Marina del Pilar Ávila, el poder, los audios y la sombra de Carlos Torres

Amador Rodríguez Lozano cuestiona el patrimonio y el entorno de la gobernadora, acusa una concentración del poder en Baja California y sostiene que la crisis con Estados Unidos ya rebasó las fronteras del estado

El exsecretario general de Gobierno de Baja California endurece sus señalamientos contra Marina del Pilar Ávila Olmeda y su exesposo Carlos Torres. Habla de la influencia que este habría ejercido sobre funcionarios y decisiones, de propiedades que exige investigar, de los audios relacionados con Estados Unidos y de una estructura política que, asegura, mantiene bajo control a Morena, al Congreso local y a buena parte de los medios.

Rodríguez Lozano revela además que buscó varias veces reconciliar a Marina con Jaime Bonilla y recuerda que —según este—, ella no era originalmente la opción que López Obrador imaginaba para sucederlo.

Alberto Carbot

La carrera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda avanzó con una velocidad poco común. En unos cuantos años pasó por la Cámara de Diputados local, la Presidencia Municipal de Mexicali y el gobierno de Baja California.

Llegó joven, con buena presencia pública, montada sobre la fuerza electoral de Morena y con posibilidades de proyectarse más allá del estado. Amador Rodríguez Lozano —uno de sus más implacables críticos—, resume aquella trayectoria con una frase que ahora adquiere otro significado: “Su ascenso fue muy rápido, pero también lo fue el desgaste” —me dice en esta entrevista.

La revocación de las visas estadounidenses de la gobernadora y de quien entonces era su esposo, Carlos Torres, modificó el curso de aquella historia.

Después aparecieron investigaciones relacionadas con él, las grabaciones de conversaciones mediante las cuales ella buscaba resolver su situación migratoria y referencias a intermediarios que aseguraban disponer de contactos con autoridades estadounidenses. Finalmente, lo que parecía una crisis política local terminó colocado en el terreno de la seguridad y de la relación bilateral.

Esta circunstancia resulta especialmente delicada porque Marina Ávila gobierna una de las entidades estratégicas para México y Estados Unidos. Baja California concentra cruces fronterizos, operaciones binacionales de seguridad y problemas graves de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y desapariciones.

La misma gobernadora —cuya relación con Washington se encuentra bajo cuestionamiento—, continúa encabezando las reuniones donde distintas instituciones comparten información sensible.

Ese contraste ha pesado en la opinión pública bajacaliforniana. La joven política que llegó rodeada de una imagen de aparente renovación aparece ahora asociada con la visa, los audios, el patrimonio familiar, las investigaciones alrededor de su exmarido Carlos Torres y una discusión cada vez más incómoda sobre la manera en que se ha ejercido el poder durante su administración.

Amador Rodríguez Lozano la conoció antes de esa crisis. Es abogado por la UNAM; fue diputado federal en dos ocasiones, senador por Baja California, funcionario de la Secretaría de Gobernación y ministro de Justicia de Chiapas.

También fue secretario general de Gobierno durante la administración de Jaime Bonilla y su trayectoria le permitió observar desde dentro el comienzo del ascenso de Marina.
Cuando ella presidía el Ayuntamiento de Mexicali, Marina o su secretario del Ayuntamiento acudían a Rodríguez Lozano cuando alguna votación se complicaba.

Como él tenía relación con regidores de otros partidos, hablaba con ellos y ayudaba a construir acuerdos. “Yo pensé que era amigo de Marina del Pilar”, recuerda.

Pero su relación terminó en el extremo contrario.

Durante nuestra conversación y en su programa A Fondo de YouTube, Rodríguez Lozano la ha calificado de “malvada”, “sin conciencia”, “mezquina” y “maligna”.

Son juicios suyos, pronunciados públicamente y sostenidos por quien trabajó cerca de ella; su crítica, además, se extiende al sistema político que permite a un gobernador conservar el control cuando los contrapesos locales resultan insuficientes.

De aliada política a adversaria
Uno de los episodios que profundizaron su rompimiento ocurrió cuando la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum invitó a Rodríguez Lozano a incorporarse a su gabinete en la Ciudad de México. Marina le hizo llegar la versión de que Amador estaba siendo investigado por corrupción dentro del caso Next Energy.

