Visión Financiera/Georgina Howard

Malas decisiones en FGR  

Vaya que al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, se están tomando malas decisiones a pesar de la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19, pues diversos funcionarios han decidido reducir al personal encargado de la limpieza de sus instalaciones. 

Se trata de la directora de Servicios de Apoyo, Nancy Alejandra Hernández Arce, quien pidió a la actual proveedora de limpieza que su plantilla pase de 405 a 338 empleados, alegando “reducción del personal en oficinas”. 

Sin embargo, le faltó tomar en cuenta que las áreas a desinfectar son las mismas, y sobre todo, que en el contexto actual del Covid 19 se están aplicando protocolos de aseo profundo y más rigurosos para evitar la propagación del virus entre aquellos que por la importancia de sus funciones continúan asistiendo a las oficinas gubernamentales. 

Pero eso no es todo, ya que, con la supuesta intención de cumplir con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para informar que el personal de limpieza mayor de 60 años, en periodo de gestación, lactancia y con enfermedades crónico degenerativas, no podrá ingresar a las instalaciones, así sin un plan para que estos empleados sigan teniendo su sueldo. 

Lo más curioso es que también solicitó que la empresa encargada sustituya a esos trabajadores, situación que perjudicaría directamente sus ingresos, ahora que más lo necesitan. Alguien habría de recordarle que entre las instrucciones presidenciales también está proteger a los que menos tienen. 

Ante esto, no cabe duda que la Fiscalía ha quedado muy mal parada ante el manejo de la contingencia sanitaria, basta con recordar que la semana pasada fue denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de Rosario Piedra, bajo la acusación de que los Ministerios Públicos Federales y empleados administrativos no seguían a cabalidad las medidas de prevención emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la misma Secretaría de Salud, de Jorge Carlos Alcocer Varela.

*** ¿Gato por liebre en IMSS Veracruz Norte? 

Suenan las alertas ente lo que todo supone que, en la Delegación Estatal del IMSS Veracruz Norte, que lleva María de Lourdes Carranza Bernal, estaría por cerrarse esta misma semana un fallo para la compra de cartuchos de impresión, mismo que sería una tomada de pelo y un gran golpe a los bolsillos del instituto, que a nivel nacional lleva Zoé Robledo.

Se lo digo porque siete de las 11 interesadas en la Licitación LA-050GYR014-E93-2020 decidieron ofertar cartuchos de marca Lexmark, a pesar de que la empresa de Isaac Bessudo es bien sabido que trabaja con productos remanufacturados o reciclados, tal como paso a inicios de año en Tamaulipas. Mientras que en Veracruz Norte dice claramente en la Convocatoria que los tóners deben ser totalmente nuevos para garantizar su calidad.

Ante este panorama, se espera que la encargada de Abastecimiento y Equipamiento, Ana Laura Puig Lagunes, declaré desierto el proceso, pues recordemos que dichos insumos son utilizados para la impresión de recetas y estudios, los cuales son indispensables en el contexto actual de la crisis sanitaria.

*** Fonacot esconde 

TOME NOTA *** Sorprende la premura con que el equipo de Alberto Ortiz Bolaños echó a andar el Fondo de Protección de Pagos, pues este generó riesgos altos en el Instituto Fonacot. Esto es revelado en la Auditoría 04/2019. Sin embargo el Comité de Transparencia decidió no darlo a conocer públicamente, tal como respondieron el Titular de la Unidad de Transparencia y Atención Ciudadana, Gerardo Pigeon Solorzano y el titular del Órgano Interno de Control, Leopoldo Garduño. 

Su argumento es que las áreas comprometidas, entre ellas, la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, a cargo de Roberto Barrera, se encuentran tomando acciones respecto a las recomendaciones realizadas, pero se olvidan que entre ellas está la violación de al menos 20 leyes y reglamentos, tal como lo asegura el documento en poder de esta columnista. Ante esto, ¿cuál será la opinión de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf? Será interesante saber por qué de su silencio ante esto.