Por crimen y robo en Iztapalapa, condenan a hombre a 49 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2026.- La Fiscalía de CDMX informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 49 años, 10 meses y 15 días de prisión contra Juan N, tras acreditar su responsabilidad como coautor de los delitos de homicidio calificado y robo, cometidos contra dos personas el 3 de noviembre de 2023 en la colonia San Andrés Tomatlán, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos las víctimas acudieron al lugar para comprar un vehículo, cuya adquisición habían acordado previamente por teléfono.

Al llegar, fueron interceptadas por cuatro hombres, entre ellos Juan N, quien amenazó con un arma de fuego a una de las víctimas, mientras otro de los participantes apuntaba a su acompañante. Entre los cuatro les robaron sus pertenencias.

Cuando los agresores se retiraban, una de las víctimas les exigió que le devolvieran su cartera y sus documentos. Uno de los hombres ordenó que le dispararan y otro accionó un arma de fuego contra él, causándole la muerte.

Juan N fue detenido y vinculado a proceso el 8 de noviembre de 2023.

Para sustentar el caso, la Fiscalía CDMX recabó el testimonio del sobreviviente y de una testigo presencial, además de declaraciones de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La investigación también incluyó dictámenes periciales en criminalística de campo, medicina forense, fotografía, química, análisis de video, psicología y balística.

El 27 de octubre de 2026, se determinó la pena que deberá cumplir Juan N. Además de los más de 49 años de prisión, se le impuso una multa de 16 mil 287 pesos y se ordenó el pago de un millón 37 mil 200 pesos como indemnización por la muerte de la víctima, así como 12 mil 446 pesos por gastos funerarios.

Asimismo, se ordenó el pago de 38 mil 742 pesos para terapias psicológicas a favor de una víctima indirecta menor de edad y de 41 mil 678 pesos para la esposa de la víctima fallecida, también reconocida como víctima indirecta en el proceso, así como la devolución de los objetos robados.

La autoridad judicial negó la posibilidad de sustituir la pena de prisión por otra medida y ordenó suspender los derechos políticos del sentenciado durante el cumplimiento de su condena.