Ráfaga

Crisis Generalizada a Los 22 Meses del Sexenio

Desaparecer Instituciones y Fideicomisos

Austeridad Republicana y Pobreza Franciscana

Quitarle La Autonomía al Poder Judicial

Censurar a Los Medios de Información

Jorge Herrera Valenzuela

En dos meses la Primera Presidenta de México cumplirá años de estar despachando en Palacio Nacional, sin un plan político o un programa nacional de desarrollo propio.

Tampoco ha definido su ideología. Carece de control administrativo-político y no tiene mando en el Movimiento de Regeneración Nacional, su partido.

Su sexenio no es ni siquiera gris.

Durante los 22 meses como Jefa del Poder Ejecutivo Federal, solo tiene el título. Ganó por muchos, muchos, millones de votos y tiene un poder absoluto que no ejerce, porque sigue los lineamientos de quien la hizo Presidenta de México y hoy, desde su refugio en “La Chingada”, Chiapas, sigue conduciendo al País. Es Vox Populi.

La doctora en Ciencias Claudia Sheinbaum Pardo no escucha a sus consejeros, a sus asesores, a sus colaboradores, porque cree que “las mañaneras” son un medio ideal para gobernar.

Le falta carisma, audacia, personalidad para engañar, no trasmite lo que desea llegue a quienes ven, oyen o leen, lo que dice en el set televisivo Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional.

Tiene enfrentamientos verbales y escritos con su amenazante homólogo norteamericano.

Los problemas nacionales siguen con la misma complejidad. Los gobernadores y los presidentes municipales hacen lo que quieren y le dan el avión a quien es responsable de la política interior, la Secretaria de Gobernación.

De los dos asuntos actuales, de mayor envergadura, es notorio que no encuentra la salida correcta.

Considera que tiene razón y justifica censurar a los medios informativos, así como ofrecer puertas abiertas, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a los aspirantes que sean rechazados en la UNAM.

Así, pues, México y sus más de 130 millones de seres (bebés, niños, adolescentes, jóvenes, sesenteros y Tercera Edad) están en una crisis nacional, no aceptada por quienes siguen engañados con los programas sociales, el reparto de dinero producto de los impuestos que pagamos y de los endeudamientos oficiales.

Conozco a dos funcionarios federales que cargan con el enorme peso de la seguridad pública en todo el territorio y la desajustada, desequilibrada, economía, la pérdida del poder adquisitivo. El golpeteó internacional no cesa.

Sí, me refiero a Omar H. García Harfuch y a Marcelo L. Ebrard Casaubón.

El primero lucha incansablemente contra la delincuencia organizada, liquida a grupos delictivos, aprehende a “cabecillas” del narco y expone su vida. La mayoría de los gobernadores o gobernadoras, hacen como que cooperan.

Ebrard Casaubón pone en juego las experiencias adquiridas desde hace más de 30 años, nacional e internacionalmente. Tiene buena imagen ante los funcionarios del gabinete norteamericano y, tal vez, del mismo Donald Trump. No dudo que en cualquier momento su jefa lo regrese a su escaño en el Senado de la República.

ELIMINAR A CIVILES Y MILITARES

Desde su tercera campaña político electoral para ser Presidente de México, el tabasqueño advirtió que en cuanto tuviera el poder, procedería a presentar reformas administrativas en aras de la denominada “austeridad republicana” y cumplió desde el primer minuto de su mandato.

El Estado Mayor Presidencial (EMP) fue el primer golpe que asestó el hijo de Macuspana. Desapareció a la medianoche del 30 de noviembre de 2018. El nuevo huésped de Palacio Nacional declaró que el EMP era “un séquito militar para privilegiados”.

Institución militar, cuya responsabilidad principal fue resguardar la integridad física e institucional del Presidente de la República. El tabasqueño cobró venganza, porque los elementos del EMP jamás le permitieron el acceso a las instalaciones presidenciales.

Doña Claudia mantuvo esa disposición y ratificó que los militares continuarán en tareas ajenas a lo que señala la legislación de la Administración Pública Federal. Hoy son empresarios, directores de empresas ferroviarias, correos, administradores de bancos oficiales y constructores, albañiles, de edificios del gobierno.

En el terreno civil, fueron eliminados los organismos institucionales que servían de contrapeso al Gobierno Federal, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, Notimex y 44 instituciones más, independientemente de los Fideicomisos.

Lo que empezó el tabasqueño para aplicarnos “La Austeridad Republicana” y “La Pobreza Franciscana”, en diciembre del 2024, lo consolidó la Primera Presidenta de México, a través de las correspondientes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

PASITOS HACIA LA DICTADURA

Los seis años del pasado régimen presidencial y los 22 meses del actual nos dejan testimonios, irrefutables, de cómo se desarticula el sistema democrático, por el que hubo cruentos enfrentamientos hace más de cien años.