Él asegura que Sheinbaum conocía ese expediente y prefirió esperar la decisión judicial. El 25 de octubre de 2022, el juez de control Bernardino Ahumada determinó no vincularlo a proceso. Amador considera que Marina intentó perjudicar su incorporación al equipo de Sheinbaum.

En A Fondo recordó que su intervención en Next Energy había consistido, en el ejercicio de sus funciones como secretario general de Gobierno, en publicar decretos previamente aprobados por las instancias correspondientes. Le irrita que el episodio haya sido presentado ante Sheinbaum simplemente como un caso de corrupción.

Su opinión sobre Marina se había deteriorado también por experiencias anteriores. Afirma que, en una ocasión, el coordinador de campaña de ella le pidió que despidiera a una mujer que trabajaba en la Secretaría General porque había tenido un enfrentamiento con alguien del entorno de la candidata. Rodríguez Lozano se negó, lo cual contribuyó a entorpecer la relación.

Recuerda otro episodio durante un acto donde aparecieron personas vinculadas con el PRI y Jorge Hank Rhon.

Marina se molestó porque consideraba que aquellos grupos tendrían que encontrarse trabajando con ellos.

El comentario que hizo le produjo a Amador una impresión que conserva hasta ahora:

A lo largo de mi carrera he trabajado con gente grande, de la que uno aprende incluso cuando discrepa, pero ella se me hizo tan mezquina, tan poca cosa”.

La sucesión de Jaime Bonilla constituye otra pieza del relato. Rodríguez Lozano asegura que el entonces gobernador le contó que Andrés Manuel López Obrador deseaba originalmente que lo sucediera un fundador de Morena, alguien proveniente del movimiento, y Marina no habría sido inicialmente la opción que el presidente prefería.
Según esa misma conversación, López Obrador tenía reservas sobre la influencia que su entonces esposo, Carlos Torres, pudiera ejercer si Marina llegaba al gobierno.

Amador le refirió después esa versión a ella, cuando la hoy gobernadora le preguntó si creía que eso le impediría ser candidata. La respuesta que recuerda fue inmediata: “Ah, pues no hay problema; me divorcio”. Rodríguez Lozano asegura que aquella frase le reveló mucho sobre la forma en que ella valoraba el poder y sus relaciones personales.

Finalmente obtuvo la candidatura y ganó la gubernatura. Para Amador, Carlos Torres fue adquiriendo simultáneamente una influencia que rebasó la condición convencional de esposo de la gobernadora. Su tesis es que Torres operó políticamente, colocó personas y terminó ejerciendo una suerte de poder paralelo que venía construyéndose desde la etapa municipal.

El enfrentamiento posterior entre Marina y el exgobernador Jaime Bonilla tampoco fue una guerra que Rodríguez Lozano alentara desde el comienzo. Afirma que durante más de dos años buscó personalmente una salida; le planteó a Bonilla que la disputa perjudicaba a ambos, pero más a Baja California.

Según Amador, Bonilla lo autorizó a intervenir y le aseguró que estaba dispuesto a terminar el pleito mediante una simple conversación: “Dile que me eche un telefonazo y ahí muere todo”.

Rodríguez Lozano recurrió entonces a un amigo muy cercano a la madre de la gobernadora —doña Marina del Pilar Olmeda García, abogada y académica a quien la UABC ha reconocido por su trayectoria docente—, para intentar abrir aquella vía. La respuesta fue que la gobernadora no quería. Más tarde habló en dos ocasiones con el secretario general de Gobierno para buscar nuevamente una distensión, pero tampoco tuvo éxito. Estos episodios le sirven hoy para rechazar la versión de que sus críticas respondan únicamente a una enemistad personal.

Asegura que durante años trató precisamente de evitar que aquella confrontación siguiera creciendo.
Cuando los señalamientos alrededor de Carlos Torres aumentaron y después se produjo el divorcio, Amador recordó aquella vieja conversación de cuando ella aspiraba a la candidatura. Su juicio actual es particularmente severo: “Para mí, Marina es una mujer sin conciencia”.

