De norte a sur/Guillermo Correa Bárcenas

Despojos de tierras y traiciones, a 98 años de la muerte de Zapata

Organizaciones campesinas al servicio sólo del PRI y la Izquierda

Hace unos días, el perredista gobernador de Michoacán, y aliado del PRI, Silvano Aureoles Conejo, se encargó de recordar que Zapata Vive con el envío de la policía local a reprimir a los indígenas de Arentepacua, Nahuatzen, lo que derivó en muertos, heridos y decenas de detenciones por protestar en defensa de 500 hectáreas de sus tierras que se disputan con la comunidad de Capacuaro, conflicto que el Estado ha sido incapaz de resolver. Igual sucedió antes, nos recuerda La Tlacuila, con los comuneros de Caltzontzín, en Uruapan, donde la clase gobernante quiere quitarles sus terrenos que les fueron entregados desde 1943, cuando surgía el volcán Paricutín. Aureoles, que es gobernador por un partido de izquierda ha optado también por desaparecer a la Secretaría de Asuntos Indígenas en la entidad en que nació Lázaro Cárdenas del Río, quien hizo realidad la lucha revolucionaria al entregar durante su gobierno casi la mitad del territorio nacional a los pueblos originarios del país.

Por esa lucha es que ayer se recordó a Emiliano Zapata, quien fue asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos, donde, a casi 100 años del hecho, otro perredista gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, se ha caracterizado por mandar como si fuera el más recalcitrante de la derecha, pues como han dicho las mujeres de Tepoztlán, no se puede permanecer callado ante tanta destrucción en la tierra del Caudillo del Sur con la ampliación de la autopista La Pera-Cuatla, obra que se enmarca, en algo más amplio: El Proyecto Integral Morelos, que comprende un parque industrial en la zona de Yecapixtla, además del gasoducto y la termoeléctrica en Almincingo y Huexca, lo que también desarrollaría unidades habitaciones en tierras de cultivo y la llegada de más trasnacionales.

Otro despojo de tierras del que se ha hablado en este espacio tiene que ver con los dos millones de metro cuadrados de Chimalhuacán, Estado de México que, según José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, fueron “regalados” al grupo priista de Antorcha Campesina, para construir un parque industrial cercano a lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Igual de escandaloso es que el propio gobierno federal del PRI registra que en el país operan más de 200 empresas mineras, gran parte trasnacionales, que saquean el subsuelo que es propiedad de la nación, gracias a las reformas que en 1982 hizo Carlos Salinas de Gortari, del PRI, al artículo 27 Constitucional, que prohibía embargar las tierras de los campesinos el país y que ahora están concesionadas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, San Luis Potosí y Chihuahua, entre otros, donde también se reprime a los indígenas y campesinos que se atreven a defender sus territorios.

Pero ahí no acaba el asunto. En Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, la Ciudad de México, Estado de México y Coahuila son constantes las denuncias que tienen que ver con despojos por la construcción de presas –la Parota, por ejemplo– a favor de trasnacionales, la extracción de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla, lo que ha ocasionado, en todos los casos, persecución, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes, como es el caso de los tarahumaras que defendían a sus bosques. En este orden de robos a campesinos e indígenas se encuentra la construcción de parque eólicos en estado de Oaxaca, principalmente en Juchitán; el agua arrebatada a los Yaquis de Sonora, la guerra de Monsanto contra los mayas y casos en los que además se ven involucradas las playas de ejidatarios que quieren ser explotadas por empresas extranjeras.

Se cita todo esto porque hoy, cuando se redacta el texto, Zapata es recordado en todo el país principalmente por los movimientos campesinos independientes que continúan enfrentando una realidad que, lejos de disminuir, aumenta por culpa de los gobernantes que también aluden la fecha con una retórica que a nadie convence. En el estudio “De sobrevivientes y Guardianes Luchas Campesinas en México”, se dice que con el nuevo mercado de tierras, producto de las modificaciones salinistas, ha surgido también un moderno latifundio que se distingue al que combatió Zapata en que ahora las empresas van a lo seguro, es decir, sólo por los terrenos que les garantizan ganancias. En la mayoría de los casos llegan, depredan y se van a otro lado, precisan los autores Eva Serna, Alejandra Valero y Lucio Díaz.

Aseguran que los cambios durante el sexenio de Salinas de Gortari en materia agraria posibilitaron a los particulares invertir sin arriesgar nada y sin tener que comprar la tierra, pudiendo tener acceso a ella por otras opciones. Además de la política oficial que les favorece, en ejidos y comunidades de todo el país, las empresas obtienen derechos corrompiendo autoridades municipales y agrarias. Más adelante señalan que al profundizarse la pobreza y la erosión en las comunidades y familias campesinas, también se ha incrementado el número de tierras ejidales y comunales que han entrado en cesión de derechos para su renta o el cambio de dominio. Quienes más han aprovecha esta situación con las cadenas hoteleras, pues los núcleos agrarios que se ubican dentro de los litorales costeros de todo el territorio nacional son las que han sufrido los cambios más fuertes en la tenencia de la tierra. Se sabe que la mayoría de los territorios que fueron “certificados” tienen recursos turísticos, ecológicos, pesqueros y urbanos.

De acuerdo con la Procuraduría Agraria, agregan, un gran número de los procesos de controversia y conflictos agrarios se concentran en dichas comunidades, en la mayoría de los casos por el manejo o uso de recursos forestales, agua y tierras por parte de inmobiliarias, hoteles, centros recreativos, centros turísticos, desarrollos gubernamentales (expropiaciones) desarrollos privados, industrias, explotación de recursos naturales y centros comerciales. Las acciones de todas estas, aclaran los autores, conllevan la destrucción del medio ambiente y, en consecuencia, la defensa de los dueños de esas tierras.

Lo más interesante del estudio mencionado y que aparecen la revista Rebeldía, es que hay una parte en que se analiza el desempeño de las organizaciones campesinas, oficiales y las llamadas independientes y que son todas las que han participado, antes y ahora, en el Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por el gobierno del propio Carlos Salinas de Gortari, actitud por la cual se les acusa a sus dirigentes de “traidores” a los ideales zapatistas que siguen usando para competir en representar a campesinos e indígenas y utilizarlos para los intereses de todos los partidos políticos de cualquier corriente, aunque destacan los que están al servicio del PRI y los de la izquierda, sostienen Serna, Valero y Díaz, que citan, entre otras centrales a la CNC, UNORCA, CNPA, CIOAC, Frente Democrático Campesino, El Barzón, CCI, UGOCM, ALCANO, CNPA, UGOCM, UNTA- M-400 Pueblos, las ARIC y a la ANEC.

DESDE EL CENTRO

Llegaron las campañas electorales y con ellas las sorpresas bien planeadas, como lo es la captura de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, en Italia, acusado de graves delitos aquí y en Estados Unidos… Pronto y conforme se acerque la elección presidencial, irán cayendo los otros prófugos de la justicia para, a fin de cuentas, seguir sirviendo al PRI… Con ventas al consumidor por 22 mil millones de pesos de pescados y mariscos, se espera que concluyan los períodos de Cuaresma y Semana Santa, luego de que sean comercializadas más de 320 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, con lo que se garantiza el abasto de este tipo de alimentos, según la Secretará de Agricultura. El mercado más grande de pescados y mariscos de América Latina es la Nueva Viga en la Ciudad de México; en ella se venden diariamente 400 toneladas, cantidad que en esta época casi se duplica.

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