Quien afecta a la UNAM, afecta a México: CNDH exige pronta investigación

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2018.- “El miedo, la violencia y la inseguridad que enfrenta nuestra sociedad ha tocado espacio en los que no puede tener cabida ni puede ser aceptada”, expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al solidarizarse con los miembros de la comunidad UNAM que han sido víctimas de tales hechos.

En presencia del rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, directivos de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Ombudsman nacional sumó su reclamó para exigir una investigación pronta, objetiva e integral de la balacera registrada el pasado viernes 23 en Ciudad Universitaria, donde en un enfrentamiento perdieron la vida dos presuntos narcomenudistas.

Al inaugurar la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado centrada en los Derechos Humanos, lamentó los hechos de violencia ocurridos recientemente en espacios de Ciudad Universitaria.

“La Universidad ha sido y debe seguir siendo un espacio para la construcción de la cultura, el desarrollo del conocimiento, de la investigación y la formación de nuestra juventud”, dijo en el reclamo de que se afecta no sólo a la comunidad estudiantil, sino al país entero.

El titular de la CNDH reiteró que es tarea en el bien común preservarla de que el crimen y la violencia vulneren a la UNAM y afecte a su comunidad.

A siete años de la Primera Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, donde se contó con 88 especialistas para la conformación del documento Elementos para la Construcción de una Política de Estado, que incluía 36 propuestas de acción inmediata de iniciar un cambio ordenado y con rumbo en ese ámbito, lamentó que autoridades optaron por otros caminos y rutas distintas a las sugeridas en el texto.

Reprobó que las estrategias no se centraron en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción de número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos.

“La realidad ha puesto en evidencia que las acciones emprendidas desde los distintos niveles de órdenes de gobierno no fueron eficaces ni eficientes”, señaló al referir que el entorno complejo que se enfrentaba en el país en 2011 no es más alentador en 2018.

Actualmente, mencionó que la inconformidad desatada por la Ley de Seguridad Interior es la manifestación más reciente, pero no la única de la situación crítica que vive el país. En el diagnóstico pesan el repunte de la violencia criminal, la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las instituciones del Estado, así como una incidencia incontenible de víctimas.