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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2026.- El reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, marca un antes y después en el constitucionalismo mexicano, también en la historia institucional y de implementación de políticas y programas de gobierno, afirmó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, al participar en el Foro Nacional de Análisis y Diálogo Parlamentario hacia una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados.
Explicó que este reconocimiento significa reconocerles su capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos y tomar decisiones en sus Asambleas, las que serán respetadas por el Gobierno y la sociedad; capacidad para nombrar y elegir a sus autoridades en Asambleas. Asimismo, podrán realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario; recibir y administrar recursos públicos de manera directa.
El Foro, encabezado por la presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Cocopa), Irma Juan Carlos, contó con la participación de expertas y expertos que analizaron de manera integral el contenido del texto normativo en donde el titular del INPI explicó el Libro segundo de la Propuesta de Iniciativa de Ley General, mientras que otros participantes abordaron los otros siete libros que integran la propuesta.
El director general del INPI reiteró que el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público significa una innovación jurídica en México y en el mundo, “porque esto de que los pueblos tengan personalidad jurídica, yo creo que es una verdadera revolución. Así lo calificaría yo”.
De manera coloquial, esto significa “como abrir la puerta y que las comunidades, que los pueblos indígenas entren al mundo del derecho” y añadió que, hasta antes del mandato constitucional del 2024, esa puerta había permanecido cerrada para los pueblos y nuestras comunidades, que no era más que exclusión, discriminación y racismo”.
¿Cómo es posible que los primeros pobladores de estas tierras tengan la puerta cerrada para entrar al mundo del derecho? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos hablar de democracia, de justicia, de transformación, si los pueblos siguen excluidos?”, cuestionó.
Afirmó que, “ahora, ese es el cambio fundamental, y ahora el trabajo que tenemos por delante es cómo llevar este mandato constitucional a la Ley General. Es en ese proceso, en el que nos encontramos ahora, en un amplio proceso de diálogo y consulta en todo el territorio nacional, consultando a nuestros pueblos y a nuestras comunidades sobre los contenidos fundamentales de esta Ley”.
Regino Montes informó que, a la fecha se han realizado 63 de 82 Asambleas Regionales que representa el 76.8 por ciento de avance y este fin de semana se realizarán 14 asambleas más. Asimismo se han realizado 11 de 14 Mesas de trabajo.
Estamos hablando de que hemos hecho Asambleas, en 27 entidades federativas; han participado 60 pueblos indígenas y afromexicanos; 10 mil 280 comunidades indígenas y afromexicanas que, tomando como referencia el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, representa el 61.4 por ciento del total nacional.
Añadió que también han participado 17 mil 426 autoridades y representantes de las comunidades indígenas y afromexicanas; un total de 42,272 personas.
Y dijo que, la intención es que al final de este proceso se pueda revisar las propuestas e incorporarlas a la Iniciativa que se estará elaborando por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, en su momento, se enviará al Honorable Congreso de la Unión para que las diputadas, los diputados, las senadoras y senadores de la República hagan el análisis y discusión y su posterior dictamen y votación.