Historias Surrealistas

Politización y opacidad, en IMSS-Bienestar

El manejo de los recursos públicos para infraestructura en diversos Centros de Salud del Sistema IMSS-Bienestar se mantiene en la opacidad y con esquemas que incluso hacen sospechar componendas con proveedores, que facilitarían la evasión de impuestos.

Así de grave, así de directo. Las mismas autoridades de esas instituciones y servidores de la Nación propiciarían la evasión fiscal en los momentos mismos que la presidenta Claudia Sheinbaum, ejecuta acciones para abatir dicho ilícito en el país.

Le platico a usted, la situación que pude detectar.

Este miércoles, se realizó una reunión en el Centro de Salud T-III, Dra., Margarita Chorné y Salazar, dependiente del Sistema IMSS-Bienestar, ubicado en avenida División del Norte, número 2986, colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, con el fin de analizar los proyectos de infraestructura no médica en dicha unidad.

En la reunión, considerada como rutinaria, y en la que estuvo presente Maritza Quiroz, servidora de la Nación, el comité ciudadano de ejecución del programa La Clínica es Nuestra, evaluaría el avance del mismo, pero sucedieron cosas por demás sospechosas.

La Clínica es Nuestra es un programa de subsidios directos superiores a 5 mil millones de pesos entregados a las 11 mil 947 unidades de salud y se ejercen a través de comités conformados por ciudadanos de la comunidad, quienes se encargan de valorar las necesidades de los centros en referencia a conservación, mantenimiento y equipamiento, no médico.

En el momento que los ciudadanos asistentes cuestionaron si los proveedores de infraestructura, como plomería y electricidad, entre otros, entregarían facturas, Maritza Quiroz, afirmó que no, porqué “siempre se ha trabajado con notas de remisión”.

Los ciudadanos señalaron que esa práctica era intolerable y menos en un organismo público, puesto que daba pie a la evasión de impuestos por parte de los proveedores de servicios. Después de una fuerte discusión sobre el tema, Laura Castillo Vallejo, aval ciudadano, y Juan Antonio Aguilar, miembro del Comité de Contraloría del programa, entre otros, se entrevistaron con Miriam Astorga directora del Centro de Salud, para pedir una explicación sobre el tema de las facturas.

Laura Castillo informó que Miriam Astorga señaló que no era de su competencia el trabajo de los comités ciudadanos y el programa de infraestructura no médica, a pesar de que se trata de la unidad a su cargo.

Astorga, sin embargo, sostuvo que si habría facturas de todos los trabajos de proveedores y entregó una carpeta del ejercicio 2024 a Juan Antonio Aguilar, en donde supuestamente estaban las facturas que comprobaban la legalidad del sistema de contratación con proveedores, pero… oh, sorpresa, en el folder sólo había notas de remisión.

MARITZA QUIROZ CENSURA A CIUDADANOS

Laura Castillo, Juan Antonio Aguilar y otros ciudadanos cuestionaron a la servidora de la Nación, Maritza Quiroz, sobre la opacidad del proceso, pero ella dio una respuesta totalmente fuera de lugar, al señalar que Castillo no podía hacer preguntas porqué tenía un escrito en el que sus jefes le indicaban que Laura era catalogada como una persona política conflictiva.

Por supuesto que Martiza Quiroz no mostró documento alguno, pero refirió que en la colonia Atlántida había mantas en las que se descalificaba a la señora Castillo.

Sin decirlo abiertamente, Quiroz se refería a mantas colocadas desde mediados de agosto por la electrolinera City Energy, en sus instalaciones, de Anillo de Circunvalación, número 37, de la colonia mencionada, con la fotografía de Laura Castillo, con el fin de dañar su imagen.

Con el apoyo de los vecinos, Laura Castillo, presentó escritos a las autoridades para frenar la operación del establecimiento que no cuenta con los permisos adecuados para trabajar en una zona habitacional.

La empresa ha sido clausurada en varias ocasiones por la alcaldía Coyoacán, por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), debido a que rebasaba el nivel de decibeles permitido en su operación y por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), por diversas irregularidades.

En la reja de City Energy, a la fecha, se encuentran colocadas mantas, en donde aparecen leyendas con una denuncia muy concreta, para conocimiento de quien lo quiera leer: “El INVEA nos solicita $250,000 para poder dejarnos operar. Tenemos todos los permisos en orden”. De manera inexplicable, el INVEA, encabezado por Jorge Salvador Esquinca Montaño, ha mantenido silencio sobre esta acusación.

De este caso, se desprenden situaciones sospechosas. La insistencia de Maritza Quiroz de no aclarar el punto de las facturas que deben entregar proveedores del Centro de Salud mencionado por el pago de servicios que reciben y la falta de demostración de la directora de la unidad médica de las facturas emitidas en el ejercicio 2024.

Surgen preguntas que requieren respuestas claras y rápidas: ¿En los Centros de Salud IMSS-Bienestar se tolera que los proveedores no emitan facturas por sus trabajos? ¿Los servidores de la Nación son servidores de un partido político o su función es servir a los ciudadanos? ¿Los servidores de la Nación cuentan con “listas negras”, en las que detectan a ciudadanos que a su juicio son “problemáticos”, por defender causas realmente de la comunidad? ¿La función oculta de los servidores de la Nación es la de parar cualquier descontento de la población?

Si se descubriera la falta de facturas por parte de proveedores, la situación sería escandalosa pues se habla de un presupuesto superior a 5 mil millones de pesos entregados a ese programa.

Lo que es muy claro es que la servidora de la Nación, Maritza Quiroz, con su actitud intolerante e inexplicable, ha dejado de ser interlocutora eficaz con la comunidad en el programa mencionado y los ciudadanos consultados por este columnista, demandan su remoción.

El doctor Humberto Badillo, coordinador regional de IMSS-Bienestar Xoco, quien presentó el programa mencionado, debería presentar su punto de vista hacia una situación totalmente irregular.

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