Dejan descuartizado en cajuela de auto en Costera de Acapulco
CIUDAD DE MÉXICO. 9 de septiembre de 2024.- El activista ecológico Carlos Álvarez Flores, que tiene presencia en distintos estados del país, fue desmentido por la empresa Servicios Industriales para el Manejo del Medio Ambiente (SIMMA), grupo al que acusó presuntamente por haber vertido residuos peligrosos en un lugar no autorizado en las inmediaciones de La Paz, Baja California Sur.
En un comunicado dirigido a autoridades federales, del gobierno de Baja California Sur que encabeza Víctor Manuel Castro, y del municipio de La Paz, que dirige la morenista Milena Quiroga, SIMMA sostiene que la aparición de residuos peligrosos se produjo el pasado mes de marzo, cuando esa empresa había dejado de prestar sus servicios a hospitales públicos de esa entidad debido a un trámite administrativo que los obligó a suspender el transporte de estos desechos por un periodo de cuatro meses.
De esta forma, de acuerdo con la empresa, es imposible imputarles cualquier tipo de responsabilidad en la comisión de alguna falta ambiental. En su mensaje, SIMMA apunta que en los últimos meses han sido objeto de al menos tres inspecciones, las cuales no arrojaron ningún elemento que pudiera constituir una sanción.
“Es preciso destacar que en los últimos meses se han llevado a cabo al menos tres revisiones exhaustivas sobre el proceder de nuestra empresa en el manejo de los residuos peligrosos, desde su origen hasta su disposición final, mismas que no arrojaron ningún tipo de irregularidad o de elemento que pudiera constituir una falta”, señala el comunicado.
La empresa con más de diez años en la industria de los desechos peligrosos adviere que, “desafortunadamente, en este tipo de situaciones se interponen intereses de tipo económico”.
Carlos Álvarez Flores, quien es conocido en Baja California Sur por su activismo en contra de los gobiernos morenistas en particular en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, amagó con presentar esta semana una denuncia en contra de SIMMA por un presunto delito ambiental.