Otro país/Tomás Tenorio Galindo

Trump, Venezuela y México, hoy

En nombre de la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos, Estados Unidos intenta arrollar la libertad, la democracia y los derechos humanos de un país entero. Así de absurda es la situación que el gobierno de Donald Trump ha creado respecto a Venezuela, donde pretende imponer a un nuevo presidente. El mismo país que sostuvo a las más opresivas y sanguinarias dictaduras de América Latina, ¿no soporta ahora ver que el pueblo venezolano “muera de hambre”, como dijo Mike Pompeo el sábado en la ONU?

Al cabo de cinco días de esta crisis, es obvio que el tema no es ya la situación interna de ese país –sin duda deplorable en los muchos y filosos ángulos de su contexto–, sino la campaña global emprendida por Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro haciendo pedazos la soberanía venezolana.

La reacción en cadena que desató el reconocimiento que el gobierno de Estados Unidos extendió de inmediato al diputado Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela es todo, menos un acto espontáneo de la oposición de ese país o de los países que secundaron a Donald Trump. A la luz de los acontecimientos, es evidentísimo que todo obedece a un plan trazado en la Casa Blanca y los sótanos de la CIA para desestabilizar a Venezuela.

La vehemencia y enfermiza determinación con que el gobierno de Trump pretende consumar esos planes quedó expuesta el sábado durante la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, citada a solicitud de Estados Unidos. Según expresó ahí el secretario de Estado de Estados Unidos, la imperiosa necesidad de sacar del poder a Maduro proviene del hecho de que el pueblo venezolano “se muere de hambre”. Con ello, Pompeo quiso rebatir el argumento del representante de Rusia, que ahí mismo había calificado las acciones de Estados Unidos como un “quebrantamiento del derecho internacional” y un intento de “orquestar un golpe de Estado” contra Maduro.

Pompeo acudió a esa reunión acompañado por Elliott Abrams, un viejo experto norteamericano en maniobras sucias y nombrado por Trump como enviado para “restaurar” la democracia en Venezuela. Con la histórica arrogancia con que Washington ve al mundo, Pompeo llamó “Estado mafioso” al gobierno venezolano y lanzó en ese encuentro una amenaza explícita: “ahora es el momento para que toda nación escoja un bando. No más demoras, no más juegos. O están del lado de las fuerzas de la libertad o están en liga con Maduro y su desorden”.

Estados Unidos buscaba salir del Consejo de Seguridad con un acuerdo que le permitiera desarrollar y probablemente llevar más allá con prontitud su propósito de imponer a Guaidó con el alegato de la ilegitimidad de la reelección de Maduro, la violencia empleada contra las protestas opositoras y la ausencia de democracia y Estado de derecho en Venezuela. Pero se lo impidieron Rusia y China. (La Jornada, 27 de enero de 2019).

El enfrentamiento que protagonizaron en la ONU Estados Unidos, por un lado, y Rusia y China por el otro, tuvo la utilidad de poner sobre la mesa las cartas que se juegan y la identidad de los jugadores en torno a la crisis venezolana. Al mismo tiempo que ese debate se desarrollaba en Nueva York, Francia, España, Alemania y Gran Bretaña emitieron a su vez lo que los medios consideraron un ultimátum a Maduro para que convoque a nuevas elecciones presidenciales en el plazo de ocho días, con la advertencia de que de no atender la orden, reconocerían a Guaidó como “presidente interino”. Sin que se explicara la diferencia, en la postura que hizo pública casi simultáneamente la Unión Europea, a la que pertenecen esos cuatro países, desapareció el ultimátum y el plazo de ocho días y sólo figuró la exigencia de convocar a nuevos comicios. La respuesta de Venezuela la ofreció el canciller Jorge Arreaza, en los términos que requería la impertinencia y el tono imperativo de los cuatro países europeos: “¿Europa dándonos ocho días de qué?”, dijo.