Carlos Torres desde el principio empezó a mover sus hilos
En su crítica también reclama explicaciones sobre una aeronave y numerosos vuelos atribuidos al gobierno; habla de alrededor de cien viajes y de costos cercanos a diez mil dólares por vuelo.

Para Amador, cualquier discusión sobre esas cifras debería resolverse mediante documentos, bitácoras y cuentas públicas.
—Quiero preguntarlo directamente. Al revisar lo que dices de nombramientos, funcionarios, contratos y relaciones construidas alrededor del gobierno, ¿hasta dónde llegaba realmente el poder de Carlos Torres detrás de Marina?
—Desde el principio, él empezó a mover sus hilos. Colocó gente, construyó relaciones y fue ampliando una red política.

Puso, por ejemplo, al oficial mayor; según lo que yo conozco, ese funcionario ha dicho públicamente que maneja asuntos y cuentas profesionales y personales de Marina y de Carlos. Si se quiere entender el entorno político de la gobernadora hay que revisar también esa red.

Rodríguez Lozano describe a Torres como un operador formado durante la larga etapa panista de Baja California, con habilidad para construir relaciones y colocar cuadros en distintas posiciones. Evita adjudicarle delitos que no han sido probados, aunque considera que su influencia política alrededor del gobierno de Marina ha sido mucho mayor de lo que formalmente correspondía a un cónyuge.

El asunto tomó otra dimensión cuando N+ Focus reveló una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Carlos Torres aparece mencionado dentro de una investigación relacionada con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. La denuncia sostiene que habría recibido 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García para permitir operaciones de “Los Rusos”, facción del Cártel de Sinaloa, en Baja California. Torres rechazó públicamente las acusaciones. La denuncia y la carpeta existen; las imputaciones continúan sujetas a investigación y hasta hoy no constituyen una determinación de responsabilidad penal.

Amador menciona enseguida a Arnulfo Guerrero León, “Fufo”, quien fue secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana y a quien ubica dentro del grupo político cercano a Carlos Torres.

La información que asegura haber recibido indica que Guerrero habría solicitado 80 mil dólares a una persona para autorizarle un negocio. Rodríguez Lozano admite que desconoce de qué tipo de negocio se trataba, pero la historia adquiere un giro inesperado porque —según la versión proporcionada a Amador—, la persona afectada tenía amistad con Salma Hayek y le contó lo ocurrido. La actriz, amiga de la presidenta, habría telefoneado directamente a Claudia Sheinbaum para informarle sobre el supuesto cobro.

Según la versión relatada por Rodríguez Lozano, Sheinbaum se habría molestado, habría llamado a Marina y habría pedido la inmediata salida del funcionario y de su equipo. Guerrero dejó posteriormente el Ayuntamiento. “Y aquí prácticamente nadie preguntó por qué”, comenta Amador.

El patrimonio constituye otro de sus frentes. Rodríguez Lozano recuerda referencias a supuestos depósitos de Marina y Carlos Torres en Panamá y atribuye a Jaime Bonilla la versión de que existirían propiedades en España. Un amigo suyo, agrega, le habló también de un departamento en el edificio Regis, sobre Paseo de la Reforma. Después apareció la casa de Santa Fe. Marina publicó una fotografía familiar en el inmueble y, según Amador, a partir de esa imagen comenzó a rastrearse la propiedad. La información que recibió indicaba que estaba a nombre de un empresario de apellido Salgado relacionado con contratos públicos en Baja California.

Durante nuestra conversación surgió la comparación con la residencia vinculada con Enrique Peña Nieto que terminó bautizada como “La Casa Blanca”.
—Entonces ésta sería la “Casa Marina” —le digo.
—Sí, la “Casa Marina” —responde.
Rodríguez Lozano agrega un segundo señalamiento atribuido a Bonilla: una residencia de grandes dimensiones en San Felipe, sobre el Golfo de California, vinculada presuntamente con el entorno de la gobernadora.

Menciona también una fotografía que ha circulado repetidamente en el estado. Marina aparece abrazada con un hombre identificado localmente con el apodo de “El Bocas”, a quien se han atribuido relaciones con actividades del narcotráfico.

