Una muchacha de mi pueblo/Salvador Guerrero Chiprés

@guerrerochipres

En algunos hogares, ante la necesidad de una persona que realice el trabajo doméstico, ha sido común buscar entre conocidos y recurrir a “una muchacha del pueblo”.

La frase estereotipada es una muestra de la concepción que hay sobre el perfil de las personas trabajadoras del hogar, la discriminación que implica y los riesgos de que enfrenten condiciones de explotación.

En México, de acuerdo con el INEGI, se estima que 2.2 millones de personas se dedican al trabajo remunerado en el hogar, y los datos evidencian condiciones que demandan atención. Más del 90 por ciento son mujeres e históricamente objeto de una discriminación estructural que las lleva a enfrentar obstáculos para ejercer sus derechos.

Concepciones de una cultura machista que llevan a considerar su trabajo como una actividad natural de ellas y las coloca en situación de vulnerabilidad.

La simple posibilidad de considerar a una persona del pueblo para realizar el trabajo establece lo que ha sido su perfil, delineado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: 36 por ciento comenzó siendo menor de edad, 21 por ciento tenía entre 10 y 15 años, 96 por ciento no contaba con contrato que especificara sus actividades, 81 por ciento proviene de núcleos de marginación y pobreza.

Este 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que busca promover la defensa de sus derechos laborales.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 —que presenta los datos más actuales relacionados con este sector de la población— revela que dos de cada cinco han enfrentado al menos un incidente de negación de derechos y más de la mitad considera que se respetan poco o nada.

Las condiciones de vulnerabilidad conducen a que empleadores aprovechen y, eventualmente, coloquen a las mujeres en situaciones semejantes a la Trata de Personas en su modalidad de explotación laboral, como ocurrió recientemente con una ex ganadora de un concurso de belleza en Puebla, quien está acusada de explotar a mujeres indígenas y mantenerlas encerradas en su casa.

La esperanza de mejores condiciones de vida las lleva a tomar riesgos que en algunas circunstancias pueden conducir a la muerte, como lo sucedido con 40 migrantes que fallecieron este lunes en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

Contrato laboral, prestaciones como aguinaldo o vacaciones, seguridad social forman parte del conjunto de derechos que se deben reivindicar.

En la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano de la CDMX les ofrecemos asesoría jurídica y apoyo emocional gratuito, 24/7, a cualquier parte del país.

Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de Ciudad de México