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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre de 2025.- La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, anunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la aprobación de 20 proyectos de generación eléctrica que sumarán 3,320 megawatts (MW) a la infraestructura nacional.
Esta iniciativa, derivada de la convocatoria lanzada el pasado 17 de octubre, captará una inversión del sector privado de 4 mil 752 millones de dólares, equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos. El objetivo primordial de estas obras es fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional mediante una planeación vinculante bajo la conducción del Estado.
El paquete de proyectos aprobados se compone de 15 centrales fotovoltaicas, que aportarán 2,471 MW, y cinco parques eólicos, que contribuirán con 849 MW adicionales. Según detalló la funcionaria, estas cifras representan el 56 por ciento de la capacidad total ofertada en el primer ejercicio, calificando la respuesta de las empresas privadas como altamente positiva.
Al contar ya con los terrenos y permisos necesarios, las obras están listas para comenzar de manera inmediata, alineándose con los objetivos de seguridad y soberanía energética del país.
Respecto a los tiempos de ejecución, la Secretaría de Energía precisó que la integración de esta nueva capacidad se realizará de forma escalonada para asegurar la estabilidad de la red.
Se estima que el 19 por ciento de estos proyectos entrará en operación comercial durante el año 2027, mientras que el grueso de la infraestructura, correspondiente al 78 por ciento, lo hará en 2028. El 3 por ciento restante completará su entrada en funciones en 2029, logrando así el despliegue total de la capacidad proyectada.
La distribución geográfica de estas inversiones abarcará 11 entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.
La secretaria González Escobar indicó que los expedientes técnicos serían sometidos este mismo día ante el Comité de aprobación de la Comisión Nacional de Energía para formalizar su avance administrativo y dar inicio a las etapas de construcción en las regiones mencionadas.
Finalmente, el Gobierno de México ratificó su compromiso con la transición energética y la justicia social al confirmar una segunda convocatoria para finales de enero de 2025.
Esta nueva etapa busca mantener la transparencia en la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que el crecimiento de la generación eléctrica responda directamente a las necesidades del país. Con este esquema, la administración federal pretende consolidar un modelo donde la inversión privada coexista con el derecho legítimo del Estado a dirigir la política energética nacional.