Rodríguez Lozano reconoce que una fotografía de campaña, por sí misma, carece de capacidad probatoria, pero lo que considera significativo es el grado de familiaridad física entre ambos.

Al hablar de ese y otros episodios, utiliza otra expresión extrema: “Ella es como maligna; ésa es la palabra que me viene a la cabeza al hablar de su conducta”.

Washington, los audios y la seguridad

—Has dicho cosas muy fuertes; las has sostenido en tu programa A Fondo y ahora conmigo. Estamos hablando de Baja California, donde operan organizaciones criminales con enorme capacidad. ¿No temes por tu seguridad?
—Hago una vida normal. No tengo escoltas. Salgo, voy al cine con mi familia y hago mis actividades cotidianas; nunca he tenido problemas directos con narcotraficantes, pero lo que sí me preocupa es el uso político de las instituciones.

Rodríguez Lozano afirma haber recibido versiones sobre la posibilidad de que intenten “fabricarle un delito” y ha responsabilizado públicamente a Marina de cualquier acción que él pueda considerar una represalia por sus críticas.

En ese contexto recuerda declaraciones de Jesús Alejandro Ruiz Uribe acerca de información que habría recibido sobre la eventual fabricación de una carpeta por parte de la Fiscalía estatal. Ruiz Uribe deslindó expresamente a la gobernadora cuando hizo pública su denuncia; la atribución de una posible orden a Marina corresponde a la interpretación de Rodríguez Lozano.

El caso de Pedro Ariel Mendívil García alimenta sus temores sobre el uso de las instituciones. El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali fue detenido en julio de 2026 acusado de delitos graves. El 3 de agosto, un juez decidió no vincularlo a proceso al considerar insuficientes los elementos aportados por la Fiscalía, por lo que Mendívil recuperó su libertad.
Para Amador, una acusación de semejante magnitud que después no puede sostenerse ante el juez debería tener consecuencias políticas dentro de una fiscalía. Esa manera particular de procesar los conflictos le recuerda El otro México. Biografía de Baja California, de Fernando Jordán. “A veces pienso que seguimos siendo eso: otro México”.

En A Fondo mencionó además al exfiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez y versiones según las cuales pudiera encontrarse en Estados Unidos colaborando con autoridades de ese país. Su conclusión sobre la gobernadora llega entonces a uno de los puntos más severos de la conversación: “Para mí, Marina debería estar en la cárcel desde hace tiempo por distintas conductas que le atribuyo”.
—Vamos al asunto de los audios de la gobernadora, cuya difusión convirtió esta crisis local en un problema nacional. Marina ha reconocido conversaciones con intermediarios y asegura que fue víctima de una operación y de una “emboscada psicológica”. ¿Qué crees que estaba ocurriendo realmente detrás de esos contactos con Estados Unidos?
—Mi lectura es que hubo una operación personal para tratar de resolver el problema de la visa. Buscaron a un abogado de Miami, se habló de un exagente del FBI como asesor y hubo contactos con personas relacionadas o supuestamente relacionadas con autoridades estadounidenses.

Rodríguez Lozano avanza todavía más. Según información que afirma recibir de fuentes en Estados Unidos, Marina llegó a ser considerada posible colaboradora: una persona dispuesta a proporcionar datos sobre asuntos que conocía. Rodríguez Lozano distingue esa situación de la figura formal del “testigo protegido”.
“Mis fuentes en Estados Unidos me dicen que ella proporcionó información, pero que después dejó de ser considerada confiable. Mi información es que todavía faltan audios por aparecer”, sostiene. Su hipótesis es que las grabaciones fueron difundidas para “quemarla políticamente” y que probablemente el material fue obtenido del lado estadounidense.

La propia calidad del audio le parece significativa. La voz masculina del interlocutor se escucha con mucha mayor nitidez que la de Marina, cuya voz tiene las características de una comunicación telefónica. Rodríguez Lozano considera compatible esa diferencia con una grabación realizada desde el extremo del interlocutor. Su experiencia también alimenta la crítica.

