Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

Hace unos días, escuchando la conversación de unos jóvenes universitarios, oí los lamentos de uno de ellos por los hechos ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. Su tesis fundamental fue que ahí se llevó a cabo un operativo de “contra insurgencia” para acallar la protesta civil asesinando objetivos específicos o a dirigentes sociales “clave”.

Honestamente, es la primera vez que escucho esa teoría de la “contra insurgencia” como un operativo de Estado para silenciar la inconformidad social y debo admitir que en ese momento hasta me causó risa porque pensé: “Si el Estado tuviera capacidad para hacer eso, muchos pseudo dirigentes de la CNTE estarían en la cárcel”.

Sin embargo, pasado un rato y luego de reflexionar sobre el tema, pensé que más allá de la Contra Insurgencia, de la estrategia de Control de Masas o de la capacidad del Estado para monitorear este tipo de movimientos, lo que hay detrás de todo esto es contubernio y complicidad. En cada caso, dígase Nochixtlán o Ayotzinapa, alguno de los 3 niveles de gobierno sabe, pero calla.

Lo que hay, en todo caso, es un “silencio de Estado”. Tanto en Oaxaca como en Guerrero, siempre hubo políticos que sabían de lo que estaba sucediendo pero decidieron guardar silencio ya sea porque negociaron con las partes y las convirtieron en grupo de choque contra sus enemigos, o de plano se convirtieron en parte del Crimen Organizado.

En Oaxaca, por ejemplo, es del dominio público que el fortalecimiento de la Sección 22 de la CNTE tuvo su máxima expresión desde la aparición de la APPO en el 2005, y que hubo varios políticos, e incluso algún ex gobernador que apoyó con recursos a los líderes de ambas organizaciones para debilitar a un de por sí desprestigiado Ulises Ruiz.

En Guerrero, el caso es más evidente. Todo mundo sabía que José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, tenía una fortuna considerable, que se extendía en joyerías hasta la ciudad de México, pero eso a los partidos no les importó y lo hicieron candidato. Y ahí la llamada “izquierda mexicana” tuvo mucho que ver.

Es precisamente eso: los acuerdos de partido, el “silencio de Estado” y la creación de expedientes “para cuando sea útil la información”, lo que han generado este gravísimo clima de inestabilidad y violencia que vive México y que empieza a germinar en otras esferas sociales que hasta el momento se veían alejadas de todo ese lodazal.

Es por eso que los estudiantes, solidarios por antonomasia, no entienden todavía el origen de lo sucedido en Nochixtlán, ni el porqué de la embestida contra la CNTE.

Ellos ven que no se trata de la represión tradicional, con gases y golpes. No es tampoco un operativo de contención de masas. Hay uso de armas de fuego, pero en uno y otro bando.

En Nochixtlán hubo armas de alto poder, como las que se encontraron hace décadas en todo Michoacán, en los tiempos en que el ínclito y no menos hipócrita Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano gobernaba sin saber el origen de esos artefactos con los que grupos armados tomaban las alcaldías de toda la entidad sin que él pudiera hacer nada.

Michoacán está gobernado por el narco desde entones y Guerrero también. Oaxaca es un caso distinto, porque ahí hay grupos ideológicos históricos que se mueven, apoyando a regañadientes a la CNTE, que hasta hace poco los alimentaban financieramente, hasta que se emprendió la Reforma Administrativa, que no Reforma Educativa del secretario Nuño.

Sea como sea hay contubernio, complicidad y Silencio de Estado, porque todos están involucrados hasta el cuello.

¿El caso Sonora, olvidado?

Es por eso que las corruptelas de gobernadores, alcaldes, Secretarios de Estado y Presidentes de la República se conocen justo antes del fin de sus mandatos, generalmente en momentos de interés electoral. La Justicia mexicana se mueve así, cuando poderes superiores se lo ordenan. Ni antes ni después.

Esa es la lógica y la mecánica bajo la cual surgen casos como los de Guillermo Padrés, Humberto Moreira o Javier Duarte –sólo por mencionar los más sonados–, mandatarios que actuaron impunemente, se enriquecieron sin que sus Congresos Estatales les pusieran un alto y al final vino la negociación: el PRI ganó Sonora, el PAN aceptó la derrota y acordaron sepultar lo demás.

