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Minnesota al límite: apagón económico, redadas y un migrante baleado exponen la deriva represiva de Trump

Mineápolis se convirtió esta semana en el epicentro de una de las mayores rebeliones civiles contra la política migratoria del presidente Donald Trump. En medio de temperaturas extremas, con sensaciones térmicas de hasta 30 grados bajo cero, miles de personas tomaron las calles, cientos de negocios bajaron sus cortinas y decenas de escuelas suspendieron actividades en lo que los organizadores denominaron un “apagón económico” sin precedentes. La consigna fue clara y ensordecedora: “¡Fuera ICE! ¡Fuera ICE!”.

La protesta no surgió en el vacío. Fue la respuesta directa a una escalada de redadas masivas, detenciones violentas y, ahora, a un hecho que ha sacudido a la ciudad y al país: la muerte a tiros de un hombre durante un operativo de agentes federales de inmigración, el segundo incidente fatal en menos de tres semanas en Mineápolis.

Sindicatos, organizaciones progresistas, colectivos comunitarios y líderes religiosos articularon la movilización como una demostración de fuerza económica y social. De acuerdo con los organizadores, más de 700 negocios en todo Minnesota cerraron en solidaridad, paralizando amplias zonas comerciales y enviando un mensaje directo a las autoridades estatales y federales.

“Queremos que el ICE se vaya de Minnesota, y no se van a ir a menos que haya una presión masiva”, afirmó Kate Havelin, de Indivisible Twin Cities, una de las más de cien organizaciones involucradas. Las protestas se replicaron en ciudades como Nueva York y Washington, y en estados tan diversos como Pensilvania, Carolina del Sur, Indiana, California y Florida, evidenciando que el conflicto migratorio ya no es local, sino nacional.

Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en el principal aeropuerto del estado, donde unos 100 clérigos fueron arrestados mientras protestaban contra la participación de Delta Airlines en vuelos de deportación. Aunque la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos justificó las detenciones alegando afectaciones a las operaciones, el mensaje fue contundente: incluso sectores tradicionalmente moderados están dispuestos a asumir costos legales para frenar las deportaciones.

La protesta adquirió una dimensión aún más grave tras confirmarse que agentes federales de inmigración mataron a tiros a un hombre durante un operativo en Mineápolis. El jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento y detalló que se trata de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, trabajador de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos, sin antecedentes criminales relevantes y con permiso legal para portar armas.

Un video verificado por medios como NBC News muestra a más de media docena de agentes enmascarados forcejeando con Pretti, golpeándolo con la culata de un arma antes de que otro agente le dispare a quemarropa. Tras los disparos, el hombre queda inmóvil en el suelo mientras los agentes se retiran.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Pretti estaba armado con una pistola semiautomática y cargadores llenos, y que el agente disparó “en defensa propia”. Sin embargo, las imágenes, el perfil de la víctima y las versiones encontradas han detonado una oleada de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la falta de protocolos claros en los operativos migratorios.

Este caso no es aislado. Apenas el pasado 7 de enero, Renee Good de 37 años, , murió baleada dentro de su vehículo durante una redada del ICE. Ambos incidentes ocurrieron en el contexto de operativos ordenados a principios de enero por la administración Trump, que desplegó en Mineápolis un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial local.

Las redadas fueron justificadas políticamente tras la difusión de un documental de un youtuber conservador que reavivó acusaciones de malversación de fondos en guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí, una narrativa que el propio Trump ha utilizado reiteradamente para estigmatizar a migrantes y comunidades racializadas.

La reacción internacional no se hizo esperar. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, instó al gobierno estadounidense a respetar el derecho internacional y pidió una investigación independiente sobre las muertes bajo custodia del ICE, que ya suman 36, 30 de ellas durante 2025.
“Las personas están siendo detenidas de forma violenta en hospitales, iglesias, escuelas y dentro de sus propios hogares, por la mera sospecha de ser migrantes indocumentados”, advirtió Türk.

En el ámbito local, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue tajante tras el tiroteo: “Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación y retirar a los agentes violentos y sin entrenamiento”. Posteriormente, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para contener posibles disturbios.
Trump respondió elevando el tono. Desde Truth Social acusó al gobernador y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de “incitar a la insurrección”, defendió la actuación de los agentes del ICE y los calificó de “patriotas”, profundizando la fractura entre el gobierno federal y las autoridades locales.

Un punto de quiebre

Lo que ocurre en Minnesota revela un punto de quiebre en la política migratoria estadounidense. El apagón económico demuestra que amplios sectores de la sociedad están dispuestos a confrontar directamente al poder federal. La muerte de un enfermero, ajeno al estereotipo del “criminal migrante”, expone los riesgos de una estrategia basada en el miedo, la militarización y la impunidad.

Más allá de Minnesota, el mensaje es claro: cuando la política migratoria se convierte en una cacería, el costo no solo lo pagan los migrantes, sino la cohesión social, el Estado de derecho y la legitimidad democrática de Estados Unidos ante el mundo. Así las cosas… Hasta la próxima..

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