“Yo he trabajado con siete gobernadores”, recuerda, y asegura que ninguno discutía por teléfono asuntos verdaderamente delicados. De ahí extrae uno de sus juicios más fuertes sobre la capacidad de Marina para ejercer el cargo: considera que exponerse de esa manera revela que “no sabe manejar información de gobierno”.

En las conversaciones apareció igualmente Panamá como posible lugar para una reunión. Marina ha negado haber celebrado allí un encuentro con autoridades extranjeras.

La parte de mayor trascendencia institucional está relacionada con las mesas de seguridad. Marina sostiene que nunca entregó información confidencial y que muchas sesiones consisten en reportes generales de las dependencias. Rodríguez Lozano participó durante años en ese tipo de reuniones y reconoce que con frecuencia funcionan así, aunque recuerda que también circula información sensible.

Por eso considera grave cualquier ofrecimiento de transmitir a un interlocutor extranjero “todo lo que se diga ahí”. Incluso si la información nunca terminó entregándose, la disposición expresada en una conversación puede afectar la confianza de quienes participan en las mesas y empezar a modificar la cantidad o calidad de los datos que ponen a disposición de la gobernadora.

En materia penal, evita adjudicar un delito concreto sin estudiar previamente los hechos y la legislación aplicable; sin embargo, en el terreno político considera que existen razones suficientes para una revisión.

Recuerda que el artículo 128 constitucional obliga a los servidores públicos a guardar la Constitución y las leyes emanadas de ella.

“Aquí Marina controla casi todo”

La posibilidad de que el Congreso de Baja California impulse una investigación capaz de alterar la permanencia de Marina en el cargo le parece reducida. Rodríguez Lozano considera que la gobernadora mantiene una influencia política demasiado fuerte sobre la legislatura local y que una decisión de semejante tamaño requeriría condiciones distintas desde el ámbito nacional.

También observa deterioro en la relación con Claudia Sheinbaum. Conoce a la presidenta desde antes de haber formado parte de su administración capitalina y la describe como “muy buena jugadora de póker”, cuidadosa con los gestos y poco dispuesta a mostrar anticipadamente sus decisiones.
No obstante, le pareció significativa la ocasión en que Sheinbaum dejó a Marina la responsabilidad de explicar su propia situación. “La política tiene reglas y tiene señales”, dice Rodríguez Lozano. Su lectura es que existe distancia, aunque públicamente no se ha producido una ruptura formal.

La estructura de Morena en Baja California merece de Amador una acusación igualmente dura. Sostiene que el partido está “totalmente copado” por la gobernadora, que la dirigencia estatal y la vocería quedaron bajo su influencia y que las demás corrientes poseen muy poco margen para competir.

Su comparación con el antiguo partido hegemónico es deliberadamente provocadora: “Está peor que el PRI de antes”. Recuerda que incluso el PRI enviaba delegados capaces de contener parcialmente el dominio de los gobernadores y permitir a otras corrientes “algún derecho al pataleo”. En Baja California, afirma, “Marina controla casi todo”.

Luego extiende la crítica hacia una parte de la prensa local: “Los medios, pues ya sabes, muchos están bien engrasados”.

Por ello, cuando la gobernadora atribuye los audios y buena parte de la crisis a una operación del exgobernador Jaime Bonilla para destruirla, Amador responde de manera lapidaria: “Marina no necesita que lo haga nadie, ella se destruye sola”.

La debilidad que percibe en la oposición partidista lo lleva a destacar a Octavio Sandoval López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali y coordinador de los CCE de Baja California. Considera que algunas de sus críticas sobre los audios “han sido incluso más incisivas que las formuladas por los propios partidos”.

Todo ocurre mientras Morena se aproxima a la sucesión de 2027. Entre los nombres que han circulado en torno a la candidatura figuran Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Rodríguez Lozano observa reacomodos y rupturas entre grupos que anteriormente formaban parte del mismo bloque político.

Su propio nombre llegó también a mencionarse en determinados círculos como posible candidato, pero Amador asegura que jamás levantó la mano. Aunque se identifica con la Cuarta Transformación, nunca construyó una estructura propia dentro de Morena en Baja California y considera que, bajo el control político existente, una competencia interna real resulta prácticamente imposible.