¿Eso es lo que pasará también en Coahuila y Veracruz?

No es que el Estado carezca de capacidad para ubicar personas y delitos. Lo que hay son acuerdos perversos, aplicación de una justicia selectiva y generalmente impunidad para los de arriba, que se lavan las manos mandando a la cárcel a la carne de cañón, a esos ilusos que creyeron que por su dinero compartían el poder cuando sólo eran Kleenex.

Estados alterados, estados quebrados pero…

Ahora el hermano de Humberto y Rubén, Álvaro Moreira Valdés, suena entre los nombres que competirán por la Alcaldía de Saltillo el próximo año. Álvaro, el ahora Secretario de Organización del PRI estatal, se vislumbra como uno de los eslabones para perpetuar en la entidad el llamado “Moreirato”.

Mientras tanto, Senadores PAN presentaron denuncia ante la PGR contra Humberto Moreira por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

En Veracruz, el Gobernador Javier Duarte trata de lavar el lodo. Informó que sólo cuenta con 2 casas -no 25-, valuadas en 1.7 millones de pesos, mientras que sus joyas, donadas por su suegra, muebles y obras de arte suman 2.8 millones. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación tiene detecta un desvío de recursos por 35 mil millones de pesos.

El director de Catastro de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, mintió a la PGR en su informe sobre propiedades que poseen diversas personas cercanas al Gobernador Javier Duarte. Ocultó datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías y de su concuño, José Armando Rodríguez, señalados en una denuncia penal como prestanombres del mandatario priista.

Pero las corruptelas no sólo ocurren en los gobiernos. Los partidos políticos también le entran.

Partidos a la mitad

Marco Antonio de la Mora Torreblanca, quien fuera líder del PVEM en Guerrero, se quedó con un terreno de esa fuerza política valuado en 7,9 millones de pesos, lo que derivó en una multa de 11 veces esa cantidad para el partido. Además, ha realizado transacciones inmobiliarias en Acapulco.

Las autoridades no dan el ejemplo

Pero las autoridades tampoco dan un buen ejemplo. Ahora sabemos que el INE prevé erogar en 2017 cerca de 228 millones de pesos para renta de vehículos, pese a que le han dicho que resultaría más económico comprarlos. Eso también es ofensivo para un país con más de 50 millones de personas en la pobreza extrema.

Y Manlio no desiste

El expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reapareció en una comida “entre amigos” en la que anunció la creación de una asociación civil integrada por exdiputados de la LXII Legislatura para analizar el futuro del país. Otro grupo de chantaje, digamos, que seguirá sacando selectivamente los trapitos que se ha guardado durante años para ventilarlos al sol.

Lo peor del caso es que Enrique Ochoa mismo le abrió la puerta para regresar, acompañado como siempre de Emilio Gamboa, Batman y Robin. Tuvo que acordar con ambos para explicarles el por qué el PRI quitó la red de protección a los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.  Ahora habrá que ver cómo se injerta este nuevo “grupo” en las estructuras del PRI.

Estado de México, esa joya indecorosa

En el Estado de México, el PRD parase estar dispuesto a seguir por el camino de la indignidad. Luego de sus alianzas electorales con el PAN, ahora están perfilando el otro lado de la mejilla para ponerla a disposición de Morena, según dijo Omar Ortega, dirigente del PRD en el Edomex, quien reiteró que están listos para “la apertura” –aunque parezca un recochino albur-  con el partido de López Obrador.

Sin embargo, en el PAN tampoco quitan el dedo… del renglón y le remueven las pasiones a ese solferino partido, pues resulta que la máxima dirigencia sabe que sin alianza, poco podrán hacer contra el PRI y en el Estado de México, el PRD sí mueve contingentes, aunque usted no lo crea, aunque en otros 13 estados está por desaparecer. En cuatro estados perdió el registro al no rebasar al menos 3 por ciento de votos en los comicios locales.