Visión financiera/Carlos Howard

Tan malo el pinto como el colorado

Si bien las declaraciones de algunos candidatos electos ganadores por algunas entidades han externado su deseo firme de mandar a sus antecesores a la cárcel por corruptos, la lista rebasa con mucho al puñado de funcionarios que se mencionan y que han causado un detrimento financiero a sus estados.

No sólo se trata de César Duarte Jáquez, de Chihuahua; sino también de Javier Duarte de Ochoa, Padrés, los Yunes, Roberto Borge, Félix González Canto, Andrés Granier y la lista, por supuesto, sigue.

Y es que no importa el color, el partido político, la camiseta que se traiga puesta o las promesas de campaña. Todos son iguales.

Llegan al poder y antes de ver cuáles son las necesidades de su comunidad, buscan la forma de obtener recursos a costa del erario. No importa si para ello tienen que endeudar a su estado, hipotecarlo por varias generaciones o desviar recursos destinados a obra pública. Incluso, no les importó en su momento haber dejado sin medicamentos a los hospitales públicos, con tal de utilizar los recursos etiquetados para sectores prioritarios. Ahí están los casos de Andrés Granier Melo y Luis Armando Reynoso Femat, exgobernadores de Tabasco y Aguascalientes, respectivamente.

Ambos, acusados de enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos. Granier Melo nunca respondió ni pagó por el desfalco, que en su gobierno fue más de mil 900 millones de pesos. Y quien fuera su secretario de Finanzas, José Manuel Saíz Pineda, ya se encuentra en el penal de Tabasco, desde el 10 de junio pasado.

Reynoso Femat, tampoco aclaró la compra simulada de un tomógrafo que costó más de 13 millones de pesos. El dinero se gastó, pero el aparato nunca apareció. Este ex gobernador de Aguascalientes, ni esclareció tampoco la riqueza sospechosa de su hijo Luis Armando Reynoso López, a quien durante el gobierno de su padre se le depositaron, en varias cuentas bancarias, 58 millones de pesos.

A la lista de los funcionarios públicos que se han visto involucrados en desfalcos y malversación de recursos, se suman los casos de los recientes ex gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, entre otros.

Pese a las denuncias públicas y acusaciones en su contra, la mayoría de los implicados disfruta de su libertad plena y muchos, con la gracia que les da el fuero, se placean por los pasillos del Congreso.

*** Aquí no pasa nada

El actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ha sido señalado por otorgar obras sin licitación a la empresa AyPP Constructores, propiedad de su amigo Armando Prida Huerta.

Primero, le dio 400 millones de pesos para la construcción de una enorme rueda de la fortuna, y luego, 200 millones más para un teleférico.

Hay documentos que avalan los beneficios que ha otorgado a muchos empresarios poblanos, entre ellos, Antonio Gali Fayad a quien Manuel Espino, exdirigente del PAN, denunció penalmente por enriquecimiento ilícito.

Otro que también ha sido señalado públicamente por hacer mal uso de los recursos públicos, es el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, hoy senador de la República. A él se la acusa de utilizar empresas gestoras como Golfmex, Garocia, Global Consulting y Consorcio R&G para defraudar a mil 200 municipios.

Cuando todavía era secretario de Hacienda, y con miras a ser el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República, Cordero Arroyo ofreció “a diestra y siniestra” recursos para obra pública, como lo denunció en su oportunidad Reporte Índigo.

A los alcaldes les pedía dinero, y a los constructores el 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.

En la lista también aparece Carlos Romero Deschamps, actual líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien tiene una averiguación previa de la PGR. A Romero Deschamps se le imputa el delito de fraude por 3 mil millones de pesos, correspondientes a las cuotas de los sindicalizados

*** Son pocos

Son pocos los funcionarios que, a pesar de ser acusados públicamente por algún delito, llegan a pisar la cárcel. Tal es el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien después de permanecer seis años recluido en el penal federal de alta seguridad del Altiplano –antes La Palma-, fue extraditado a Estados Unidos.

Un juez de Nueva York condenó Villanueva a 131 meses de prisión. El exgobernador se convirtió en el más alto funcionario mexicano juzgado en el país vecino.

En cambio, los exgobernadores de Baja California, Narciso Agundez, y de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, no pasaron ni tres años en la cárcel.

El primero enfrenta su proceso en libertad tras haber sido acusado por un desfalco mayor a los 55 millones de pesos, y el segundo resultó absuelto por falta de pruebas de su complicidad con el narcotráfico.

El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue uno más de los que pisó la cárcel acusado de malversación de fondos por 104 millones de pesos, junto con 54 de sus colaboradores, pero salió del penal tras permanecer 15 meses ahí.

Elba Esther: caso resuelto

TOME NOTA *** Enrique Peña Nieto apenas llevaba dos meses y 25 días como presidente, cuando se ejerció la primera acción penal de su gobierno. Fue un operativo discreto y sorpresivo para aprender a la lideresa vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.

Figura polémica de la que mucho se decía y poco se conocía. Semanas antes, Peña Nieto había anunciado su Reforma Educativa, fuertemente criticada por la maestra Gordillo.

Lo cierto es que todos llegan al poder y antes de ver cuáles son las necesidades de su comunidad, buscan la forma de obtener recursos a costa del erario, para enriquecerse. No importa si para ello tienen que endeudar a su estado e hipotecarlo por varias generaciones, o desviar recursos destinados a obra pública.

Por eso, es indispensable acabar con la impunidad y fortalecer los mecanismos de fiscalización y obligar a los gobernadores a que transparenten sus actos de gobierno.