Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de septiembre de 2020.- El Senado de la República recibió cuatro peticiones para consulta popular: la petición del Ejecutivo federal y dos por ciudadanos para enjuiciar a ex presidentes por actos de corrupción y una más de senadores de distintos grupos parlamentarios para apoyo económico.
A cada una de ellas se le ha dado el trámite constitucional correspondiente de acuerdo con las disposiciones constitucionales en la materia aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez. En caso de ser aprobadas cualquiera de ellas podrían realizarse en agosto de 2021.
La petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar sobre la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
El senador de Morena explicó que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar la constitucionalidad de la pregunta dentro de los 20 días siguientes; si la Corte declara constitucional las Cámaras procederán a discutirla y si se aprueba por mayoría se emite la convocatoria respectiva y se ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) su realización.
En un segundo caso, la ciudadana Yeidckol Polevnsky Gurwitz acudió a presentar firmas de ciudadanas y ciudadanos, con el siguiente cuestionamiento:
¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
De igual manera quedó formalmente registrada la petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena con firmas de ciudadanas y ciudadanos, con la siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
En este caso, el procedimiento consiste en turnar el expediente al INE para verificar el cumplimiento del requisito del dos por ciento de firmas y si este es validado, dentro de los 30 días siguientes.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad dentro de los 20 días siguientes, si la Corte la declara procedente, por conducto de las Mesas Directivas el Congreso de la Unión emitirá la convocatoria y ordenará al INE su realización.
El cuarto caso, corresponde a la solicitud presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios, con la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid 19?
Este caso, se informó, será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.
El senador Eduardo Ramírez adelantó que se informará al Pleno en la sesión convocada para el día 22 de haber recibido las solicitudes anteriormente mencionadas para continuar con el proceso correspondiente en términos de la Ley Federal de Consulta Popular.