Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Morena: es un honor… violar la ley

Para Adán Augusto López, secretario de Gobernación, la ley no tiene validez, si se trata de hacer proselitismo en favor de su partido desde puestos públicos y es igual para Claudia Sheinbaum y para Luisa María Alcalde y para Martí Batres y para un número elevado de funcionarios de Morena, incluido el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal cual, como en los tiempos más cavernarios del PRI.

En 2015, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, abordó un helicóptero para ser trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el fin de que viajara de vacaciones a Estados Unidos.

Un vecino del entonces funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto fotografió el abordaje de Korenfeld en Huixquilucan, Estado de México. Fue evidenciado en las redes sociales. Tras la difusión de fotografías, se disculpó y presentó su renuncia al cargo en abril de ese año. Hizo lo correcto.

“No somos iguales”, ha repetido en muchas ocasiones el presidente López Obrador, al referirse a que los funcionarios de su gobierno actúan con honestidad. La realidad se ha encargado de desmentir este señalamiento.

Con descaro total, en la última semana, secretarios de estado, gobernadores y funcionarios de todos los niveles, militantes de Morena, desataron una campaña de proselitismo en favor de la consulta popular de revocación de mandato, impulsada por el presidente de la República, situación prohibida directamente por la legislación electoral.

Así el señalamiento de “no somos iguales”, se convirtió en una frase hueca. Son iguales o peores.

Porque como sucedió en los tiempos de los gobiernos del PRI y del PAN, en que se usaban los recursos públicos con fines partidistas, se repitió la misma historia, pero con distintos actores.

México observó a un Adán Augusto López promocionar sin recato en Sonora y Coahuila la consulta de revocación de mandato, que para los morenistas es de ratificación. Supuestamente asistiría a eventos para hablar de la propuesta de reforma eléctrica, pero “la verdad es que no voy a hablar de eso”, dijo a una audiencia cómplice de aplaudidores reunidos en Sonora, por el gobernador Alfonso Durazo, también violador de la ley.

El país miró, a través de los medios de comunicación, al secretario de Gobernación entrar al Metro de la Ciudad de México para esconderse de los reporteros y no comentar nada sobre sus violaciones a la ley, con un escueto “Hoy no voy a hacer declaraciones”, mientras se abría paso entre los vendedores ambulantes que merodean en ese medio de transporte.

México también constató el descarado uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar al secretario de Gobernación al norte del país, tarea en la que participó el general, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, ahora en abierta acción en favor de un partido, en un día que no aprovechó para combatir a la delincuencia, como debe ser su trabajo.

Fue posible ver también la misma violación de la ley por parte del presidente de Morena, Mario Delgado, porque la legislación indica que los dirigentes de partidos no pueden promover la consulta popular de revocación.

En el mismo nivel, se ubicó sin pudor, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una gran concentración de morenistas acarreados en cientos de autobuses al Monumento a la Revolución, con recursos de extraña procedencia, acompañada por otros violadores de la legislación, como el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde o el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

La República miró por medio de la televisión a esa Claudia Sheinbaum, bajo la cúpula del movimiento, radiante, transfigurada, gritar a la multitud con voz aguda: “¿Qué va a pasar el próximo domingo? ¡Votaremos en la consulta!”.

Y en seguida su arenga: “Levanten la mano los que estén de acuerdo” y después su reacción de alegría ante ese mar de manos apuntando al cielo, que nunca hubieran respondido de otra manera, con  un remate descarado ante los acarreados: “¡Qué viva la democracia!”

Con igual proceder, los 18 gobernadores de Morena que se pronunciaron en favor de la consulta en cuanto evento público asistieron o que publicaron desplegados en medios de comunicación y en redes sociales, en donde hicieron promoción de su partido.

Mítines de engaño, desvío de recursos públicos, colocación de anuncios en espacios públicos y de organismos estatales (como el Metro de la CDMX), activismo partidista de funcionarios, violaciones a ley. El descaro por encima de la legislación, ante una autoridad que empieza a actuar.

Se llegaron a acumular 172 quejas en el Instituto Nacional Electoral por violaciones diversas. Del total de quejas, cinco se dirigieron al jefe del Ejecutivo, cuatro a la consejería jurídica y al vocero de la Presidencia de la República y tres a la jefa de Gobierno de la CDMX, además de que el INE impuso medidas cautelares a 61 legisladores.

El INE también emitió medidas cautelares contra el secretario de Gobernación y 11 funcionarios que promovieron la revocación de mandato en actos públicos, incluso convocados para otros fines.

En la última semana, los funcionarios que son pagados con sueldos de los contribuyentes, pero que hacen funciones de activistas de partido, intensificaron sus acciones de promoción de la consulta, pero también promocionaron los logros de sus dependencias, aunque eso está limitado por la veda electoral. Ese fue el caso de Carlos Martínez, director general del Infonavit, y de Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, presentará el resultado de la consulta del próximo domingo, pero también un informe detallado de las violaciones “descaradas” de los funcionarios ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya habló de que la Sala podría invalidar el proceso, ante la multitud de anomalías, ojalá no sea así, pero la ley es la ley.

La suspensión de la consulta daría argumentos a López Obrador para arremeter con más fuerza en contra del árbitro electoral e impulsar su propuesta para que esas autoridades sean electas por “el pueblo”, con lo que México se convertiría en el único país del mundo con un sistema de ese tipo.

Tal situación no sería positiva, sino todo lo contrario, porque los especialistas en procesos electorales requieren de especialización, no se improvisan, ni se sacan en una consulta a mano alzada en una plaza pública, como lo hace Morena, con toda la manipulación posible.

Sea cual sea el resultado de la consulta de este fin de semana, AMLO va sobre el INE y no desistirá hasta controlarlo. Si lo logra, la democracia en México retrocederá 30 años y estará seriamente amenazada. Ojalá eso no suceda, por el bien del país.

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