Tecmilenio y Google impulsan el uso responsable de la IA en el aula
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de septiembre de 2026.- En seguimiento al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número 09/09/26, que establece condiciones y prácticas para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción y el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional (SEN).
“Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral, fortaleciendo la atención, el contacto humano y la comunidad”, aseguró el secretario Mario Delgado Carrillo.
Al respecto, recordó que, en el marco de la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), los representantes de las 32 entidades del país firmaron y aprobaron por unanimidad el Acuerdo Nacional.
Delgado Carrillo informó que, a partir de este 22 de septiembre y durante un periodo de 30 días hábiles, se presentarán a las comunidades escolares los lineamientos para Educación Básica, Media Superior y Superior, mediante asambleas informativas y de sensibilización dirigidas principalmente a maestras, maestros, madres y padres de familia, con el propósito de que conozcan detalladamente su contenido y las disposiciones correspondientes a cada nivel educativo.
“El Acuerdo cobra mayor relevancia a partir de los resultados de la encuesta realizada durante el pasado Consejo Técnico Escolar (CTE), en su Fase Intensiva, en la que participaron más de 565 mil maestras y maestros. Destacó que 81 por ciento de las y los participantes apoyan la creación de reglas y lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales en los planteles escolares”, resaltó.
Destacó que este instrumento busca contribuir a la construcción de entornos escolares saludables, seguros e inclusivos, que favorezcan el aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las personas educandas.
Señaló que el Acuerdo reconoce que los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje cuando su uso responde a fines pedagógicos. Sin embargo, también señala que su utilización inadecuada, excesiva o sin regulación puede afectar la atención, la concentración, la interacción y el aprovechamiento académico de las y los estudiantes.
Detalló que, para educación básica, en el caso de primaria y secundaria, se establece la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar, como una medida orientada a proteger los derechos y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Informó que, en educación media superior, el Acuerdo dispone fomentar el uso responsable y seguro de estos dispositivos y limitar su utilización no pedagógica durante la jornada escolar, de acuerdo con las características y necesidades de cada institución. Para ello, las comunidades educativas deberán realizar procesos de consulta, diálogo y construcción de acuerdos que permitan definir las medidas aplicables en cada plantel.
Entre las modalidades que podrán establecerse en el nivel medio superior se encuentran el resguardo de dispositivos en espacios designados por la escuela, la definición de horarios y áreas autorizadas, la suspensión de su uso durante toda la jornada escolar o el uso programado con fines de aprendizaje. Estas medidas deberán ser acordadas por la comunidad educativa y podrán incluir excepciones por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.
Delgado Carrillo destacó que, en educación superior, se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales durante la jornada escolar, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa y a las disposiciones de las autoridades competentes. Lo anterior se implementará con pleno respeto a la autonomía universitaria, administrativa y académica de las instituciones.




