Reformas de Peña, con nulos resultados, revela Cuenta Pública 2017

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero de 2019.- El Informe General Ejecutivo Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, que entregó este miércoles ante diputados el titular de la Auditoría Superior de la Federación David Colmenares, se reveló los pocos o nulos resultados que tuvieron las reformas estructurales como la Energética y Educativa, así como diversos programas sociales que fueron implementadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sobre los casos relevantes, se refirió a la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, implementada en el periodo 2013- 2017, donde aseguró que quedó en evidencia que los resultados observados no reflejan un avance en el cumplimiento de los objetivos planteados, puesto que la inversión en el sector se redujo 59.7 por ciento en 2017, al igual que la extracción de crudo, ya que en dicho periodo disminuyó 6.2 por ciento en promedio anual. 

Mientras que, también se incrementaron significativamente los precios de los combustibles a los usuarios finales; en cuanto a la infraestructura, ésta decreció 14.6 por ciento al pasar de nueve mil 379 pozos en 2013 a ocho mil ocho en 2017; asimismo, la disminución de los campos de producción; terminales de distribución; complejos petroquímicos; unidades de servicios a pozos, y equipos de perforación y reparación de pozos, provocó que la extracción de crudo, en el periodo 2013-2017, disminuyera a una tasa media anual de 6.2 por ciento, al pasar de 921.6 a 711.2 millones de barriles.

En lo que se refiere a las Empresas Productivas Subsidiarias, Pemex Transformación Industrial y Pemex Fertilizantes, la ASF indica que no sólo no fueron rentables, sino que destruyeron valor económico en su operación.

“En conclusión, la consolidación de Pemex como empresa productiva del Estado es un proceso de mediano y largo plazo que requiere de la revisión integral de los planes y las estrategias a seguir, así como de las correcciones pertinentes en la gestión de largo plazo de las actividades petroleras”, apuntó el auditor.

Sobre la Reforma Educativa, Colmenares Páramo señaló que se habían realizado diversos cambios en los componentes del Sistema Educativo Nacional, enfocados en la actualización del plan y los programas de estudio así como ; la implementación del Servicio Profesional Docente, entre otros puntos, sin embargo, sostuvo que las observaciones versaron en la falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en profesionalización docente y gestión escolar.

Asimismo, se detectaron mecanismos de coordinación ineficientes; también que las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente.

La auditoría también encontró opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y se careció de un modelo de evaluación integral por parte del INEE.

En relación con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en el ciclo escolar 2017-2018, la ASF consideró que la SEP no demostró que la ampliación del tiempo de permanencia de los alumnos en este formato, incidiera en la mejora de los aprendizajes, en virtud de que se desconoce el nivel de logro educativo, “esto evidencia que el programa, contrario a lo dispuesto en las Reglas de Operación, no benefició exclusivamente a los alumnos de comunidades con alto índice de pobreza”.

En el caso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio la ASF señala que persistieron deficiencias en la procuración e impartición de justicia, debido a que los protocolos de la Policía Federal no cumplieron con su objeto de dotar al Primer Respondiente con instrumentos homologados para su actuación; la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) requiere implementar mecanismos para garantizar la conclusión y evitar el rezago de las averiguaciones previas derivadas del Sistema de Justica Penal Inquisitivo.

En lo que corresponde a la impartición de justicia por parte del Consejo de la Judicatura Federal, la auditoría indica que persiste el riesgo de la saturación del sistema que, de no controlarse, no garantizará los derechos de las víctimas, en términos de la procuración de justicia pronta, completa e imparcial.