—Con los audios, la visa retirada, la sombra de su exmarido Carlos Torres, las investigaciones y esta disputa dentro de Morena, ¿qué crees que va a pasar con Marina? ¿La dejarán terminar su mandato o la apartarán?
—Yo creo que en México están planteándose esa disyuntiva: qué hacemos, la quitamos o la dejamos. Tienen que medir con qué decisión le hace menos daño a Morena, pero yo tengo hoy una opinión totalmente adversa de ella.

La crisis conduce a Rodríguez Lozano hacia una preocupación que pertenece más al constitucionalista que al adversario político. Considera que México carece de instrumentos eficaces para enfrentar el caso de un gobernador que, a juicio de sus ciudadanos, ha perdido las condiciones políticas para continuar, pero conserva el control suficiente sobre las instituciones locales para impedir una revisión efectiva.

“La revocación que impulsó López Obrador es puro rollo”, afirma. Sostiene que el procedimiento impone requisitos difíciles de cumplir y que, en Baja California, el problema se agrava porque los legisladores mantienen una relación de dependencia política y presupuestal con el Ejecutivo estatal. A su juicio, exigir una participación equivalente al 40 por ciento del electorado convierte el mecanismo en algo prácticamente inaccesible porque “no existen instrumentos nacionales para poder quitarse a un gobernador negativo”.
Rodríguez Lozano lleva entonces el argumento más atrás.

Considera que el problema comenzó a hacerse más visible después de la llegada de Vicente Fox a la Presidencia, cuando desaparecieron los antiguos mecanismos mediante los cuales el poder federal priista vigilaba y contenía a los gobernadores. No reivindica aquel sistema, pero sostiene que su desaparición dejó un vacío que permitió a varios mandatarios estatales acumular poder sin contrapesos suficientes.

“Desde entonces nos han salido unas fichas que han generado muchos problemas en el país y los ciudadanos estamos indefensos ante esa actitud”. Por eso propone estudiar un mecanismo constitucional de investigación rápida e independiente, con garantías para el gobernante sometido a revisión y facultades suficientes para esclarecer denuncias graves.

Antes de concluir la entrevista, Rodríguez Lozano aborda el caso de Rubén Rocha Moya. Aclara que conoce ese expediente con menor detalle; establece una distinción jurídica significativa y explica que una acusación del gran jurado estadounidense permite llevar cargos ante los tribunales, pero no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.

Advierte, al mismo tiempo, sobre el peso político que las investigaciones estadounidenses están adquiriendo dentro de México. “Narcotráfico, corrupción, seguridad y relaciones bilaterales producen cada vez más expedientes cuyos efectos cruzan inmediatamente la frontera”, indica.

La conversación deja finalmente una imagen distinta de aquella joven política cuyo ascenso presenció desde el gobierno de Baja California. Rodríguez Lozano ayudó a Marina cuando necesitaba acuerdos en el Cabildo de Mexicali, pensó que mantenían una relación amistosa e intentó después —con autorización del exgobernador Bonilla—, abrir varias vías para que ambos terminaran su confrontación.

Ninguno de aquellos esfuerzos prosperó.
Hoy sostiene que Carlos Torres construyó una estructura de influencia alrededor del poder, exige esclarecer las versiones patrimoniales y los contratos, cuestiona la conducta de Marina frente a sus interlocutores estadounidenses y considera que la concentración política existente en Baja California dificulta cualquier revisión independiente.

Reconoce como propias sus expresiones más severas en su programa A Fondo y durante la entrevista —“malvada”, “sin conciencia”, “maligna” y “debería estar en la cárcel”—, y asume públicamente la responsabilidad de haberlas pronunciado.

El dato político, sin embargo, ya está instalado. Rodríguez Lozano reitera que Marina del Pilar conserva todas las atribuciones constitucionales de gobernadora mientras enfrenta una crisis que involucra su relación con Estados Unidos, el entorno de su exesposo, cuestionamientos sobre el patrimonio y la confianza que todavía puede generar dentro de las instituciones.

Para Amador Rodríguez Lozano, el problema dejó de limitarse a las conductas de una persona y alcanza ya la capacidad del sistema para investigarlas con total independencia.