Es probable que el ultimátum quede en un gesto equívoco, en un alarido incierto. Sin embargo, debe hacerse notar el esfuerzo que hicieron la Unión Europea y los países que lanzaron el ultimátum por no aparecer como peones de Estados Unidos en la campaña contra Maduro, por aparentar que se trataba de una iniciativa propia, aunque sin éxito, porque eso es lo que realmente hicieron, de la misma manera servil en que dos días atrás se mostraron los gobiernos de Brasil, Colombia y hasta Canadá y otros al hacer suyo el manotazo de Trump.

Italia, en cambio, rompió la simetría europea el mismo sábado, al proponer, casi como plantearon México y Uruguay, impedir que Venezuela sea teatro de confrontación de las potencias y objeto de una imposición extranjera. “En este momento es de fundamental importancia evitar una escalada de violencia dentro del país y al mismo tiempo tratar de evitar que Venezuela, a través de la imposición de países extranjeros, pueda convertirse en un campo de confrontación y división entre actores globales”, dijo con sentido de la prudencia el primer ministro Giuseppe Conte. Fue una forma diplomática de contrarrestar el intervencionismo de Trump.

Pero hasta donde puede percibirse, Trump está resuelto a ver realizados sus planes. Del anuncio de una asfixia financiera del gobierno venezolano mediante el bloqueo de sus cuentas en el exterior y el exhorto a cortar todo trato económico con Maduro para reorientarlo al “presidente interino”, en el curso de unos días Washington está pasando a la amenaza del uso de la fuerza militar. Ayer, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, amagó abiertamente con una “respuesta significativa” si Venezuela utiliza la violencia contra la oposición o contra el personal diplomático estadunidense que permanece en Caracas pese a la ruptura de relaciones entre ambos países y la instrucción oficial para que Washington cierre su embajada, lo que no hará, según expresó el funcionario de la Casa Blanca.

Es decir, Washington ha empezado a construir las condiciones para provocar un incidente que le permita justificar una acción de fuerza contra Venezuela. Si a ello se agrega la advertencia formulada por el propio Trump la semana pasada, en el sentido de que no ha considerado ninguna opción en concreto, pero todas las posibilidades están abiertas, el futuro cercano no parece tranquilizador.

Las críticas al gobierno de Maduro tienen sustento en la terrible realidad que ahoga a la población de Venezuela. Eso es inocultable. Pero si no podemos estar de acuerdo con eso, menos podemos estar de acuerdo con el intervencionismo que patrocina y encabeza el gobierno de Estados Unidos para derrocar a Maduro e imponer en ese país un nuevo gobierno bajo su control. Por eso, en esta materia la posición que han adoptado el gobierno de López Obrador, el gobierno de Uruguay o el gobierno de Italia –en las que no se plantea la sola y simple prolongación del gobierno de Maduro ni la defensa a ultranza que enarbolan Rusia y China, sino que apelan a los remanentes de lucidez y cordura que queden en la política del país–, tiende una salida pacífica que se contrapone a la violenta campaña emprendida por Trump.

Es posible, pues, que Maduro sea indefendible, pero hay alternativas pacíficas y no intervencionistas para que Venezuela resuelva sus conflictos internos, entre otras la que ofrecen México y Uruguay. Por otra parte, nada le concede a Estados Unidos la facultad de intervenir en otra nación para imponer a un presidente, ni de alterar a su arbitrio y de acuerdo a sus exclusivos intereses, la frágil estabilidad de América Latina. Nunca la ha tenido.

Por esas razones, y en lo que se refiere a México, es imperioso que López Obrador abandone la excesiva cautela que ha mostrado al respecto y asuma un papel más activo y vigoroso en la defensa de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. No se trata sólo de que México no intervenga en los asuntos internos de otros países, sino de pugnar que tampoco lo hagan otros gobiernos. Es una batalla digna de ser asumida. De todos modos, ni es su amigo ni hay nada que Trump le vaya realmente a agradecer.

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