Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

El fenómeno Trump o de la incapacidad de gobernar

Cualquiera pensaría que el arte de gobernar es un ejercicio reservado para mentes brillantes. Si los oficios y profesiones requieren algún tipo de examen, el dirigir a un pueblo, un estado o una nación debieran exigir la mayor capacidad y aptitud.

Sin embargo, en los hechos estamos viendo en todo el mundo que no es así. La humanidad entera está expuesta al riesgo de ser gobernada por idiotas o enfermos mentales que piensan en el exterminio como única vía de depuración.

La semana pasada sorprendió la advertencia del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama al hablar de un Donald Trump “incapacitado” para gobernar, en una especie de mensaje cifrado para señalar que el mundo puede quedar en manos de un loco.

Sin decir textualmente que se trata de una mente insana, Obama dijo que Trump no parece tener conocimientos básicos de temas críticos en Europa, Medio Oriente o Asia, “significa que lamentablemente no está preparado para hacer este trabajo”.

El debate sobre la “incapacidad” del millonario, tras los insultos de Trump a la familia del soldado musulmán muerto en Irak, cuyos padres participaron en la Convención Nacional Demócrata, arreció y se tradujo en un par de deserciones en la campaña del millonario.

Richard Hanna, legislador por Nueva York en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rompió con el candidato del Partido Republicano tras ese incidente y decidió respaldar a Hillary Clinton.

“Trump no es apto para servir a nuestro partido y no puede liderar este país”, el republicano es “una vergüenza nacional”, afirmó Hanna, quien previamente había anunciado que no buscaría la reelección como legislador.

Luego el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, cercano aliado de Donald Trump, se distanció del candidato presidencial republicano, también por los ataques a la familia musulmana, cuyo hijo murió en Irak en 2004, sirviendo al Ejército estadounidense.

Fue un arranque de conciencia dentro de la clase política estadounidense que de pronto abrió otras reflexiones sobre la “incapacidad” de gobernar y el nivel intelectual, académico y moral que debe tener un gobernante.

EL CASO FOX, DÍAZ ORDAZ, ECHEVERRÍA, LÓPEZ PORTILLO

Extrapolado a México, el “fenómeno Trump” abre la polémica sobre los Presidentes que hemos tenido y cuántos de ellos tenían la capacidad para ocupar la Primera Magistratura de un país tan complejo y multicultural como éste en el que vivimos.

De Díaz Ordaz a Fox, pasaron 40 años en los que todo indica que hemos estado dirigidos por personajes mental o intelectualmente incapaces para gobernar; 4 décadas de crímenes multitudinarios, sordo genocidio y disparates monumentales.

Cuando pasó la primera experiencia del gobierno panista, muchos pensamos que México entraría a una nueva era de alternancia en el poder, en la que los propios partidos se convertirían en el contrapeso de sus actos. Sin embargo no fue así.

Lejos de depurar sus métodos de selección de candidatos, los partidos convirtieron la política de “alianzas” en el mecanismo para unir debilidades e intereses, al margen de líneas ideológicas y programas de gobierno.

Sin principios y de la manera más cínica e inmoral, se compran y venden candidaturas en México. Los partidos grandes dan vida artificial a partidos rémora; y cuando los candidatos resultan personajes indeseables, simplemente se desentienden.

Puestos en ese plano, la incapacidad mental y la inmoralidad, se vuelven elementos igual de peligrosos en la tarea de gobernar, porque en ambos casos hay falta absoluta de ética para discernir y todo les parece un “fin justificado” o un “fin de Estado”.

Exterminar grupos o personas por razones políticas es igual de grave y perverso que “eliminar” enemigos para conservar los territorios de zonas de trasiego. Eso es, ni más ni menos, lo que ahora se mezcla en la política mexicana.

Razones políticas y luchas de mafias conviven en todo el territorio nacional, permeadas y permitidas por partidos políticos que han sido incapaces de gobernar; que acallan la ley por conveniencia o populismo; que aplacan a sus grupos y demonios internos, de cara a la sucesión.

PÉRDIDA DE AUTORIDAD MORAL

En México se ha generado una absoluta pérdida de autoridad moral de los partidos y  gobernantes que en el colmo de la estupidez, pretextan no haber estado enterados qué clase de rufián postularon para un cargo.

Es grave cuando el sistema es incapaz de garantizar la calidad de la joya más preciada del aparato que lo mueve: sus gobernantes; resulta trágico ver cómo los partidos se responsabilizan unos a otros.

A nivel de alcaldías, que es el primer contacto con la ciudadanía, vemos repetidos los casos de los Abarca y ahora el de Juan Carlos Arreygue Núñez, involucrado en el asesinato de 10 personas que luego fueron calcinados, en un presunto ajuste de cuentas del crimen organizado.

Al igual que los Abarca, o que la narco diputada Lucero Sánchez, los candidatos pasaron todos los controles de confianza del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías Estatales sin que nadie advirtiera nada.

¿Falta de inteligencia política o corrupción? Cualquiera de las dos es grave e involucra a todo el aparato. El cargo se compra y el partido sólo espera canonjías. Los Estados, los municipios y ahora vemos que la Federación, son incapaces de garantizar seguridad porque ni siquiera saben quiénes son los mandos que operan el poder.

Más grave aún que la sociedad civil ya no sólo se sienta desprotegida, sino ahora impotente para exigir sus derechos porque es el mismo SISTEMA el que se levanta para amenazarla: si no pagas impuestos te vas a la cárcel. El sistema de justicia en México está rebasado.

Es grave, sumamente grave, que uno de los sectores productivos tenga que ampararse ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación para demandar el respeto a sus derechos y a sus garantías individuales.

Pero más grave aún contra quién lo hacen: contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, contra su gabinete de seguridad y contra los gobernadores de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México. En términos legales, es un amparo contra el Estado Mexicano.

El por qué: actos u omisiones (más lo segundo) que han violado los derechos humanos de los ciudadanos. El Estado Mexicano ya no actúa debido a esa profunda falta de autoridad moral. Ha prohijado dirigencias sociales que luego se vuelven en su contra.

Sin embargo, el Estado Mexicano ha creado no sólo grupos políticos y sociales que luego se soliviantan (SNTE, CNTE, Asamblea de Barrios, 400 Pueblos); ha sido magnificente también con intereses económicos y oligopólicos so pretexto del interés general, con “moche” incluido.

No se trata sólo de los bloqueos en las calles o de daños en carreteras y comercios. La ley se ha torcido también para otorgar privilegios fiscales a empresas trasnacionales con la condonación de impuestos o el otorgamiento casi de por vida de enormes extensiones de tierras, como ocurrió en Sonora o Nuevo León. Es una descomposición total la que se observa, porque todo el Estado Mexicano está bajo cuestión. No hay una sola pieza que esté libre de culpa.

TRAS BASTIDORES PAN, GASTOS MILLONARIOS

Comisiones encabezadas por panistas en la Cámara de Diputados contratan asesorías de empresas que encabezan militantes de Acción Nacional. Actualmente las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Bicameral de Diálogo y Conciliación para Chiapas de la Cámara de Diputados tienen contratados servicios de consultaría, sin importar que cada órgano legislativo cuenta con un número costoso de asesores.