Café para todos/Alberto Carbot

A pesar de las transformaciones en el sistema de partidos, las legislaciones electorales y en las normas democráticas -como si la modernidad no hubiera cambiado el sistema de participación política en el país-, la desconfianza continúa permeando y los mexicanos afrontamos aún la falta de credibilidad en los comicios, dilema que amenaza con mantenernos anclados en el pasado.

Esta reflexión surge a partir del análisis de las pasadas elecciones en Chiapas donde -a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya hizo entrega de las constancias de mayoría a los candidatos que triunfaron-, algunos notorios perdedores todavía se rehúsan a aceptar su derrota y amenazan y chantajean con invocar al fantasma del enfrentamiento social, como es el caso del cínico candidato panista Francisco Rojas Toledo, quien fracasó en su intento por volver a ocupar la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, derrotado por Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL y PCHU.

En países más avanzados democráticamente, es común que aún por un margen estrecho, los candidatos acepten los resultados preliminares, favorables o no, y cierren el capítulo de la competencia electoral para dar paso a otra etapa. En México, sin embargo, seguimos encadenados a la cultura del fraude, que ha sido tan nociva y nos impide avanzar.

Aquí, cada vez que se llevan a cabo elecciones de cualquier tipo -aún aquellas realizadas al interior de los propios partidos-, se suman las agrias voces de los derrotados y resentidos, presuntamente por haber sido víctimas del fraude de sus adversarios, como si ellos mismos no recurrieran a las usuales artimañas de entrega de despensas, coerción, compra de votos o hasta el robo y quema de urnas.

Los calificativos de “fraude generalizado” o “elección de Estado” siguen como la cantaleta favorita de quienes se dicen objeto de trampas electorales cuando los resultados les son adversos y luego realizan sus mejores actuaciones como plañideras aspirantes al Oscar o anticipan que realizarán artificiales huelgas de hambre -“aunque en ello se me vaya la vida”- como parodias de los 17 ayunos que realizó el líder hindú Mahatma Gandhi para promover la unión entre hinduistas y musulmanes y presionar a los británicos para conseguir la independencia de su país el 15 de agosto de 1947. Nada más patético.

En Chiapas, entidad de 4 millones 796 mil 580 habitantes, gobernada por Manuel Velasco Coello, existen algunos municipios donde aún se sigue hablando de fraude, a pesar del testimonio en lo contrario de los incontables observadores, quienes vigilaron que las elecciones fueran transparentes y los conteos correctos en los 122 municipios en disputa.

En los últimos 3 años -hasta el pasado proceso electoral, que tuvo lugar el pasado domingo 19 de julio-, el PVEM contabilizaba 47 alcaldías; 37 ayuntamientos del PRI y otros 8 en alianzas con el PANAL y Orgullo Chiapas; 15 alcaldías de la alianza PRD-PT-MC; 7 directas PAN y 7 más en alianza con el partido Orgullo Chiapas y, finalmente Orgullo Chiapas 1 de forma directa.

De las 122 alcaldías recientemente en disputa, el PVEM ganó en esta ocasión 59 ayuntamientos (15 solo y 42 en alianza con otros partidos); el PRI venció en 26 alcaldías, una de ellas en alianza con Chiapas Unido, que sumó a su vez 10 triunfos. Mover a Chiapas obtuvo 9 alcaldías y el PRD sólo ganó en 8, mientras el PAN se llevó 2 y el Partido del Trabajo otras 2, según el cómputo final.

Morena -a pesar de la intensa campaña proselitista de Andrés Manuel López Obrador-, apenas obtuvo una alcaldía, lo mismo que Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

En 3 de los principales municipios de la entidad -Comitán, Tapachula, y San Cristóbal de las Casas-, los resultados fueron dados a conocer oficialmente y aceptados por casi todos los contendientes, aun cuando en algunos casos, en teoría, no obtuvieron el triunfo los candidatos supuestamente afines a Velasco Coello o a su partido.

En Comitán, el priista Mario Antonio Guillén Domínguez venció al aspirante del PVEM Mario Francisco Guillén Guillén y en San Cristóbal, Marco Antonio Cancino González del PVEM-Panal, envió al tercer lugar a Enoc Hernández, del recién creado partido Mover a Chiapas, quien siempre contó con el respaldo de las altas instancias y reconoció públicamente su derrota.

