Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Un litigio mediatizado contra el gobernador de Tamaulipas

@guerrerochipres

Lo que antes se ordenaba y hasta perdonaba en los pasillos del poder político, ahora es expuesto y visibilizado, aun cuando el proceso está en curso y en el camino los señalamientos se viralizan o mediatizan.

Es el caso de la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentado ante la Cámara de Diputados por la Fiscalía General de la República.

En un esfuerzo de transparencia, la acusación por uso de recursos de procedencia ilícita se hizo pública y el tema comenzó a litigarse en medios de comunicación, sin tomar en cuenta que esta es apenas la primera fase, de muchas más, que implica el caso.

El procedimiento de juicio político contra el mandatario estatal panista no es sencillo ni será expedito, además, de que los diputados no juzgarán la responsabilidad o la inocencia.

La petición requiere de un doble proceso, uno en la Cámara de Diputados, a donde llegó la semana pasada, y otro, en caso de ser avalada, en el Congreso local.

Los legisladores federales deberán conformar una sección instructora que analice los elementos enviados por la Fiscalía e, incluso, le den derecho de audiencia a ambas partes, con el objetivo de elaborar un dictamen.

La aprobación o negación de esta determinación deberá ser discutida en sesión plenaria, cuya resolución requiere del voto mayoritario.

Si en esa instancia los diputados determinan que no hay elementos para retirar al gobernador la inmunidad procesal, mejor conocida como fuero, García Cabeza de Vaca continuará en su cargo.

Si consideran que hay bases para imputar al mandatario, el dictamen será enviado a la legislatura de Tamaulipas para que en esa instancia donde se determine si se procede o no contra el gobernador.

Independientemente del sentido de la decisión, ésta puede ser llevada a la Suprema Corte para la revisión del procedimiento.

Una vez agotadas todas las instancias, dado el caso, la Fiscalía podría proceder contra el gobernador y, hasta entonces, comenzaría el procedimiento de carácter judicial.

La Fiscalía acusa delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, que habría ocurrido en una operación presuntamente irregular por 42 millones de pesos depositados a una cuenta de García Cabeza de Vaca a finales de 2019, por los que no se habrían pagado impuestos.

En defensa del gobernador, el abogado Alonso Aguilar Zinser afirma que ese dinero es producto de la venta de un departamento, que se concentra solo en un asunto patrimonial y no de delincuencia organizada.

Falta mucho por recorrer. El caso no está aún en tribunales, pero ya se litiga en el escenario político.

Las que sí están ya en un plano judicial son las acusaciones contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y su hija, sobre quienes un juez federal giró orden de aprehensión.

A ellos se les imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de las finanzas públicas del estado.