Oraciones a San Lázaro

La nueva censura presidencial.

En política hay una máxima que los viejos lobos parlamentarios aprendieron desde los tiempos del PRI hegemónico: el poder jamás acepta que censura; siempre le llama “derecho de réplica”, “responsabilidad social”, “regulación”, “ética pública” o, en el nuevo diccionario cuatroteísta, “combate a las mentiras”.

Si me das la razón es verdad, si me contradices mientes, ese el mensaje que lanzó en la mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al convocar al pueblo bueno y sabio a no ver TV Azteca, porque “mienten y, fue más allá “mienten porque les cobramos los impuestos”, pero no desmintió una sola nota de la televisora con datos.

Sheinbaum Pardo no “atacó” a TV Azteca por un solo hecho específico, el episodio del pasado 25 de mayo está dentro de una confrontación política, mediática y fiscal más amplia entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y Ricardo Salinas Pliego.

Efectivamente la televisora cambio su línea editorial a partir del enfrentamiento de su propietario Ricardo Salinas Pliego con el gobierno federal por una deuda multimillonaria de impuestos, pasó de un día a otro de ser parte de la comitiva empresarial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a ser el enemigo número uno del régimen por sus prerrogativas fiscales.

Grupo Salinas, presidido por Salinas Pliego, llegó a un acuerdo con el SAT para pagar una deuda fiscal histórica de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, a través de un convenio que establece que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos se ingresaron directamente a la Tesorería de la Federación, como un primer pago, mientras que el resto se liquidará en 18 pagos.

La deuda se saldó, la amenaza judicial ceso, la nueva Corte dio la razón al gobierno federal y anuló todos los recursos legales del Grupo Salina…Pero la confrontación creció.

Es sólo el seguimiento de un conflicto con los medios de comunicación de la 4T que inició Andrés Manuel López Obrador desde la primera mañanera, y quien durante seis años convirtió las mañaneras en tribunal político, paredón mediático y púlpito presidencial. Desde ahí se dictaban sentencias diarias contra periodistas incómodos, medios críticos y organizaciones civiles que osaban cuestionar al régimen.

Nunca cerró un periódico, es verdad; nunca retiró una concesión, también es cierto, pero la censura moderna ya no necesita tanques frente a las redacciones, ni policías confiscando rotativas, ni tomar por la fuerza un periódico, ahora basta con desacreditar todos los días desde el poder.

Porque cuando un presidente señala desde Palacio Nacional a un periodista, no habla un ciudadano cualquiera; habla el hombre con todo el aparato del Estado detrás. Y en un país donde ejercer el periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo, cada palabra pesa.

Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión lo advirtieron desde muy temprano: la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” cruzó la frontera entre la réplica institucional y la estigmatización pública. El mensaje era simple: quien critique al gobierno será exhibido frente a millones.

Y mientras desde el atril presidencial se negaba cualquier acto de censura, aparecían otras señales inquietantes: espionaje con Pegasus, filtración de datos personales de periodistas acreditados en las mañaneras, campañas digitales de linchamiento y una narrativa permanente contra “los medios conservadores”.

La paradoja es brutal: un movimiento que nació denunciando abusos del viejo régimen terminó utilizando varias de sus herramientas más eficaces de presión política.

Ahí están las acusaciones de espionaje con Pegasus, investigaciones periodísticas y organizaciones civiles denunciaron que durante el sexenio continuó el uso del software espía Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos.

La investigación “Ejército Espía” reveló presuntas intervenciones a periodistas y activistas entre 2019 y 2021 atribuidas al Ejército mexicano. Posteriormente, Artículo 19 señaló que documentos judiciales del caso WhatsApp-NSO Group apuntaban a cientos de posibles víctimas de vigilancia en México durante 2019.

López Obrador negó que hubiera espionaje ilegal y argumentó que se trataba de labores de “investigación” de seguridad.

En enero de 2024 se filtraron en internet datos personales de más de 300 periodistas que cubrían las conferencias mañaneras, incluyendo identificaciones, teléfonos y fotografías.

Organizaciones defensoras de la prensa advirtieron que la exposición de esos datos ponía en riesgo la seguridad de reporteros en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Lo preocupante es que el modelo comenzó a replicarse en los estados gobernados por Morena.

Ahí está el caso de Layda Sansores y su confrontación con periodistas campechanos; o las presiones denunciadas durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta; o las restricciones informativas señaladas en Oaxaca con Salomón Jara Cruz; o las denuncias documentadas en Tamaulipas durante el ascenso político de Américo Villarreal Anaya.

Todos tienen algo en común: la convicción de que el periodista crítico es adversario político.

Y ahí radica el verdadero peligro.

Porque cuando un gobierno deja de distinguir entre oposición y periodismo, la democracia comienza a erosionarse lentamente. Primero llegan las descalificaciones. Después las campañas digitales. Luego las presiones judiciales. Más tarde la autocensura.

La censura del siglo XXI no siempre clausura medios; muchas veces sólo busca intimidar lo suficiente para que nadie publique.

En San Lázaro varios legisladores morenistas se indignan cuando se les recuerda que el viejo PRI también decía defender la libertad de expresión mientras operaba controles silenciosos sobre periódicos, estaciones de radio y canales de televisión.

La historia política mexicana enseña algo elemental: ningún gobierno cree ser censor mientras censura.

Y quizá ésa sea la forma más peligrosa del autoritarismo.