rivera. Y como en muchos sucesos similares, la muerte del activista Bernardo Méndez Vázquez, en 2012.

Otro proyecto impuesto por el gobierno priista en el Estado de México es la Autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, que afecta a las comunidades otomíes del municipio de Lerma y Huixquilucan, que denuncian la afectación de 38 hectáreas en el territorio de la comunidad, y 23 kilómetros de bosque. Además, del desalojo violento de Armando García Salazar, médico y consejero supremo indígena de San Francisco Xochicuautla, a toletazos de granaderos lo sacaron de su casa, “como medida intimidatoria para construir la autopista”, dijo, y “el Castillo”, como era conocido por la comunidad, fue reducido a polvo y escombro en 2016. Los pobladores aseguran que nunca se les informó de la expropiación, que según se establece en la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada. Pero el gobierno hizo todo por debajo del agua, afirman los habitantes. A pesar de que estos hechos fueron expuestos a grupos relatores de las Naciones Unidas, parece que no hay efecto alguno en la sociedad, porque hasta la fecha se sigue imponiendo los intereses de compañías y propios de personas en el gobierno.

Estos proyectos se abren a la inversión de capitales privados extranjeros y  nacionales, e implican el despojo de la propiedad de la tierra y el agua a los pueblos. Impiden un desarrollo económico, social, cultural, y violan el derecho a la información y la consulta.

DESDE EL CENTRO

Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI) provenientes de 36 comunidades y 7 municipios bloquearon, en el km 175, la carretera que da acceso a los estados de Veracruz y Chiapas, en protesta por el alza a la gasolina y en demanda de que PEMEX repare los daños sociales y ambientales ocurridos  por derrames de hidrocarburos que han dañado 15 ejidos del estado de Oaxaca. Se quejan de megaproyectos sin que fueran consultados y que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas… El doctor Roberto Ángel Cruz Garza es el nuevo encargado de la Secretaría General de la Procuraduría Agraria, en tanto que Lila Chárvel Roselló es ahora directora de Comunicación Social en esa dependencia… Donald Trump prepara más medidas antimigratorias en respuesta a la protesta Un Día sin Inmigrantes en Estados Unidos.

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