Sin tanto Roy-o

Prohibición de vapeadores: la puerta al mercado negro

Estos días ha quedado claro algo que ya es sello de los gobiernos de Morena: decisiones improvisadas, mal diseñadas y peor explicadas. Pero pocas medidas recientes tienen consecuencias tan profundas como la prohibición total de los vapeadores y cigarros electrónicos en México. No es una política de salud seria: es una ocurrencia que ignora cómo funcionan los mercados y cómo se construyen soluciones públicas duraderas.

Lo primero que habría que decir es algo elemental: prohibir no es lo mismo que erradicar. Antes del decreto, los vapeadores ya formaban parte de la vida cotidiana de millones de personas. Se conseguían en tiendas, en redes sociales, por importación directa o en mercados informales. La prohibición no borra esa realidad: simplemente la empuja fuera del mercado legal y la entrega por completo a la clandestinidad.

El discurso oficial se amparó en la protección de la juventud y la salud pública. Pero al elegir la prohibición absoluta, el gobierno renunció a la posibilidad de regular: establecer edades mínimas, límites de nicotina, controles sobre sustancias, etiquetado claro, advertencias sanitarias, prohibición de sabores dirigidos a menores y supervisión de calidad. Pudo construir una política de reducción de daños, acompañada de campañas educativas y fiscales. Eligió lo contrario: dejar el fenómeno en manos del mercado negro.

Y el mercado negro no es una hipótesis futura: ya existe. Diversos estudios estiman que el comercio informal de vapeadores en México mueve alrededor de 26 mil millones de pesos al año. Todo ese dinero circula sin impuestos, sin controles y sin vigilancia sanitaria. Ahí no hay Cofepris, no hay normas, no hay estándares. Se ha documentado que muchos líquidos contienen metales pesados, solventes industriales y sustancias no declaradas. La prohibición no corrige eso: lo multiplica.
Además, la reforma crea un absurdo jurídico. Se castiga con dureza a quien produce, importa o vende, pero no se sanciona de manera clara al consumidor.

En los hechos, el consumo no desaparece; simplemente se vuelve ilegal en su origen. Eso deja al usuario en un limbo: no es criminal, pero sí portador de un producto prohibido. Y ese limbo abre la puerta a discrecionalidad policial, extorsión y cadenas clandestinas dominadas por quienes ya controlan otros mercados ilegales.

Aquí está el punto central: como la norma no castiga el consumo individual, la gente seguirá vapeando. La diferencia es que ahora lo hará comprando productos de origen desconocido, sin controles, sin trazabilidad y con mayor riesgo para la salud. Es decir, la política que dice proteger termina exponiendo más.

A eso se suma un costo que casi no se menciona: el fiscal. El Estado renunció a regular y gravar un mercado real. Pudo cobrar impuestos, financiar campañas de prevención, invertir en investigación y control sanitario. En lugar de recaudar, decidió regalar ese ingreso al mercado negro. Cero impuestos, cero regulación, cero control.

Lo más grave es que esta decisión no solo tiene efectos sanitarios o económicos, sino políticos. El Estado se retira de un mercado que existe y deja que otros lo gobiernen. Renuncia a regular, a vigilar, a educar y a recaudar. Opta por la salida fácil del “no absoluto”, como si la realidad obedeciera decretos.

El resultado es predecible: más clandestinidad, más riesgos, más ganancias para grupos ilegales, menos control sanitario, menos recursos públicos y más corrupción cotidiana. Todo lo contrario a lo que una política de salud pública responsable debería buscar.

Regular no es promover. Prevenir no es prohibir. Proteger a la juventud no se logra escondiendo el problema bajo la alfombra, sino enfrentándolo con reglas claras, educación, evidencia científica y responsabilidad institucional.

Porque prohibir no elimina el consumo: solo lo empuja a la oscuridad, donde nadie vigila, nadie regula y todos pierden.