Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Un año sin justicia

Para los catedráticos de Venezuela, Alexandra María Colmenares Ávila y Claudio Enrique Contreras Ochotegui, 2016 ha sido el año más largo de su vida. En lugar de estar en su país impartiendo clases en la universidad como siempre lo hicieron. Se encuentran presos en penales de alta seguridad de México, a donde llegaron de vacaciones y les “sembraron” droga.

Su historia provocó el malestar de la comunidad académica en Venezuela, que indignada constataba otro caso más de injusticia cometido en nuestro país. En su expediente existe una larga cadena de irregularidades, pero ellos siguen en la cárcel.

En la ciudad de Caracas, en un acto de desesperación tres mil empleados de la Biblioteca Nacional, en donde laboraban los detenidos, firmaron un pliego petitorio demandando justicia en este caso plagado de anomalías.

Los catedráticos fueron invitados por familiares que viven en México a pasar las vacaciones de fin de año de 2015 a Los Cabos, Baja California, con todos los gastos pagados. Fue un viaje largamente planeado que se convirtió en una pesadilla que les cambió la vida.

Los esposos venezolanos arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 20 de noviembre del año pasado, cerca de las 21 horas, en el vuelo AV22 de la línea aérea Avianca, procedente de Bogotá, Colombia, y que tuvo como origen la ciudad de Caracas, Venezuela. Era la primera vez que salían de su país y tenían mucho interés en conocer México.

A la banda de equipaje de la  Terminal 1 del aeropuerto llegaron las maletas de ese vuelo Todo era normal hasta que los agentes aduanales Melitón Zapata Moreno, Nancy Suárez González, Paul Manrique Miranda y Guadalupe Medina Sánchez, abrieron una maleta de color negro, sin llantas, maltratada y sucia, en donde detectaron cuatro tabletas de madera con un polvo amarillento que al ser sometido a reacciones químicas (Reagent for Cocaine Salts and Base Caution) resultó ser cocaína y dos tapas de goma conteniendo lo que se identificó como heroína.

La sorpresa de los venezolanos llegó al pavor, cuando fueron acusados por los aduanales de narcotráfico. La cantidad de irregularidades en este caso forma una larga cadena.

En su declaración, contenida en la averiguación previa A.P. PGR/SEIDO/UEIDCS/601/2015, los aduanales afirman que los inculpados “de propia mano traen consigo su equipaje de manera voluntaria y sin que el equipaje haya sido manipulado por persona diferente a dichos pasajeros”.

Sin embargo, quedó asentado ante el juzgado que lleva el caso que en un video del aeropuerto aparece un sujeto con chaleco (al parecer personal de aduanas del Aeropuerto) cargando la maleta de color negro. Detrás de él están los inculpados y atrás de ellos otro sujeto con vestimenta similar al primero cargando un contenedor al parecer de color azul sin apreciarse el contenido del mismo debido al ángulo de la cámara ¿Qué había en el contenedor? Nadie lo sabe. Primera sospecha.

Alexandra María siempre trató de reclamar que su maleta no llegaba, pero no había personal de Avianca. Su esposo llevaba otra maleta. Ella declaró que “cuando me pasaron a la oficina en el aeropuerto para indicarme que había droga en mi maleta fue cuando me percaté y confirmé que la maleta no era mía, era una maleta con características similares (de color negro como miles que llegan al aeropuerto), pero no es mi maleta, una maleta no se desgasta ni se ensucia en un solo viaje”, como estaba la que, según los agentes aduanales, era de ella. Segunda sospecha.

La maleta de la señora se encontraba plastificada desde el punto de origen y la que le mostraban no estaba embalada ni tenía ruedas ni menos el candado con números que tenía la de ella. Los aduanales explicaron que los perros que detectan drogas pudieron haber retirado el plástico al hacer su tarea. Sin embargo, en el video del aeropuerto se observa a los canes olfatear maletas sin dañar maleta alguna y mucho menos, detectar estupefacientes. Tercera sospecha.

A los presuntos acusados de daños contra la salud jamás les leyeron sus derechos ni les informaron que podían contar con un abogado ni se les permitió hacer la llamada telefónica a que tiene derecho cualquier detenido. Simplemente les dieron a firmar un documento de cuyo contenido no explicaron ampliamente las autoridades. Cuarta sospecha.

