Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La reconstrucción, su transparencia y el cambio generacional

El gobernante capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa indicó que habrá denuncias penales y cárcel en contra aquellas personas que, de manera irresponsable y como verdaderos vivales, solicitaron ayuda para renta, sin que sus inmuebles entraran a los programas de reconstrucción, por no haber sido afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Sin embargo, dijo que no en todos los casos porque “hay personas que desconocían, que no sabían que su familiar ya había acudido a solicitar ayuda para la renta. La Contraloría tendrá que decirnos en dónde hay casos ostensibles. Casos donde se trata de una bodega o donde ni siquiera vivían allí”.

Al dar a conocer el reporte de los daños del terremoto, indicó que esta tarea la desarrollarán con el apoyo de la Contraloría para determinar a quienes defraudaron a la administración capitalina. Hasta ahora, la Contraloría de la Ciudad de México, ha encontrado mil nueve casos de personas que cobraron tres mil pesos de ayuda de renta, sin haber perdido su vivienda por los sismos.

Además, dio a conocer que se tienen aproximadamente 156 carpetas de investigación en la PGJDF en contra constructores que cometieron un fraude contra los consumidores, al entregarles viviendas sin las medidas de construcción requeridas para aguantar sismos y mencionó que se tienen 25 albergues, a donde casi mil personas pernoctan. La Secretaría de Seguridad Pública local custodia 271 inmuebles y 12 campamentos, a fin de resguardar los bienes de los afectados y que están todavía adentro de los edificios.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, dio a conocer que por ser considerados de riesgo inminente, 160 inmuebles, principalmente edificios, comenzarían a derribarse a partir de esta semana, al resultar severamente dañados por el sismo.

Lo que muchos capitalinos preguntan, es que el programa de reconstrucción debe llevarse a cabo lo más pronto que se pueda, dar facilidades a cerca de ocho mil familias afectadas, para que vuelvan a la normalidad, si es posible antes de que finalice el año.

Otra cosa que están planteando los capitalinos, es que si bien es cierto que el gobierno federal no tiene injerencia en el manejo de los recursos monetarios provenientes de otros gobiernos –solamente tuvo el control de la ayuda de materiales, medicamentos y alimentos–, ya que se los han dado a la Cruz Roja y a diversas organizaciones no gubernamentales, se debe crear una comisión ciudadana-legislativa para saber, por ejemplo, que los fondos de diversas Fundaciones como la de Carlos Slim, Walmart, Televisa, Salinas Pliego, y los bancos, efectivamente cumplan con su promesa de transparentar todos los recursos que recibieron mediante donaciones.

A todo esto, habría que hacer una reflexión sobre el futuro de la ciudad en el corto y mediano plazo, tomando en cuenta de que en muchos de los inmuebles afectados por los sismos y que ahora están inhabitables, vivían muchas personas de la tercera edad, que dedicaron parte de su vida, con mucho esfuerzo, a forjar un patrimonio, entre ellos una vivienda propia.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Patricia Chemor Ruiz, destacó en el Senado que en el país hay 12.9 millones de personas de 60 años y más y se estima que aumentarán a 32.4 millones para 2050. México, subrayó la funcionaria, al igual que naciones de América Latina, Europa y Asia, tiene población envejecida.

Chemor Ruiz manifestó que en 2024 se terminará el bono demográfico del país y que la media nacional de población adulta mayor es de 10.9 por ciento, sin embargo la Ciudad de México ocupa el primer lugar con 14.1 por ciento, y le siguen Veracruz y Morelos.

Añadió que de acuerdo con información del Inegi, de 12.9 millones de adultos mayores que se tienen registrados en el país, 25 por ciento trabajan, aunque no se conoce en qué actividades ni cuál es el nivel de sus ingresos. Se sabe, añadió, que 72.4 por ciento de esa población se encuentra inactiva.

A su vez, Silvia García López, del Departamento de Enseñanza, Investigación e Información del Inapam, aseveró que el crecimiento de la población de esta edad se nos está saliendo de control, y el presupuesto se recorta, no hay dinero que alcance y en 2050 se tendrá casi 200 por ciento más adultos mayores que los que se tienen hoy.

El director general del Instituto Nacional de Gereatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, aseveró que en 2050 el reto más grande recaerá en la atención de la salud, problema que ya enfrentan el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos, que cuentan respectivamente con 20 y 30 por ciento de trabajadores adultos.

Hizo notar que el envejecimiento de la población implicará una mayor demanda de servicios de salud y que los padecimientos de las personas en edades avanzadas tienden a concentrarse en males crónicos degenerativos.

A partir de las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para el año 2050 32.4 millones de habitantes en México serán personas mayores (21.5 por ciento de la población total). De no tomar medidas hoy, ese segmento quedará con menores posibilidades de contar con seguridad social y económica, afirmó Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

Según cifras de 2014, alrededor del 35 por ciento de esa población vivía en pobreza moderada, y casi nueve por ciento en pobreza extrema; es decir, 43.7 por ciento de la gente de 60 años estaba en esa condición. De continuar así, “en algunos años tendremos un país de viejos, enfermos y en mayor pobreza”, añadió.

Como se ve, hay que revisar este asunto con urgencia.