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A días de entrar en vigor, la SB 4 sacude el debate migratorio en EU

La ley conocida como SB 4, aprobada por el Congreso de Texas en 2023, podría entrar en vigor el próximo 15 de mayo tras una reciente decisión de un tribunal federal de apelaciones que levantó la suspensión que la mantenía detenida. De concretarse su implementación, la normativa permitiría a autoridades estatales detener y procesar penalmente a personas sospechosas de haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos, marcando un giro significativo en la política migratoria a nivel local.

La legislación establece como delito estatal el ingreso sin autorización al país, una facultad que tradicionalmente ha sido competencia exclusiva del gobierno federal. Además, contempla que jueces estatales puedan ordenar la deportación de personas condenadas bajo esta ley, aunque dicho procedimiento no sería inmediato ni automático, ya que requiere de un arresto, un juicio y una sentencia previa.

Entre sus principales disposiciones, la SB 4 también penaliza el reingreso irregular incluso en casos donde la persona haya regularizado posteriormente su estatus migratorio. Asimismo, obliga a que los procesos judiciales estatales continúen aun cuando exista un trámite migratorio federal en curso, como solicitudes de asilo, lo que ha generado preocupaciones por posibles conflictos legales y vulneraciones al debido proceso.

La eventual entrada en vigor de la norma ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles, como el Texas Civil Rights Project y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que han presentado nuevas demandas para frenar su aplicación. Argumentan que la ley es inconstitucional al invadir competencias federales en materia migratoria.

El futuro inmediato de la SB 4 aún es incierto. Aunque el fallo reciente abre la puerta a su implementación, nuevas resoluciones judiciales podrían volver a suspenderla antes de la fecha prevista. Mientras tanto, la posibilidad de su entrada en vigor ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes, particularmente entre personas latinas que viven o transitan por Texas sin documentación.

Especialistas advierten que, de aplicarse, la ley podría derivar en un aumento de detenciones basadas en sospechas y en prácticas de perfilamiento racial. También señalan que trasladar funciones migratorias a autoridades estatales podría fragmentar la política nacional en la materia y abrir un precedente para que otros estados adopten medidas similares.

En este contexto, la SB 4 no solo representa un cambio legal, sino un nuevo capítulo en el debate sobre migración, competencias gubernamentales y derechos humanos en Estados Unidos, cuyo desenlace dependerá en gran medida de las decisiones que aún están por tomarse en los tribunales. Así las cosas…

ABRAZO FUERTE

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