Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La violencia y el narcotráfico, la principal fuente de la corrupción

Hay varias series televisivas que tratan la historia del narcotráfico o la vida de personajes del narcotráfico, basadas en hechos históricos que fueron documentados en su momento por la prensa. Esas historias, reales, de narcotraficantes colombianos o mexicanos, fueron posteriormente plasmadas en libros donde se recogieron testimonios de militares, policías, expolicías, delincuentes, familiares de víctimas, presos, investigadores y académicos, las vivencias propias de los propios periodistas y fueron llevadas a la televisión, en series que han sido muy exitosas a nivel de audiencias.

Pero más allá de la ficción o del entretenimiento, estas historias tienen su origen en la desgracia, en la muerte, en la sangre, pero sobre todo, en el fracaso de los gobiernos por frenar la corrupción, en ser francamente débiles para poder frenar el gran mercado de consumo de las drogas, como lo es Estados Unidos, cuyos flujos de dinero y armas han traído guerras de exterminio a todo el continente americano, incluyendo por supuesto a México, en donde han perdido la vida miles de personas inocentes o las han desaparecido grupos criminales.

Desde los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, cuando se iniciaron las llamadas “Operación Intercepción” y “Operación Cóndor” en las que se propició la guerra contra el narcotráfico, lanzada desde los Estados Unidos, los mexicanos solamente hemos tenido breves etapas de respiro. En ese tiempo iniciaron las desapariciones forzadas, los grandes desplazamientos de habitantes de sus propias comunidades rurales, las violaciones a los derechos humanos, el uso de herbicidas en los sembradíos de droga y la enorme violencia, sobre todo en las zonas serranas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, que ahora se han expandido a otras regiones del país.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz, nombró procurador General de la República a Antonio Rocha Cordero. Más tarde, por medio de un acuerdo fechado el 17 de febrero de 1967, el presidente designó a Julio Sánchez Vargas, como encargado del despacho de la institución, en virtud de que Rocha Cordero fue nominado candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. En ese lapso, se estableció la “operación Intercepción” en la frontera norte, con el fin de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Allí comenzó nuestra desgracia, pues en el gobierno, de Luis Echeverría, la intocable Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación –ahora desaparecida–, se convirtió en el pivote del narcotráfico con la complacencia de militares y policías estatales y federales.

Ahora, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, navega contra la corriente y va a ser muy difícil, si no es que imposible, poder frenar estas cadenas de corrupción que han venido apoderarse de los grupos políticos estatales, como lo vemos en los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Baja California Sur, Veracruz, Guanajuato y Coahuila, por mencionar algunos. Narcotráfico y control de los ayuntamientos es una combinación muy peligrosa, como lo vemos en los estados de Guerrero y Michoacán, donde hay una guerra entre los llamados grupos de autodefensa que están matando a miles de personas de las comunidades y donde las autoridades estatales y federales, mejor se hacen a un lado, y no hacen nada para frenar las atrocidades que cotidianamente allí ocurren y que influyen en la economía regional nacional. Ejemplo de ello, son los precios del limón, aguacate y jitomate. Estos grupos no sólo están Fernando la producción, sino que se quieren apoderar de la misma y quieren desplazar a los verdaderos productores.

Hay grupos incrustados en el gobierno federal y en los gobiernos estatales que no quieren que el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, haga su trabajo. Desde hace días han filtrado la versión de que pronto va a renunciar. Lo cual es absolutamente falso.

Gertz Manero pretende llevar a cabo una reforma penal, donde lo más importante en materia penal son las víctimas y la reparación del daño, de ahí los cambios legales que el Gobierno de la República ha impulsado en materia de corrupción y delitos de aspecto económico, y ofreció un informe detallado con respecto a las acciones para recuperar dinero de los actos de corrupción y de delitos graves.

Se cuestionó por los detalles del caso que derivó en la entrega de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), pero Alejandro Gertz Manero, evitó brindar más información al respecto porque, según explicó, el debido proceso impide dar mayores detalles. Sin embargo, aseguró que en cuanto los tribunales concluyan los procedimientos, entonces se brindará toda la información con prontitud.

Sobre los avances en las investigaciones de los desvíos de recursos cometidos a través de casos emblemáticos como “La Estafa Maestra”, Chihuahua y Veracruz, tras destacarse que existe una gran facilidad para dar solución a los casos cuando se cuenta con la ayuda del Poder Ejecutivo, se reconoció que cuando se debe reponer el caso, como sucederá con el procedimiento de Ayotzinapa, es mucho más complicado.

Lo que es un hecho, es que el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho mucho para poder frenar el consumo de drogas ni tampoco para frenar la venta de armas. A sus gobiernos no les importa que haya matanzas en sus escuelas o en sus universidades. Ni tampoco les preocupa frenar la migración regional que huye de la violencia, del hambre y el desempleo que provoca la falta de desarrollo que se ha frenado por el cultivo de drogas. Es el momento, en que los países comiencen a pensar en su legalización, quizá legalizar la siembra, cosecha y comercialización de drogas, pueda frenar la ola de violencia que azota cada una de las regiones y poder quitarles el poder a los grupos criminales, porque los gobiernos y la mafia son lo mismo.