Cuando llega cualquier turista siempre se llena una forma aduanal y migratoria por persona. Este fue el caso, sin embargo, jamás apareció la forma llenada por la señora, sólo la de su esposo, como si se tratara de una sola “maleta familiar”. Quinta sospecha. A pesar de que los aduanales acusaron a la mujer de ser propietaria del maletín negro, su marido también fue inculpado, sin más pruebas, sólo por viajar con ella. Sexta sospecha.

Los agentes del SAT iniciaron un interrogatorio de la pareja, sin tener facultades para ello, ya que esto sólo compete al agente del Ministerio Público Federal ¿Por qué estaban tan interesados los aduanales en incriminarlos a la fuerza? Séptima sospecha.

Los venezolanos, padres de familia, abuelos afables, fueron detenidos a alrededor de las 21:20 horas de ese 20 de noviembre y fue hasta las 00:25 horas cuando se les puso a disposición del agente del Ministerio Público Federal, es decir, tres horas después y no de manera inmediata, como marca la legislación mexicana ni se asentó el registro de detención a que se refiere el Artículo 16 Constitucional, así como el 193 del Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Octava sospecha.

Los aduanales indicaron que el “operativo” inició a las 21:20 horas, pero en el video del aeropuerto se observó que la maleta fue “desarmada” a las 20:56. Además, la cámara de video de la banda 10 a la que llegó al equipaje, estaba enfocada a la banda 12. Novena sospecha.

La lista de las violaciones al debido proceso es vasta, no alcanzaría este espacio para enumerarla. No obstante, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, no consideró nada de ello y el domingo 29 de noviembre de 2015 decretó auto de formal prisión a la pareja. Llegaron juntos enamorados de un viaje y de un país en donde pensaron que pasarían días de descanso acompañados de familiares y acabaron separados. Alexandra María en el Penal de Alta Seguridad de Nayarit, de donde fue trasladada posteriormente a una cárcel de Morelos y Claudio Enrique en otro penal de Chiapas, en donde permanece.

De la detención de los profesores venezolanos, la Procuraduría General de la República no emitió ninguna información en su momento. Además, no se hizo público ni el volumen ni el destino de los estupefacientes decomisados.

Claudio Colmenares, quien tenía 48 años de edad en el momento de su detención, es licenciado en Sociología y en Administración; su esposa, Alexa Contreras, de 50, es licenciada en Recursos Humanos y Administración de Personal. Ambos tienen postgrados y en minutos, sin pruebas fehacientes, se convirtieron en supuestos delincuentes.

Renuncia sospechosa de vistas aduanales

En el exceso del “tortuguismo”, fue hasta casi un año después cuando los inculpados pudieron carearse con los vistas aduanales que los acusaron. Extrañamente, de los cuatro funcionarios que estuvieron presentes en la “detección” de la droga, 3 de ellos renunciaron a su puesto en el transcurso del caso y se presentaron en calidad de “ciudadanos”.

En una sesión que duró seis horas a mediados de octubre, los ex aduanales cayeron en contradicciones en puntos esenciales como el gramaje de la supuesta droga incautada, la hora en que ocurrió el decomiso e incluso en la manera que ocurrieron los hechos. El careo se había suspendido en cuatro ocasiones por razones no dadas a conocer por las autoridades.

Perdida la cadena de custodia

De acuerdo a los abogados de oficio que defienden a los presuntos implicados, quienes no cuentan con recursos para pagar a un litigante particular, la Procuraduría General de la República perdió la cadena de custodia, porque, de manera especial, no ha informado cuál fue el destino de la droga supuestamente detectada.

La PGR realizó pruebas periciales en los teléfonos móviles de los catedráticos sin que se haya podido encontrar alguna llamada sospechosa que los ligue a grupos delincuenciales. Además, la dependencia cuenta con los títulos profesionales que los acreditan como profesionistas en sus países. De la misma manera, tiene en su poder documentos que certifican que los profesores no tienen antecedentes penales en su país de origen ni en ningún otro. En resumen, la PGR no cuenta con pruebas fehacientes que los involucre en dicho delito.

Con la ex procuradora, Arely Gómez, el caso simplemente se enturbió, ahora con el nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes, la defensa muestra su confianza en que la dependencia se desista de las acusaciones infundadas, ante la falta evidente de pruebas, pero estamos en México, en donde la justicia opera al revés. Ojalá me equivoque.

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