Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Veracruz y la inaudita corrupción y sus efectos desbastadores a los ayuntamientos

El gobierno federal, pero fundamentalmente el Congreso de la Unión, son responsables de no haber actuado en su momento para evitar que el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, se fugara, pero son más responsables de haber permitido, junto con el Congreso del estado, que este sujeto y sus colaboradores más cercanos se hayan robado tanto dinero y hayan desfalcado tanto a la Universidad estatal como a los ayuntamientos, de manera inconcebible e inaudita.

El daño está hecho. Ahora, un total de 80 presidentes municipales de Veracruz, demandaron al gobierno federal se asigne a un interventor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que verifique la entrega de participaciones federales a los ayuntamientos.

En una misiva enviada al gobierno estatal y federal, los munícipes encabezados por el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, también solicitaron que de ahora en adelante las participaciones federales sean transferidas de manera directa a los municipios.

Zúñiga Martínez, alcalde de la capital del estado de Veracruz, aseguró que el debate no debe de ser entre alcaldes, debe ser de todos contra el desfalco que ha sufrido Veracruz.

“No ganamos nada si nos enfrentamos alcaldes contra alcaldes, cuando estamos en un mismo barco y tenemos exactamente la misma exigencia. Queremos que no haya un movimiento partidista, sino municipalista; no se debe de politizar, porque es un tema de administración pública”, afirmó.

Recordó que unos 80 alcaldes suscribieron un documento para expresar su preocupación por los adeudos del Gobierno del Estado, que están afectando gravemente la liquidez y la solvencia de los ayuntamientos. “El documento que se signó, no habla sólo de los alcaldes o de un partido, habla de un problema de los 212 municipios”.

Explicó que se está pidiendo que se respeten los pagos de las participaciones federales, que se deje de desviar el dinero y que tengan prioridad los Ayuntamientos en el dinero que llegue. Asimismo esperan que realmente haya un apoyo del Gobierno de la República y en el caso de que sea así, se solicitó un interventor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que ponga orden en los pagos.

“El dinero que reclamamos es estrictamente del orden federal. Es un recurso público destinado a los municipios que llegó a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero que no se dispersó, lo que está provocando que los Ayuntamientos estén al borde del colapso”.

El munícipe capitalino reiteró su apoyo y reconocimiento a la manifestación de los alcaldes del PAN y del PRD, que decidieron en su calidad de autoridades municipales tomar el Palacio de Gobierno y comentó que, después de la reunión sostenida en el Palacio Municipal de Xalapa, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado invitó a los alcaldes a Casa Veracruz.

En ese sentido, en Quadratín México publicamos que los diputados Julio Saldaña Morán y Leonardo Amador Rodríguez urgieron a los gobiernos de la República y de Veracruz, así como a sus respectivos congresos, a no ser partícipes ni cómplices del robo desvergonzado que se pretende contra la población de esa entidad mediante la retención y desvío del presupuesto.

Advirtieron que la situación en la entidad no está para más burlas ni violaciones flagrantes a la legalidad como la que se pretende con el traspaso de la responsabilidad de entregar esos recursos al nuevo gobierno que iniciará en diciembre próximo, prueba de lo cual es la toma del Palacio de Gobierno en Xalapa por parte de alcaldes del PRD, apoyados por el PAN y otros partidos que pretenden unirse.

Esta acción de protesta –dijeron– debe ser un acicate para que el Ejecutivo Federal recupere los recursos sustraídos indebidamente, en lugar de un pretexto para legalizar el despojo.

Alertaron que de incumplir los gobiernos federal y estatal una vez más los compromisos asumidos con los presidentes municipales respecto a la entrega de dichos recursos, la situación del estado puede llegar a niveles de ingobernabilidad indeseables que inevitablemente impactarán a otras entidades y a todo el país, pues se trata a todas luces de un mal precedente.

Saldaña Morán recordó que desde el 10 de octubre pasado advirtió de una crisis de inseguridad en los municipios veracruzanos a causa de la omisión gubernamental en la entrega del presupuesto federalizado de 2016, lo que lamentablemente se cumplió a pesar de dicha advertencia.

En ese entonces, indicó que  el entonces secretario de Gobierno y hoy gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y el Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se comprometieron a entregar los recursos a los alcaldes, encabezados por el propio Saldaña Morán, conforme a ciertas fechas.

A casi un mes de ese compromiso, ahora es el propio Flavino Ríos quien pretende legalizar el despojo de miles de millones de pesos a los veracruzanos mediante una reforma al Código Financiero en la que se traslada al próximo gobierno la responsabilidad de pagar los recursos que no aparecen, con lo cual se proyecta darlos por perdidos definitivamente.

A su vez, el parlamentario Leonardo Amador Rodríguez señaló que este “desvío ilegal y desvergonzado de presupuesto no debe ser tolerado por la justicia ni por el Estado de Derecho de nuestro país porque, ciertamente, la población no está dispuesta a aceptarlo.

Javier Duarte es un prófugo de la justicia después de que un juez ordenó este mes su detención por estar acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Duarte pidió y obtuvo licencia como gobernador de Veracruz el 12 de octubre, 48 días antes del fin de su mandato, según dijo para hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra, pero al día de hoy se desconoce su paradero.

Irónicamente, el Congreso de Veracruz aprobó este lunes el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015, donde se estima un daño patrimonial por un monto total de 16 mil 349 millones 315 mil 072.95 pesos, con casos como el de las empresas fantasma y con Javier Duarte al mando de la administración estatal.

El informe de la Cuenta Pública fue aprobado con 47 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Los votos en contra fueron de los diputados Ricardo Ahued Bardahuil y Jesús Vázquez González; una abstención fue del diputado Eduardo Sánchez Macías.

Esta aprobación da luz verde para que el Órgano Fiscalizador Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz inicie con procedimientos de sanción y denuncias correspondientes por el posible daño patrimonial contra quien resulte responsable.

Aprueba Congreso Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015

“Este Informe establece que la Cuenta Pública del Gobierno del Estado reporta un presunto daño patrimonial por 14 mil 220 millones 441 mil 220.5 pesos”, detalló el Congreso estatal, en un comunicado.

Apenas la semana pasada, expresamos que en las redes sociales los mexicanos han expresado su malestar por los graves actos de corrupción en la clase política. Lo que piden es que, más que la cárcel –situación que sin duda exigen–, es que los políticos corruptos como Javier Duarte, Horacio Duarte, Guillermo Padrés Elías y los que siguen, se les expropien sus propiedades, cuentas bancarias, empresas, negocios y todo lo inherente a lo robado proveniente de los recursos públicos. Y que todos esos recursos vayan a un fondo para que sean canalizados a las pensiones y al sector salud. Hasta vamos bien.

Pero ¿qué ha pasado con todos los recursos financieros, dinero en pesos mexicanos y divisas, bienes inmuebles y muebles, joyas, animales, etc., que les han sido confiscados a los narcotraficantes?…pues no tenemos mucha claridad qué es lo que hace el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) con todos esos bienes y a dónde van los recursos obtenidos en subastas.

Lo que sí sabemos y es un hecho, es que la corrupción ha tenido efectos desbastadores para la sociedad mexicana a lo largo de los años recientes, ha frenado el crecimiento económico, no ha mejorado las condiciones de vida de millones de personas, ha fomentado la explotación humana y ha enriquecido a una clase política. Hay que recordar aquella frase de Álvaro Obregón, de que no había general revolucionario que se resistiera a “un cañonazo” de 50 mil pesos.