Percepciones económicas/Salvador Guerrero Bermúdez de Castro

*Plan emergente para Manzanillo

En materia marítima, ante el significativo aumento de los volúmenes de carga y el incremento de buques y contenedores, los usuarios y operadores del puerto de Manzanillo solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aplique un “plan emergente” a fin de solucionar la saturación que presenta el recinto portuario.
Y es que desde hace poco más de cinco meses el puerto de Manzanillo se ha visto rebasado ante la creciente demanda de los servicios marítimo-portuarios.

Al respecto, el flamante coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Héctor Flores y el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, acordaron instrumentar un plan piloto para el puerto de Manzanillo, mismo que se extenderá como la nueva estrategia nacional de puertos.

Uno de los temas más sensibles que se abordaron se refiere a establecer un canal de coordinación entre los tres niveles de gobierno para superar las condiciones de Manzanillo. El compromiso es disminuir las afectaciones ocasionadas a la ciudad por el crecimiento portuario y dotar a la infraestructura logística aduanera de nuevas soluciones que permitan un desahogo más eficiente del puerto.

En el encuentro estuvieron Claudia Sánchez Porras, directora general de Puertos y Alejandro Oldenbourg Ochoa, secretario de Fomento Económico estatal, quienes se harán cargo de este plan piloto que contempla detonar el desarrollo portuario regional, mediante la creación de una política pública en la que participen más los empresarios en coordinación con los tres niveles de gobierno para desarrollar actividades logísticas, comerciales e industriales.

Otro de los acuerdos fue permitir al estado la participación en la terminal de cruceros de Manzanillo, como parte de la nueva política experimental para generar oferta turística.

Anteriormente, Héctor López, en un reciente encuentro con la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria (AMIP) ya había señalado que saldrán de los puertos las aduanas para llevarlas más cerca de los corredores industriales, buscando un mayor equilibrio entre las actividades portuarias, turísticas, comerciales e industriales del país para mejorar la dinámica portuaria, incentivar la integración industrial y promover centros de distribución de productos nacionales. ¡Veremos!

**Tren Maya en marcha

Resulta que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) solo se contemplan seis mil millones de pesos para el Tren Maya en 2019, lo que representa una cantidad mínima respecto a los requerimientos presupuestales que suman más de 150 mil millones de pesos para el total de la obra, por eso el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a la iniciativa privada para que apoyen el proyecto.

Nos comentan los que saben, que de entrada el gobierno buscará la asesoría de Ferromex que dirige Alfredo Casar Pérez, para la reconstrucción de varios tramos ferroviarios en los que ya existe el derecho de vía, pues la existente se encuentra muy deteriorada, aunque la parte más complicada será donde no existe este derecho que es la zona protegida. La Semarnat señaló que iniciará los estudios de impacto ambiental mientras se trabaja donde ya existe vía férrea.

En Quintana Roo, nos comentan, en el tramo entre Cancún y Tulum, ya existe un proyecto en marcha que encabeza el gobernador Carlos Joaquín y por parte de la iniciativa privada se encuentra Fernando Chico Pardo de Asur.

La incertidumbre surge en las declaraciones de algunos funcionarios que hablan de entre 900 y 1 mil 500 kilómetros de longitud, una diferencia nada más de 600 kilómetros.

De los seis mil millones de pesos solicitados al Congreso para ejercer en 2019, 5 mil 800 millones de pesos se destinarán para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga y 200 mdp se destinarán para estudios para los inversionistas para la construcción de la vía ferroviaria y para la construcción de polos de desarrollo.

***Apoyo al transporte público de la frontera

Una buena noticia para los transportistas fronterizos es que el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la Sofom, Mercader Financial, que es el brazo de financiamiento de Dina Camiones, firmaron un convenio modificatorio a un contrato de crédito existente para ampliar la línea de crédito revolvente de Mercader por 380 millones de pesos y dar continuidad al programa de adquisición de vehículos de bajas emisiones en la zona fronteriza de México.

“El programa de autobuses de bajas emisiones ha resultado un éxito y brinda una alternativa más limpia y eficiente para el reemplazo de flotas a los sistemas de transporte público de comunidades fronterizas”, comentó, Alex Hinojosa, director general del BDAN. A la fecha se han financiado cerca de 400 unidades nuevas a proveedores de servicios de transporte en ocho zonas urbanas de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. El propósito del programa es mejorar el parque vehicular de transporte público al facilitar el financiamiento de unidades con tecnología de bajas emisiones que cumplen con los límites establecidos en la NOM-044-SEMARNAT-2017 para vehículos que usan diésel y para vehículos a base de gas natural comprimido que cumplen con límites equivalentes a los establecidos por la EPA en 2016. ¡Cuánta falta hacen esos programas en las principales ciudades del país!

****Cuarta transformación en universidades
En materia política, luego del error en el PPEF en cuanto a la reducción del presupuesto a las universidades, el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), René Bejarano, señaló que la autonomía universitaria no es pretexto para no hacer una revisión del gasto, pues denunció que en esas instituciones de educación superior existe una “burocracia dorada” que gana más que los trabajadores, profesores e investigadores.

Al encabezar la Asamblea Nacional del MNE, Bejarano acusó a ese sector privilegiado de hacer simulaciones con los recursos presupuestarios que se destinan a dichas entidades y lo comparó con lo relacionado con la “estafa maestra”, ya que nunca se realizó una investigación del destino de los recursos que se otorgan a las universidades.