El Movimiento Armado de 1910, tras el derrocamiento de Porfirio Díaz, fue base formal para que, siete años más tarde, México tuviera la más avanzada Constitución Política, preservando los derechos sociales y el sistema democrático para gobernar.

Con artimañas de toda naturaleza y sometiendo, con prebendas políticas y económicas, a grupos, el Congreso de la Unión quedó sujeto a las órdenes presidenciales.

El primer paso en el sendero hacia el sometimiento de los legisladores, estaba dado.

Ante la falta de contar con la mayoría de votos en las Cámaras de Diputados y Senadores, “hubo alianzas” con dos grupos de comerciantes de la política (PVEM y PT), quienes “voluntariamente” entregaron sus votos al hombre poderoso.

Las iniciativas de reformas constitucionales enviadas de Palacio Nacional a los legisladores, deberían ser aprobadas “sin quitarles ni una coma”. Se cumplieron no los deseos sino las órdenes, aunque se estuvieran violando los derechos de la ciudadanía.

LA SUPREMA CORTE A MODO

El Jefe del Ejecutivo Federal al fracasar en su intento de controlar a ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación, no pudo imponer al titular del Pleno, insistió mediante una guerra abierta contra la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

¿Cómo continuar el plan autoritario y fortalecerse hacia la dictadura como en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua?

Modificaciones “legales” aprobadas, en septiembre de 2024, por el Congreso de la Unión, respaldadas por el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos políticos subvencionados por el Presidente de México, determinaron que el 31 de agosto de 2025 cesaban los once integrantes del Pleno.

Todo se confeccionó en Palacio Nacional, utilizando al Instituto Nacional Electoral, INE, para el Golpe de Estado contra el Máximo Tribunal del Poder Judicial. Las novedades: se redujo a 9 el número de integrantes del Pleno y el presidente solo duraría dos años como tal, sin posibilidad de reelegirse.

Para el efecto, como “vía de orientación al pueblo bueno y sabio” el INE editó millones de acordeones y los distribuyeron en toda la República. Aparecieron impresos los nombres de los candidatos a la Suprema Corte, a diferentes Tribunales a Magistrados y a Jueces de Distrito.

En forma increíble, los nueve nombres, impresos en el extenso acordeón, ganaron la votación y están en la Suprema Corte: Ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahfl y María Estela Ríos González.

Firman como Ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Los que encabezaron las listas: Hugo ganó la primera presidencia con más de ¡seis millones de votos! y Lenia quedó en segundo lugar, porque apenas tuvo ¡5.8 millones de votos! y en septiembre próximo será la presidenta de la SCJN. La jurista Yasmín Esquivel Mossa cubrirá los dos últimos años del sexenio, pues en las urnas apenas rebasó los ¡cuatro millones de votos!

LA CORONA DEL AUTORITARISMO

Días antes del comienzo de la feria mundial futbolística, la doctora en Ciencias Claudia Sheinbaum Pardo nos anunció que planeaba reformas constitucionales tendientes a “regularizar” la definición entre “noticia” y “opinión”, como términos periodísticos.

Después se filtró que la Primera Presidenta de México tiene la intención de “controlar” las informaciones noticiosas que se transmiten en las estaciones radiofónicas y en los noticieros televisivos.

Siguiente anuncio, en circulación, entrar al terreno de las mundialmente utilizadas redes sociales y al periodismo digital. Es el medio más moderno, inmediato e impactante, auténtica aplicación de la libertad de expresión, aunque hay quienes, por sus compromisos sociales, políticos y económicos, se exceden.

Al grano: desarticulada la Administración Federal, controlado el Congreso de la Unión y anulada la autonomía del Poder Judicial, para poner la corona al autoritarismo y actuar dictatorialmente, la censura, la prohibición de criticar, la limitación de expresar el pensamiento.

La única ocasión en que los mexicanos supieron de una medida extrema, coartarle el derecho a la libertad de expresión, fue entre 1853 y 1855, cuando Antonio López de Santa Anna promulgó la Ley Lares (redactada por el jurista potosino Teodosio Lares), por razones lógicas era de una Ley de Imprenta.

Consistía en que los editores de publicaciones, periódicos, diarios y revistas, deberían de entregar su material al gobierno para que se autorizara lo que debía publicarse, so pena de la clausura de oficinas y talleres; los infractores, a prisión.

Denise Dresser nos comenta en su columna, el lunes de esta semana en el diario Reforma, que la pregunta decisiva es “¿debe ser el Estado quien determine qué información está suficientemente contextualizada, qué investigación es suficientemente veraz y cuándo un periodista cruzó la línea de lo aceptable?”.

Antes la reconocida colega afirma: “Ningún gobierno anuncia que quiere censurar. Ningún gobierno anuncia que pretende intimidar periodistas, domesticar medios o estrechar el debate público”. Denise añade en que los gobiernos ponen énfasis al hablan de proteger a la sociedad, a los ciudadanos y a las audiencias.

En su concepto, el proyecto titulado “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, “es un manual para disciplinar periodistas, una guía para acallar la crítica”.

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