Aún en Tapachula -donde la diferencia entre uno y otro partido fue más holgada, y triunfó abiertamente Neftalí del Toro, candidato del PRI-PVEM-PANAL con 42 mil 747 votos-, se presentaron impugnaciones y acusaciones de parte de Óscar Gurría Penagos aspirante de Morena, quien sólo obtuvo 29 mil 395 una diferencia de 13 mil 352 sufragios.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, el candidato del Partido Acción Nacional, Francisco Rojas Toledo, acusó a Fernando Castellanos Cal y Mayor -de la coalición PVEM-PRI-Panal y Chiapas Unido-, de haber ganado “fraudulentamente”, porque el conteo arrojó una diferencia de 795 votos. Habrá que decir que en este proceso participó sólo el 40 por ciento de los empadronados y que por Castellanos votaron 67 mil 385 electores, en tanto por el aspirante panista lo hicieron 66 mil 590 personas, de un universo potencial de 408 mil 925 electores.

Habrá que aclarar que el hecho de que desde la misma noche de las elecciones, Rojas Toledo haya salido a declararse triunfador -cuando no había siquiera una sola casilla contabilizada-, fue calificado como un clásico “madruguete” porque sabía que ese sería su seguro de vida política ante la opinión pública, en caso de resultar derrotado, como realmente ocurrió.

En contraste, Fernando Castellanos Cal y Mayor no adelantó vísperas y comentó que esperaría el cómputo oficial y acataría el resultado final, el cual obviamente no fue aceptado por su adversario Rojas Toledo, quien a su conveniencia, olvida de que en una democracia se gana o se pierde hasta por un solo voto.

Si este principio no es respetado por los contendientes ¿entonces para qué optar por las instancias electorales que tanto pesan sobre el erario nacional?

En tal caso -para ahorrarnos litigios postelectorales, amenazas, descalificaciones y el pago de una enorme suma en estas instituciones y seleccionar a nuestros gobernantes-, podríamos optar por un sistema diferente, como el juego de “piedra, papel o tijera”, la lotería o simplemente utilizar una “tómbola”, como lo hizo el partido Morena, de Andrés Manuel López Obrador, para elegir a sus candidatos, aunque usted piense que se trata de una broma, un juego casero o divertimentos en una kermes.

Desgraciadamente otra vez estamos frente a un viejo dilema político, pero sobre todo filosófico y existencial, que se resume en la pregunta ¿qué caso tiene votar si los participantes no aceptaran un resultado que no les sea favorable?

Ahí tenemos el mal ejemplo de Gustavo Madero, presidente de Acción Nacional quien afirmó desproporcionadamente que como no triunfó su candidato, las pasadas elecciones en Chiapas habían sido “el gran fraude del siglo”, olvidando de paso que hasta hace pocas semanas su propio partido amenazó al mismo Rojas Toledo con un proceso de expulsión, por haber sido evidenciado en una filmación al interior de un exclusivo restaurante de Tuxtla Gutiérrez, recibiendo gruesos fajos de billetes de parte de un empresario poblano, que sin el menor rubor el mismo aspirante se llevó dentro de una caja de zapatos.

Y en este sentido habría que preguntarle al propio Gustavo Madero -y de paso a Carlos Navarrete, presidente del Partido de la Revolución Democrática, quien se ha sumado a las acusaciones de fraude electoral, al igual que lo hizo desde la tribuna Zoe Robledo, el cínico senador del PRD-, si el reducido margen que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República en el 2012, también fue producto de un “descomunal fraude” como supuestamente lo indicó entonces Andrés Manuel López Obrador, y en qué proporción lo ubican: “fraude grande, mediano o pequeño; de la década, el siglo o el milenio”.

Ante las exigencias de que el gobierno de Velasco Coello reconozca como ganador de la alcaldía a Francisco Rojas, no quedaría más que recordarle al dirigente nacional panista que su petición es una franca apología a violentar la Ley Electoral que precisamente su propio partido reformó bajo la presidencia de Felipe Calderón y que esta es la primera elección que se lleva a cabo en Chiapas con consejeros emanados y avalados por la misma ciudadanía y vigilados por el INE.

Si los reclamos trascienden el orden constitucional local -por los resultados que dan fe de la derrota del candidato panista a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez-, habrá que esperar que las inconformidades tengan como destino un aleatorio fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque esta eventualidad todavía no es un recurso definitivo desde el punto de vista formal, sino una mera especulación debido a presiones políticas en las altas instancias.

