CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2019.- Este jueves, la Ley de Seguridad Interior, iniciativa que causó polémica en el pasado sexenio, fue abrogada por el Pleno del Senado de la República con 96 votos a favor, es decir, por unanimidad de los presentes.

El proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, atendía las iniciativas que presentaron diversos senadores de la República, así como el debate que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la necesidad de dejar sin efectos dicha norma, al considerar algunos de sus preceptos como inconstitucionales.

Sin ningún senador orador, la Mesa Directiva procedió inmediatamente a recabar la votación electrónica de los senadores para echar abajo esta ley que fue señalada por constitucionalizar un mecanismo fallido para la seguridad de los mexicanos, al legitimar el uso de las Fuerzas Armadas en las calles.

Los senadores promoventes Emilio Álvarez lcaza Longoria, Alejandro González Yáñez, Clemente Castañeda, Dante Delgado, Patricia Mercado, lndira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero, Gloria Núñez Sánchez, Samuel García Sepúlveda, Verónica Delgadillo y Minerva Hernández Ramos, priorizaron la importancia de contar con policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar más la vigencia de un marco legal que formó parte de una estrategia de seguridad que falló durante los últimos años.

El documento subraya la necesidad de que México cuente con un marco jurídico que permita fortalecer a las instituciones de seguridad, así como la coordinación entre los órdenes de gobierno para responder a las demandas de la sociedad en esta materia.

En la Ley “existen diversas porciones normativas que pudieran ser inconstitucionales, por lo que al ser estás extraídas del ordenamiento, éste perdería coherencia y solidez en su conjunto”, resalta.

“Estaríamos, por tanto, ante un ordenamiento legal desarticulado, que no nos proporcionaría la certeza jurídica que es consustancial a todo ordenamiento jurídico y, eventualmente, carecería de eficacia”, agregaron los senadores.