Robo de identidad sumó en 2016 un millón 650 compras por internet

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2018.- Datos en 2016 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportan que el número de transacciones no reconocidas por los usuarios de tarjetas, en materia de comercio de internet, fue de un millón 650.

El reporte de buró de entidades financieras enero 2018 de la Comisión señala que el comercio electrónico está creciendo y, a la par, el robo de identidad es una de las principales causas de quejas por un posible fraude en este tipo de comercio.

Para dar certeza jurídica del comercio electrónico, tanto al prestador financiero como el usuario, el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, impulsa una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 387 del Código Penal Federal, a fin de reconocer la figura de robo de identidad y establecer penas en proporción al daño causado.

El perredista expuso que las reclamaciones no reconocidas contemplan el robo de identidad. Según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en robo de identidad y 400 mil personas son víctimas de esto cada año.

Las razones por las que se da el robo de identidad son: en 67 por ciento por pérdida de documentos, 63 por ciento por robo de cartera y portafolios, y 53 por ciento por información tomada de una tarjeta bancaria.

Actualmente, el 53 por ciento del robo de identidad se localiza en información tomada de una tarjeta bancaria y por engaño vía correo electrónico o mensajes de texto vía celular.

En la Cámara de Diputados hay un dictamen aprobado en noviembre de 2016 que adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal que sanciona la usurpación de identidad con una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiese causado.

El legislador por el estado de Hidalgo consideró que se requieren de penas más severas que inhiban este delito, por lo que propuso sancionar el robo de identidad para cometer ofensas, adquirir bienes, contratar servicios financieros, monetarios o cometer cualquier delito que afecte a la persona suplantada con un incremento proporcional de las penas en función del daño realizado.

“Con esta reforma, damos un paso en la dirección correcta para fortalecer nuestro marco legal frente a los cambios de la sociedad de la información y de la red global, que día a día, obliga a mejorar nuestro marco legal en beneficio de la certidumbre jurídica del sector financiero y del patrimonio de quienes hacen uso de él”, arguyó Pedraza Chávez.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.