Diputados aprueban nacionalidad única para cargos ejecutivos
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2025.- El Congreso local exhortó a la fiscal general de Justicia (FGJCDMX), Bertha Alcalde y al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, Pablo Vázquez, a continuar la investigación sobre la participación de grupos violentos en la manifestación del pasado 15 de noviembre, que provocó disturbios en la explanada del Zócalo.
El diputado Paulo Emilio García González (Morena) afirmó que estos sucesos son parte de una estrategia de desestabilización para generar caos y no fue una marcha espontánea, ni apartidista, ya que “se quiso usar a las juventudes escondiéndose detrás de la llamada Generación Z para expresar odio a nuestro movimiento y al Pueblo”.
Aseguró que en esta movilización no hubo expresiones a favor de las demandas de este sector de la población y que existen “pruebas que confirman que detrás de los hechos violentos del Zócalo están figuras centrales de la oposición”, quienes operaron para generar estos actos.
Ante la participación de funcionarias que han sido o son parte de la estructura, o cercanas, soliciatron la separación temporal de sus cargos a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, así como aquellos que hayan intervenido en estos sucesos.
Esta proposición también exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a generar un acuerdo que integre una comisión especial de seguimiento a las investigaciones respecto de estos actos, y a la Secretaría de la Contraloría General CDMX a investigar posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de las alcaldías mencionadas.
También llamaron a los legisladores integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC a sumarse a la condena de las prácticas de violencia y a favor de la solución pacífica y democrática de diferencias políticas.
Al hablar en contra, el congresista Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) se pronunció en contra de la creación de la comisión en comento y, en caso de crearla dijo que ésta deberá ser “una de la verdad, no de persecución, autónoma, plural y con facultades reales, que no responda a intereses del poder, sino de la exigencia de la justicia, una comisión que investigue los abusos cometidos por servidores públicos, documentar los hechos y visitar a las personas detenidas”.
Gerardo Villanueva Albarrán (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) afirmó que la marcha fue utilizada por grupos violentos que buscan alterar la vida pública capitalina.
Y se expresó a favor de que la FGJCDMX y la SSC continúen las investigaciones con transparencia y apego a la ley para dar con los responsables, y cuestionó el origen de los 90 millones de pesos que costó la campaña de redes sociales para promover esta movilización.