Vale la pena cuestionarse por qué tratar de acudir a estas instancias y politizar y finalmente judicializar un asunto que es eminentemente resultado de un proceso electoral que ya fue sancionado por una institución ad hoc.

La respuesta es simple y llana: porque no hay madurez suficiente, sino una especie de infantilismo, que lleva a perdedores como Rojas Toledo, a victimizarse ante una sociedad que él mismo ha ofendido al recibir dinero ilegal, suscribir contratos amañados durante su gestión como presidente municipal para favorecer a compañías eléctricas, aprovecharse del erario público para su provecho personal y las vergonzosas agravantes hacia su ex mujer, víctima de su patanería y violencia, que lo han llevado igualmente a ser detenido por la policía.

Rojas Toledo es una figura absolutamente prescindible en el PAN, donde realmente hay hombres valiosos y honorables, como el empresario Enoch Araujo, quien ya fue alcalde, de grata memoria, porque hizo un buen gobierno o Juan Jesús Aquino Calvo, ex diputado federal plurinominal y ex líder del Congreso chiapaneco, quien tiene un largo camino por delante.

A Rojas Toledo, la arrogancia y la soberbia le impiden entender que si obtuvo una votación copiosa, fue porque existió un “voto de castigo” y no porque él mismo fuese un buen candidato, pues muchos no olvidan su pésima gestión, plagada de irregularidades y corrupción. Evidentemente, este voto se emitió más bien para infligir un escarmiento al Partido Verde Ecologista de México por sus escándalos a nivel nacional y sus múltiples y reiteradas violaciones al código electoral.

Este voto no sanciona propiamente a Manuel Velasco Coello -quien ha tenido un buen desempeño, que desafortunadamente no ha sido plenamente evaluado ni difundido profesionalmente y con mesura, y porque su actividad política desde hace algunos meses ha estado bajo el escrutinio público nacional-, sino es un llamado de atención general de los chiapanecos hacia el propio sistema de gobierno en Chiapas y en todo el país, porque el estado no es una ínsula, sino una entidad permeada, como el resto de la nación, por la problemática global de México.

Al gobernador realmente le ha fallado su política de comunicación social. Sus actuales operadores han fracasado en transmitir su sencillez y el respeto a la población y comunicar de manera profesional, los avances registrados en infraestructura, en obras realizadas, y ha confiado esta importantísima labor a gente con nula capacidad, falta de honestidad e inteligencia y allí están los calamitosos resultados, a la vista de todos.

GRANOS DE CAFÉ

Corrupción e impunidad son el verdadero yugo que somete a los mexicanos, porque van más allá de la voluntad de la autoridad. Pese a los esfuerzos realizados por Miguel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal para combatir los índices delictivos en la Ciudad de México -con instrucciones precisas para el Procurador, Rodolfo Ríos, y al Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, a fin de que dirijan todos sus esfuerzos a disminuir los delitos en puntos rojos, que se han convertido en verdaderas zonas de peligro, como Lomas de Chapultepec-, la presencia de malos elementos en la SSP sigue mermando cualquier avance.

Tal es el caso de la inspectora Linda Nayelli Sánchez Sánchez, con clave “Alfa” del Sector Chapultepec, supuesta “comandante” quien cobra desde 250, hasta mil 500 pesos semanales, a empresarios de las Lomas de Chapultepec  por “derecho de piso”.

La denuncia fue hecha pública por los mismos empresarios de la zona, quienes ya consiguieron una audiencia con Mancera. Ella permite que sus elementos se ausenten del sector y se distraigan de sus labores para cumplir sus instrucciones de cobro y la correspondiente entrega directa a los bolsillos de esta policía.

Y es que el perímetro de Lomas de Chapultepec se ha convertido en un punto rojo de la ciudad, no sólo por los asaltos y robos a casa habitación, sino también por las extorsiones de las que son objeto los empresarios por parte de la “comandante Alfa”, quien personalmente se presenta para amedrentarlos y exigirles el pago.

La impunidad con la que actúa esta mujer no sólo preocupa a los habitantes de Lomas de Chapultepec, sino a los propios policías de ese sector, ya que ella se cansa de presumir que es intocable…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]